UTHGRA denuncia hechos irregulares

A través de un parte de prensa, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelero y Gastronómicos de la Republica Argentina ha denunciado que "habiendo tomado conocimiento por planteos de diferentes afiliados de hechos irregulares de parte de un grupo de inescrupulosos, esta entidad sindical les hace saber que no se esta realizando ningún tipo de “relevamiento” o similar".

Asimismo, han solicitado a sus afiliados que "si personas extrañas les solicitan la firma en planillas o papeles con membretes de la institución deben negarse a realizarla".

"Es de señalar que la existencia de obscuras maniobras de parte de personas que no son afiliados a esta entidad y que invocando una condición que no detentan, realizan una serie de maniobras ilegales solamente para favorecerse en forma personal o a beneficio de determinadas patronales ha llevado a que se realice una presentación en la Justicia penal para que se investigue los hechos acá señalados por considerar que los mismos estarían delinquiendo", enfatizan.

"Expresamente no están autorizados a ningún tipo de gestión o similar personas que están desvinculadas de la Conducción de esta Seccional y quienes invocan condición de trabajadores del sector cuando en realidad no lo son y son solamente funcionales a determinados empresarios del medio", concluyen.

Contame primo: ¿Qué está pasando en Santiago?

Por Virginia Vulrrich

Se viene la curva final en la carrera electoral. Todo está dispuesto a pedir de boca. Es que sólo participarán aquellos que pudieron imprimir sus boletas, es decir que les alcanzó el mango aunque más no sea para presentar las listas.

¿Publicidad? No, no hay, está cara. ¿Alguna entrevista en los medios de difusión masiva para exponer el producto? Nada, hermano. Aquí todo es oficial, ningún propietario de los medios tradicionales es capaz de darle una oportunidad a los que recién se inician.

Ya se sabe, aquí todos juegan con la boleta del oficialismo.

El primo foráneo movió la cabeza de un lado a otro y dijo: “No puedo entender primo lo que está pasando en esta provincia. Ni en las mejores épocas del juarismo se vio tanta obsecuencia junta y tanta mezquindad”.

Así están las cosas le dijo el primo (santiagueño), al primo (tucumano), y acotó: “Este es el nuevo Santiago, el que, según los anuncios oficiales, está cambiando”.

“No lo sabía”, se escuchó como respuesta.

Pero el local insistió en explicaciones: “¿Y en qué consisten los cambios? Y, bueno, hay cosas que vos no conoces. Por ejemplo aquí mataron a 39 presos en el Penal de Varones y todavía no hay responsables de esa masacre. Todos saben quién es el responsable. Todos lo señalan y lo nombran con nombre y apellido, pero, el mandamás mira para otra parte cuando se toca el tema y lo confirma en el cargo”.

Exclamó e interrogó el foráneo: “¡Pero qué calamidad! ¿Y nadie dice nada?”

El santiagueño no se hizo esperar. “No. Porque a nadie le importa nada de nadie. Si te vas a quejar en la policía te meten preso, porque son cómplices de la impunidad. Aquí, en la dirección de Rentas trabajaba un señor de apellido Domínguez. Un día lo citó la policía para que preste declaración testimonial por un asunto de ‘choreo grande’ que se estaba investigando y el hombre apareció varios días después, pero muerto. Y como te imaginarás, nadie preso, todos impunes”.

Siguió el relato: “Es lo mismo lo que pasó con unas vacunas. ¿Sabes lo que hicieron?, usaron a los niños pobres como experimentos para probar sus efectos y, como es de suponer, todos fallecieron. Pero nadie dice nada. Todos evitan hasta los comentarios sobre este caso”.

El tucumano estaba como loquito: “Dígame primo ¿y la Iglesia Católica?, ¿ya no existe en esta provincia? Y ¿ los representantes de los Derechos Humanos? Y ¿los dirigentes gremiales? Y ¿los periodistas incorruptibles? Y ¿la izquierda denunciadora? Y ¿los defensores del Pueblo provincial y municipal? Y ¿los fiscales de turno?”.

El santiagueño, fastidiado por el rumbo del diálogo, le dijo: “Te cuento en síntesis, porque si me detengo a explicar vos no me vas a creer y no voy a acabar.

“¿La Iglesia?. Hace varios años que murió el obispo Gerardo Sueldo.

“¿Derechos Humanos? Todos están nombrados en la Jefatura de Gabinete, donde se aseguraron al nombrarlos con buenos contratos, así nadie denuncia.

“¿Los gremialistas? Todos ricos, todos funcionarios.

“¿Periodistas incorruptibles? ¿Me está cargando, primo?

“¿Izquierda denunciadora? Mirá, ya ni el nombre de izquierda les quedó. Están todos acomodados con el gobierno.

“¿Defensores del Pueblo? Esos nunca defendieron nada. Es el cargo más inútil que existe. Sólo sirve para cobrar sueldo. No los conoce nadie.

“¿Fiscales de turno? Con el Consejo de la Magistratura que tenemos ya no se llaman más fiscales. Ahora son “chacales” al servicio del patrón y si te pueden ‘garcar’, te ‘garcan’”.

El visitante saltó: “¡Cheeeeeé. La pucha que había cambiado este Santiago!”.

“Así es primo, ya le están por cambiar el nombre. Parece que se va a llamar Zacondo. (Mitad Zamora, mitad Macondo)”, concluyó gracioso el santiagueño.

Politiqueros recorrieron una ruta que Rached (el único), busca ampliar y reparar

Todavía por estas horas los candidatos y políticos provinciales, sobre todo los que se suben al extraordinario aparato del Frente Cívico, han soportado los trastornos de la “ruta olvidada” como es la 89, en el tramo que va de Taboada (San Martín) a Suncho Corral (Ibarra).

Hasta ahora, ninguno de los capitostes ha pronunciado una sola palabra para prometer iniciar gestiones a nivel nacional para terminar con este símbolo del atraso santiagueño, como es la popular “ruta a Suncho” la que, como se sabe, solamente tiene espacio para un solo automotor. Por ello, en los cruces, los vehículos descienden con sus ruedas derechas a la tierra, para evitar el encontronazo.

El único que está trabajando e indagando en Buenos Aires sobre el estado y los trabajos de mejoramientos de esta ruta, es el senador nacional radical por Santiago del Estero, Emilio Rached.

Incluso, se sabe que el legislador de Pinto ha presentado un proyecto a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional eche una mirada a este camino trazado y diseñado para unir a Santiago con Chaco y el Litoral Argentino.

Dijo Rached a Arena Política: “La ruta nacional Nº 89 tiene una importancia estratégica para la provincia de Santiago del Estero, por cuanto resulta esencial para su desarrollo productivo y económico. Se la denomina la ‘Ruta del MERCOSUR’ porque, precisamente, conecta nuestra provincia con las provincias limítrofes a los países de este Mercado Común”.

Reiteró que la calzada de esta ruta, en el tramo que une las ciudades de Taboada y Suncho Corral, es de una sola mano obligando a los vehículos a salir a las banquinas ya sea derecha o izquierda, según sea el caso, cuando hay un cruce frontal de automotores o en maniobras de sobrepaso, y sostuvo que esta situación genera una alta peligrosidad.

Asimismo, apuntó: “Si bien ha habido anuncios oficiales respecto de la construcción de una nueva ruta en este tramo, lo cierto es que hasta el momento no se conoce la situación del trámite correspondiente lo que obliga a la presentación del presente pedido de informes. La construcción de la ruta nueva en este tramo permitiría una mejor comunicación entre las ciudades que une y evitaría los accidentes de transito que con frecuencia se suceden”.

Comicios con la basura debajo de la alfombra

Pareciera que los santiagueños vamos a concurrir a elegir diputados nacionales, el domingo, sin reaccionar como verdaderos ciudadanos frente a graves situaciones que vienen ocurriendo en la provincia, de la mano de éste Frente Cívico que nos gobierna.

La alianza gobernante propone la reelección de dos dirigentes (Daniel Brué y Cristian Oliva) que durante cuatro años no abrieron la boca para defender al “pueblo de Santiago del Estero”, para lo cual fueron elegidos en el 2005.

¿Para qué se los postula por otros cuatro años? ¿Es una burla? ¿Es una subestimación a la gente?

El gobernador Gerardo Zamora se ha puesto al frente de la campaña pre-electoral y se prepara, según sus íntimos, a darle un alegró al kirchnerismo con una victoria en todos los circuitos electorales de la provincia; aunque parece que peligra la tercera banca, la que podría ser ocupada por una de las fracciones opositoras (“Chabay” Ruiz o José Zavalía).

El gobernador se expone y, por tanto, merece, entonces, entrar en su juego y poner en la balanza su gestión que transita por el quinto año. Esto significa echar una mirada responsable en los hechos gravísimos que conmovieron a la provincia, al país y hasta al mundo.

Veamos, a la hora de emitir el voto, el ciudadano y la ciudadana tienen el deber de recordar lo que viene ocurriendo en el “Nuevo Santiago”. Por ejemplo, preguntarse por el resultado de las investigaciones sobre los 39 presos que fueron asesinados en la Cárcel Pública de Varones; averiguar por los policías y el juez que citaron, torturaron y mataron al empleado Raúl Domínguez de la dirección general de Rentas por atreverse a denunciar la existencia de timbradoras apócrifas que perpetraron millonarias estafas contra el fisco; preocuparse por los padres de los quince niños que murieron al ser sometidos coercitivamente al experimento de una vacuna de un laboratorio extranjero que pagó abultados honorarios a médicos del hospital de Niños; intentar escudriñar cuál sigue siendo la causa por la que nuestros jueces y camaristas del fuero Penal se mantienen en comisión y, entre otros temas, interrogar por qué ningún funcionario de este gobierno cumple con el precepto constitucional (artículo 8 de la Constitución provincial) de la publicidad de los actos de gobierno.

También el ciudadano y la ciudadana tienen que asombrarse por la ausencia absoluta de los obispos de la Iglesia Católica de Santiago del Estero, de los curas de la Pastoral Social, de los medios nacionales (como Crónica o TN) y de los analistas renombrados (locales y foráneos), que hace seis años se unieron para derribar al entonces gobierno provincial acusándolo de violador de los derechos humanos (por el doble crimen de La Dársena) y por mantener una administración sin calidad institucional, sin Estado de Derecho y sin la división de los poderes públicos.

Cayó Mercedes Marina Aragonés de Juárez, hay que recordar, acusada de “apañar” a los autores del doble crimen de La Dársena y por “aferrarse” a la suma del poder público.

Hoy, a cinco años del actual gobierno del Frente Cívico, ¿qué habrá que hacer para conmover a los campeones de la democracia y la institucionalidad (de Santiago y foráneos), para que ayuden a los ciudadanos comunes a saber quién mandó a fusilar a los presos de la cárcel, a torturar y descuartizar al empleado Domínguez, a matar niños indefensor con una vacuna experimental, etc.?

Por ello, hay que ir a votar. Masivamente, pero con la obligación y el deber de no permitir que se siga escondiendo la basura debajo de la alfombra. El voto es la única herramienta que tienen el hombre y la mujer común para premiar o castigar, alternativamente, a los gobiernos excelente y a los malos administradores.

El domingo, con el voto, por ejemplo, podríamos ayudar a esclarecer las execrables muertes que han ocurrido en nuestra provincia en los últimos cinco años, y a exigir también que quienes nos gobiernan aprendan a administrar la cosa pública con honradez y a convivir en una verdadera democracia con jueces independientes, una Legislatura que controle y dicte leyes a favor de la comunidad y una plena libertad de prensa y de expresión.

Por todo ello, ¡santiagueños, a avanzar!

Se viene una lluvia de denuncias

Por Deyes Sosa

A partir del primero de julio, si el resultado electoral le es adverso -como se supone-, al matrimonio gobernante, los argentinos debemos prepararnos para recibir una verdadera "lluvia de denuncias" que se encuentran escondidas en los juzgados por el imperio de la impunidad gubernamental.

El titular de la Asociación Civil Anticorrupción, el abogado Ricardo Monner Sans, presentó el lunes 22 una denuncia penal en la Justicia Federal para que sean investigados cuatro hechos irregulares que involucrarían a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al titular del Comfer, Juan Garbriel Mariotto.

En efecto, se le requiere al juez Marcelo Martínez de Giorgi que verifique si un avión privado de la petrolera Repsol-YPF, "propiedad de españoles", que llegó de Europa a recoger a la presidenta Cristina Fernández y la transportó a Ginebra a la reunión de la OIT.

Monner Sans cuestionó el supuesto alquiler del flete aéreo que transportó a la Presidenta hasta Suiza. “¿Cuánto costó esa contratación, y de haber sido una 'gentileza' de la siempre privilegia Repsol-YPF, cómo se compadece ello con las directrices de la ley de Ética Pública 25.188?", es la pregunta aun sin respuesta.

También hay otra denuncia que se refiere a la agencia estatal de noticias. El abogado pretende que la justicia determine si la Presidente le quitó a Télam la ejecución de la pauta publicitaria oficial correspondiente a la AFIP, el PAMI y las superintendencias de Salud, Riesgos de Trabajo y Seguros. Lo de siempre, el manejo de la torta publicitaria. En ese caso, pidió que se aclare “¿quién o quiénes la han sustituido?" en el manejo de ese dinero público.

Otra denuncia esta referida al inefable secretario de Transporte. El diario La Nación reveló a fines de mayo que Ricardo Jaime utiliza a piacere un jet privado con matrícula de los Estados Unidos, valuado en más de 4 millones de dólares.

Ahora, Monner Sans exigió saber “de quién es la sociedad titular del sofisticado aparato" para establecer si el funcionario incurrió en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, designaciones ilegales e infracción a la ley de Ética Pública.

El mediático letrado quiere saber sobre la designación de Juan Gabriel Mariotto al frente del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). De acuerdo a la presentación, podría tratarse de una ilegalidad ya que el funcionario tuvo una radio comunitaria en Temperley, luego vendida a "Aribet SRL". Esa emisora habría sido declarada ilegal por el ente regulador, pero de todas maneras consiguió un permiso precario en 2005.

A nivel local, bien podríamos pedir a Monner Sans que investigue qué tiene que ver Eduardo Fellner con la designación de Pedro Simón como fiscal del Juzgado Federal local. Porque, en una de esas, también paramos la designación o promovemos la denuncia.

La sequía de efectivo y los partidos políticos

Por Juan Del Campo

Nos informa la agencia @DIN que: "Unión por Santiago", grupo de la derecha neoliberal que se presenta a las elecciones santiagueñas con este nombre, está utilizando el logotipo de Ubuntu, empresa internacional del grupo Linux".

Muchos estarán pensando ¿cuál es el negocio? Sin embargo el logo de la empresa está inserto en la boleta 501 que -para el colmo de los colmos- se encuentra oficializada por los "cerebros de la política" santiagueña que integran el Tribunal Electoral.

"En efecto -reza el comunicado-, con una simple comparación del logotipo de Unión por Santiago con el de Ubuntu, famosa empresa internacional de software, se observa no un simple parecido sino su absoluta igualdad. Parece que el Frente del PRO en Santiago del Estero se limitó a copiar y pegar desde Internet el logotipo de Ubuntu para imprimir sus boletas.

Se trata, justamente, de un grupo que se dice defensor a ultranza de la propiedad privada y de la protección de los derechos de autor. Al parecer, no han dudado en utilizar de un modo "comunista" la propiedad de otros y aprovecharse del esfuerzo creativo ajeno sin vacilar.

A la redacción de Arena Política llegan a diario denuncias de plagio que estamos almacenando para la elaboración de una nota que contenga las calamidades de todos aquellos que pretenden para si, las resultas del trabajo ajeno.

En este caso tan particular, llama la atención de que una boleta electoral incorpore como estandarte de identificación del partido, un símbolo tan conocido en el mundo empresario como la imagen visible de lo que en realidad no representa.

El logo en cuestión está más cerca de constituir -a los ojos de un distraído- un dibujo animado, que una representatividad típica del mundo de la política. Pero como están las cosas, los responsables de la lista 501 pueden resultar sospechosos, al igual que el juzgado que oficializó el logotipo, en el caso de que fuesen demandados por la empresa propietaria del símbolo, pues, como se sabe, la ley de marcas y patentes, como así la norma de propiedad intelectual, protegen a sus propietarios del uso indebido de sus pertenencias.

Menos mal que los apoderados de la lista optaron por el nombre de "Unión por Santiago", ya que si quitaban la palabra "por", serian los "mil rayas" los perjudicados por el uso del nombre.

¡Aguanten mis negros de Unión Santiago…¡, la cosa no es con nosotros.

“Hechurías” en el Registro de la Propiedad

Por Deyes Sosa (Nota IV y última)

Conforme lo veníamos reseñando, una vez más la moneda del despropósito cayó sobre los empleados del Registro de la Propiedad, pues el grupo Daives comenzó con la movida del tablero y, sin explicación alguna, trasfirió a la sección Informes a unos empleados verificadores por resolución de la directora general.

Sus compañeros le comunicaron posteriormente que se trata de un acto disciplinario, pues había cometido una irregularidad.

¿Qué había acontecido? Se procedió a inscribir la escritura, pues todos los pasos administrativos estaban cumplimentados, pero se había descubierto que el poder con que se adquirió la propiedad resultó ser apócrifo.

¿Y qué hizo la autoridad administrativa? Sancionó al empleado. ¿Y el juez de la causa? Bueno, este fue por más y no tuvo mejor idea de procesar al empleado.

¿Y qué tiene que ver el empleado con los poderes que se presentan en las escribanías para realizar las transacciones comerciales? Esa es la pregunta, pero ocurrió que el juez y la directora general cortaron el hilo por lo más delgado, lo que quiere decir que se joda el empleado.

¿Y el funcionario que rubricó el informe, digamos el abogado Luis Salomón Domínguez? Bien, gracias.

Así es cómo se viene manejando el Registro de la Propiedad y los jueces del Crimen en esta provincia, quienes obedecen como sirvientes al ministro de Justicia, Ricardo Daives, genio y total responsable de la “hechurías” que se vienen cometiendo en el organismo.

Sin dudas que detrás de este caso hay “una bolsa de gatos” encerrados. Quizá por ello nos hacen saber que la denuncia del “poder trucho” fue realizada por teléfono a Daives por una abogada-escribana muy allegada al poder -según se dice interesada en tumbarle el registro al escribano Murad-, por lo que al ministro no le queda otra que obligarlo al ex juez Juan Jorge para que realice el allanamiento en tiempo record. Obvio, hizo un tremendo “sapo” pues nada se le encontró al profesional que pudiera involucrarlo, por lo que su registro goza de buena salud. Ahora, la provincia, por culpa de los inútiles que tienen al frente, afronta millonario juicio por el daño ocasionado.

Se rumorea que por esta causa el ex juez Jorge hizo saber su malestar con el ministro prepotente, reacción que motivó, entre otros aprietes, que presentara su renuncia al cargo y se negara a aceptar otros ofrecimientos.

Lo gracioso del caso es que el juez subrogante de primera nominación ordenó el procesamiento de algunos empleados, dictándole falta de merito a los otros que tienen idéntica responsabilidad que los sancionados.

También llama la atención que nunca se citó a prestar declaración al certificante Salomón Domínguez, en quien precisamente recae la responsabilidad de los actos administrativos realizados bajo su supervisión.

La justicia del Crimen de Santiago del Estero, otra vez en la mira. Los jueces siguen en comisión, a tiro de un llamado telefónico del ministro de Justicia, precisamente para que no dejen de hacer la injusticia.

El gobierno, los hipermercados y la seguridad

Por el ingeniero industrial Carlos David

El accidente en la ciudad de Fernández es un poderoso llamado de atención al gobierno, tanto provincial como municipal- entiéndase todos - para el dictado de leyes y ordenanzas adecuadas que permitan obrar ante situaciones de peligro que requieren una actuación inmediata y organizada.

No podemos esperar emergencias para recién pensar qué debemos hacer; es responsabilidad gubernamental el dictado de las normas al respecto y, lógicamente, hacerlas cumplir a rajatabla.

Creo que lo sucedido en Fernández desnuda una cruda realidad. La falta de leyes y, si las hubiere, la falta total de control por parte del gobierno, de los sistemas de seguridad y de planes de evacuación de los hipermercados, boliches, etc. A las pruebas me remito. ¿Alguien vio en los hipermercados si las puertas de emergencias o salidas están identificadas? ¿Si las puertas se pueden abrir con facilidad? ¿Si todas las puertas están sin llave y libres de obstáculos y en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera? o ¿si la máxima autoridad del establecimiento tiene en su oficina un tablero general con los duplicados de todas las llaves de las puertas del local, de las oficinas, de los depósitos, etc.?

Otros interrogantes: ¿Las salidas, corredores, pasillos o escaleras son apropiados para circulación rápida en caso de evacuación? ¿Hay extintores en el lugar? ¿Cuántos? ¿En qué estado y qué ubicación? ¿Hay un plano del edificio que grafique las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuación con identificación de las vías de escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugios, etc.

Sigo preguntando. ¿Alguien vio afiches o carteles de divulgación de normas de procedimientos en caso de incendios, derrumbe o cualquier emergencia que pudiera ocurrir? ¿Se sabe qué sistemas de comunicación hay disponibles y si están a mano los teléfonos de emergencia (bomberos, policía, asistencia sanitaria)?

¿Alguien sabe si disponen de elementos mínimos para atender emergencias: botiquines, escaleras, herramientas, etc.? O ¿si se ha informado y capacitado al personal para prevenir riesgos y enfrentar una situación de emergencia, o si tienen los conocimientos básicos de primeros auxilios? ¿Alguna vez realizaron simulacros de evacuación por grupos, por sectores o en forma masiva? Jamás ví, leí o participe en alguno.

A los señores empresarios les recuerdo que la aparición inesperada de un incendio, fuga de gas, explosión, amenaza de bomba, accidente con lesiones graves, o cualquier otro imprevisto puede poner en serio peligro la integridad de personas y bienes. Por ello, no se debe dejar a la improvisación la organización de los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a la emergencia.

Las empresas deben de estar dotadas de medios de detección, alarma y extinción suficientes para que un equipo humano suficientemente preparado actúe con diligencia y se eviten en lo posible pérdidas materiales y humanas. Un buen plan de emergencia y evacuación que contemple entre otras cosas planes periódicos de formación y adiestramiento de los trabajadores, realización de simulacros, programas de mantenimiento y comprobación de las instalaciones de protección, vías de evacuación y sistemas de emergencia.

A su vez, hay que interrogar a los señores gobernantes sobre la existencia de leyes que contemplen estas emergencias.

Que se ponga el sayo a quien le quepa.

La corrupción en la cara de Zamora

Por Juan Del Campo. (Nota II)

Aún no dejan de sorprenderse los integrantes del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que tomaron conocimiento de lo acontecido en la noche entre el 4 y el 5 de junio cuando fueron desalojadas de sus posesiones veintitrés personas lugareñas. Claro, se informaron que los ejecutores de las expulsiones -quienes actuaron con el apoyo de personal policial- son todos funcionarios del gobierno provincial designados en el elenco zamorista por el influyente jefe del Gabinete Elías Suárez.

“No podemos entender cómo es posible que el gobernador Zamora avale este tipo de procedimientos”, manifestó uno de los damnificados, quien agregó que les quemaron todas las pertenencias y destruyeron impunemente las viviendas de todos los compañeros.

Se trata de los ingenieros Osvaldo González (a) “Gallego” y Alfonso Héctor Tricárico, dos foráneos conocidos activistas del Partido Comunista afincados en nuestra provincia desde que vinieron huyendo de la Capital Federal, en las épocas del plomo.

Estos individuos son funcionarios del elenco del gobernador Zamora e integran la delegación de la subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Ambos, sin ningún escrúpulo, se presentaron identificándose como referentes del Programa Social Agropecuario, induciendo a pobladores del lugar a firmar un compromiso de trasladarse a otro sector del campo para ocupar una superficie de 75 hectáreas, con la advertencia de que, en caso contrario, serían desalojados y perderían todo, dado que el inmueble tiene un propietario; obviamente, “trucho”.

Consultados sobre las razones por las que no denunciaron el hecho, los campesinos respondieron que se trataba de gente allegada al gobernador Zamora y que por ello las demandas no prosperarían, pero que ya están asesorados y si es necesario emplearán la fuerza para defender sus posesiones.

Hay que recordar que el jefe de Gabinete, Elías Suárez -quien dio un giro ideológico de 180 grados- conformó un pacto secreto con los líderes del Partido Comunista de Santiago del Estero, obviamente, con fines dinerarios, consistente en el manipuleo de tierras públicas que a posterior son vendidas por sumas varias veces millonarias.

A todo ello no resulta ajeno el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Daives, en cuya oficina se realizaron las reuniones para pergeñar el ardid del despojo al campesinado santiagueño.

Este “zurdaje autóctono” apañado por éstos dos altos funcionarios que hicieron una zancadilla a espaldas del propio gobernador Zamora, a quien le vendieron una “víbora electoral” que le mermó cuatro diputados de la lista oficial.

Así es como se conformó en la última elección la lista número del “Frente Compromiso Social” que tiene como candidatos no sólo a los ingenieros denunciados, sino también a los instigadores.

Puede observarse en la boleta de este frente al candidato a diputado provincial, ingeniero Alfonso Tricarico, ubicado en el número 19 de los titulares.

Otro de los involucrados también de manera directa en estas transacciones espurias del violento desalojo, es Patricio Adrián Lipshitz, hijo del actual delegado de la subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, ingeniero Héctor Lipshitz.

¿Y saben quien es el ingeniero Héctor Lipshitz? Nada más y nada menos que el candidato a diputado provincial por el frente del Compromiso Social, colocado en el quinto lugar, quien no ingresó como diputado electo por apenas doscientos votos.

Téngase presente que el ingeniero denunciado, Feliz Osvaldo González (a) “Gallego”, también integra el listado de diputados proclamado como primer suplente.

A esta altura del partido los muchachos del Mocase sospechan que el gobernador Zamora tiene conocimiento de los acontecimientos, porque el territorio en conflicto está conformado por cuatro lotes o campos de un total de 14.997 hectáreas, que cotizan en el mercado, sin que tengan ningún tipo de mejoras, la nada despreciable suma de 3.500.000, dólares.

Buena y linda historia este del Frente Compromiso Social, en cuya lista hay algunos nombres decentes. Y pensar que con la complicidad de los ministros más cuestionados del gabinete se alzaron con cuatro diputacías y otra vez lo hicieron como a chico al gobernador.

¡Ya está, que Simón se quede en el llano!

Impugnan a expulsor de campesinos como Juez Pedro Eugenio Simón. Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. (Foto en el operativo, tomada de la televisión). También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.

La candidatura de Pedro Eugenio Simón para magistrado Federal de Santiago del Estero fue categóricamente cuestionada e impugnada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (Copadi), Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Mocase y otra organizaciones campesinas y de Derechos Humanos las que, basadas en publicaciones de varios medios, entre ellos @DIN, sostienen que es inadmisible nombrar como fiscal a un violador de los derechos humanos.

Cabe recordar que algunos años atrás, @DIN publicó un vídeo donde se veía expulsando campesinos humildes al ahora propuesto para fiscal Federal de Santiago del Estero por la Presidente de la Nación, a pedido del gobierno que conduce Gerardo Zamora.

La impugnación fue presentada ante el senador Marcelo Guinde, presidente de la comisión que analiza los pliegos remitidos al Senado para que se designe a Pedro Simón como fiscal Federal.

Varias organizaciones campesinas y de Derechos Humanos fundamentan la objeción a Simón en que, de ser nombrado, se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia Federal y la provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos, y añadieron que rechazar este acuerdo es necesario para conformar un Poder Judicial democrático e independiente en el territorio santiagueño.

El CELS y el Copadi objetan también el proceso de designación advirtiendo que del análisis realizado al concurso para fiscal Federal en esta provincia, surge que Pedro Simón obtuvo 30 puntos -sobre 60- en el examen de oposición, y en la prueba oral 20 puntos sobre 40, remarcando que de la terna fue el de menor puntaje (53 sobre 100). En contraposición, la postulante Indiana Garzón obtuvo 54 puntos sobre 60 en el examen escrito y en la prueba oral logró 38 sobre 40; o sea que sus calificaciones fueron netamente superiores a las obtenidas por Pedro Eugenio Simón.

Los denunciantes remarcaron que Simón, como diputado provincial, fue el impulsor de un proyecto de ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por supuesta "usurpación", sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, normativa que resulta contraria a estándares constitucionales.

Asimismo, dieron cuenta que Pedro Eugenio Simón proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como legislador patrocinaba a terratenientes y desde la banca impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.

Llamen al gran tacuchador para “elegir” a “los mudos” diputados

Por Juan del Campo

¿Llevar candidatos propios en la próxima elección de diputados nacionales, para enfrentar al oficialismo?

Si!!!! Con mucho gusto. Pero… ¿Quién paga los gastos?

Este dialogo se escucha muy a menudo en todos los reductos partidarios de la provincia de Santiago del Estero y con seguridad debe también reiterarse en todo el país.

Todos quieren participar, y tienen derecho a ello, pero no cuentan con los medios para concretar esa posibilidad.

Los partidos políticos están fundidos a causa de una política perversa instaurada durante el gobierno de Carlos Menem, que pensaba convertirse en emperador en los dorados 90, sin sospechar que al asfixiar a los partidos políticos se coartaba la libertad de libre participación en democracia.

La llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación a comienzo de los años ochenta, recién instaurada la democracia en la Argentina, abrió una brecha de esperanza en la línea dirigencial partidaria, pues dotó a los partidos políticos, en plena reconstrucción, de los elementos indispensables para su subsistencia y efectiva organización.

Es por ello que la democracia se afianzó en toda la Republica multiplicándose las líneas del pensamiento político en las más variadas direcciones. Había sed de participación, de hacer oposición, de contralor gubernamental, de fiscalización etc., todas posibilidades que han quedado en desuso a causa de la crisis económica que vive el mundo y que no le es ajena a esta provincia.

En Santiago del Estero, al zamorismo poco parece importarle la inminente contienda eleccionaria, pues sabe que en nada puede beneficiarse gane o pierda la elección. Ya está demostrado que los parlamentarios que envió hace cuatro años al Congreso nacional no le aportaron absolutamente nada ni a la provincia ni a la democracia. Y, sin embargo, los nominó una vez más como el signo inequívoco que muy poco le interesa el resultado electoral.

Salvando la excepción de Marta Velarde, que no pertenece al signo gobernante, los diputados zamoristas votados como diputados de la Nación resultaron ser una lágrima en medio del tembladeral legislativo, pues según se comenta en medios del Parlamento, “después de casi cuatro años de mandato no los conoce ni el portero del edificio de la calle Rivadavia, en la Capital Federal”.

Ni mencionemos lo que fue la labor parlamentaria de los susodichos porque en realidad deviene inexistente.

En fin, muchos sostienen que sin una oposición activa -por falta de fondos- se vislumbra un nuevo triunfo -ante nadie- del Frente Cívico provincial que ya se sabe a ciencia cierta que lo que lleva en sus boletas es más de lo mismo; es decir nada que pueda beneficiar a la provincia.

Y no nos extrañemos que por estas razones baje aun más el porcentaje de votantes, debido a la falta de interés de la población en ir a votar y en los resultados de los cargos en disputa.

Parece que otra vez habrá que llamarlo al “gran tacuchador”, al decir de Jorge Asís, para que ordene los comicios y no se diga por allí que los santiagueños no quieren votar más… por lo mismo.