Más torpezas en el “caso Alegre”

El encarcelamiento y procesamiento al ex intendente radical Julio Alegre no dejan de sorprender. Los jueces y sus mandamases cometen, todos los días, una torpeza que, jurídicamente, encuadraría en el término de “aberración”.

Otra curiosidad: no hablan los fiscales ni los jueces, sino voceros anónimos que envenenan y conducen a las equivocaciones a los cronistas. Por ejemplo, se ha anunciado con bombos y platillos que “la justicia se dispone a rematar y liquidar los bienes de Alegre”.

¡Muchachos, si todavía no ha sido condenado, dejen de mentir, engañar y reírse de la gente de Santiago del Estero!

Todo el mundo sabe que la única que autoriza a rematar y liquidar bienes de un detenido es una sentencia firme y consentida, la que se logra, exclusivamente, en un juicio oral.

Está de más el aspaviento con el que se sale corriendo a difundir y propagar que se van a rematar los bienes del ex intendente. Sí, pero no ahora, sino recién cuando un juicio oral determine su culpabilidad y, consecuentemente, se lo condene. En este estado de las diligencias y de la causa, nadie podría rematarle los bienes. Es todo mentira.

Además, se anota otra torpeza. Los que salen a decir que le van a rematar todos los bienes no leen, por ejemplo, la resolución del juez ordenando el procesamiento. Debe saber la gente que el magistrado estableció, que el “daño patrimonial a la comuna -perpetrada por Alegre- asciende a 1.200.000 pesos”.

Fijémonos que si eso afirma el juez, Alegre pagaría el perjuicio con su finca de El Zanjón, la que ha sido valuada por los técnicos de Arquitectura en 1.270.000 pesos.

Entonces, ¿para qué le van a embargar todo el patrimonio? ¿No resultaría una retención arbitraria y abusiva? ¿Por qué los que manejan a los jueces no les dicen que aumenten, en sus resoluciones, el importe del daño patrimonial a la comuna, de tal modo que se justifique arrasar con todo lo que lleve la firma de Alegre?

Y las torpezas no cesan. Se ha procedido a evaluar bienes que no están a nombre de Alegre sino de terceros o sociedades, como los departamentos de Córdoba (comprados por su primo) y el piso en Punta del Este (que pertenece a una sociedad).

Si sigue así, la “causa Alegre” va a quedar en la nada porque estos “instructores” de la Casa de Gobierno (que manejan a los jueces) dejan sembrado el camino de impericias, habilitando a los abogados para que logren la nulidad de todas y cada una de las actuaciones.

¿Qué raros secretos tiene la Vittar?

El mago Mandrake, con seguridad, no podría realizar tantos malabares como los que realizó el ex juez Gustavo Herrera y los que hace el actual magistrado, Ignacio Coria Vignolo, para mantener en libertad a “la mano ejecutora”, “a la sombra”, “a la amiga” y, en definitiva, a la persona que parece haber estado en todos y cada uno de los negocios espurios de los que se imputa al ex intendente Julio Alegre.

No hubo testigo “arreglado” que fue a delatar al ex jefe comunal que no haya mencionado a María Cecilia Vittar, complicándola seriamente en los supuestos desaguisados.

Es así que se asentó en el expediente que retiró valijas (que todos piensan que estaban repletas de dólares), que viajó a varias ciudades del país y del exterior acompañando a Alegre (donde éste, presuntamente, fue a concretar negociados), y que está grabada por los transportistas a los que convocaba a su estudio para “apretarlos” a fin de que cedieran acciones al ex intendente y a su banda; de la que, por supuesto, Vittar tenía el rango de subjefe.

¿A quiénes quieren hacer creer (por más Mandrake que se supongan) éstos magistrados manejados por el Poder Ejecutivo que se puede hundir a Alegre sin encarcelar a María Cecilia Vittar? A nadie. Y, por ello, la ciudadanía piensa que la instrucción y el manejo mediático que se hace de este sonado caso no es serio. Es, en la lente de la gente de Santiago, un macaneo.

Queda claro que esta señora guarda secretos de otros funcionarios de esta administración radical-kirchnerista. ¿En cuántas escrituras, y de cuántos y cuáles funcionarios participó la escribana Vittar?

Era la escribana y la socia de Alegre, perfecto. Fue su “mano ejecutora” en todos los supuestos negociados, pero los jueces no se animan a ordenar su detención. ¿Por qué? Sencillo, desde la cárcel, la Vittar puede contar otras irregularidades que podrían colocar a otros en la misma situación en la que se halla Alegre, justamente, por haber realizado las mismas maniobras del ex intendente: enriquecerse con los dineros de la gente.

No debían creerle al juez; sino denunciarlo

Si la mayoría de funcionarios, “lobbystas”, empresarios prebendarios y amigos íntimos del ex intendente Julio Alegre, se animara a contar la verdad de lo que ocurrió antes y durante su comparecencia ante el juez Gustavo Herrera, la opinión pública tomaría conciencia del intríngulis que ha sido y es el expediente instruido contra el ex jefe comunal radical.

La “orden” fue, desde el principio, “voltear” a Alegre y, en ese sentido, se “instruyó” uno a uno a los ex funcionarios, empresarios “amigos” y a amigos íntimos. Se sabe, incluso, que algunos de ellos encontró la declaración escrita y lo único que hizo ante el juez y los instructores fue leer y firmar.

Se llegó a la temeridad de advertirles, alertarlos e intimidarlos: “Declaran en contra de Alegre, lo tienen que ‘hundir’ y contar todo lo que saben de sus ‘negocios’, o quedan presos”. De este modo se fue armando el rompecabezas del despilfarro municipal donde los cómplices o conocedores del latrocinio apuntaron, todos, a la cabeza del intendente radical.

Desfilaron buchones de toda laya que creyeron que iban a quedar en libertad contando lo que antes, cuando el intendente era “un rey”, callaron y consintieron. No se sonrojaron a la hora de “hundir” a quien los había hecho participar del banquete.

Ninguno (muchos con título universitario), cosquilleó frente al juez ni mucho menos se animó a denunciarlo porque, como jefe del sumario y de la causa, debió investigar conforme a derecho sin necesidad de optar por el mecanismo torpe y denigrante del que saca datos de manera prepotente y amenazando con meter preso al testigo.

La promesa del juez Herrera duró poco. Veinticuatro horas antes de jurar como camarista del Crimen lanzó la orden de detención de muchos de los que tuvo en su despacho como testigos o “cantores” de las maniobras de Alegre. Hoy, cualquiera de los nuevos imputados ni siquiera podrá pedirle explicaciones; primero porque no corresponden y, segundo, en razón de que ya no es competente. Ya no está a cargo del juzgado; ahora es camarista.

Sin duda, ninguno podrá rectificarse de lo que contó contra Alegre. Se empero, sin embargo, que cuenten quién, cuándo y a dónde les propusieron “hundir” al ex intendente radical a cambio de la libertad. O que digan que cuando fueron al juzgado se encontraron con la declaración redactada.

Si se animaran a decir la verdad de los sucesos, la ciudadanía tomará conciencia de quiénes son los depositarios de nuestra seguridad (policía) y de nuestra libertad (jueces). En el caso Alegre, la policía no investigó nada de nada, porque se limitó a contactar amigos, empresarios y allegados al ex intendente radical, apalabrarlos y llevarlos ante el juez, quien, a su vez, “instruyó” prometiéndoles que si contaban todo en contra del acusado no iban a tener problemas en su juzgado.

Después de tamaño zafarrancho bien vale reflexionar sobre la responsabilidad que tiene cada ciudadano santiagueño. Algo habrá que poner en marcha, sobre todo frente a la pasividad del gobernador Gerardo Zamora que mantiene en su cargo a Ricardo Daives (ministro de Justicia), que es el “hacedor” de esta “justicia del Nuevo Santiago”.

Algo hay que hacer, como entender, por ejemplo, que el diputado provincial peronista Francisco Cavallotti no ha estado para nada equivocado a la hora en que se presentó ante el Senado de la Nación exigiendo la intervención al Poder Judicial de Santiago del Estero.