Perdió la lista del gobierno, en Abogados

Jamás, en la era juarista-justicialista, la comisión directiva del Colegio de Abogados de Santiago del Estero fue oficialista. Será por ello que, siempre, los presidentes de la entidad lograron el segundo mandato.

Esta vez, el presidente y toda su comisión directiva fueron cooptados por el Ministerio de Justicia y, consecuentemente, por el Poder Ejecutivo. Este Colegio de Abogados era, esencialmente, oficialista.

Así le fue. Andrés Barrionuevo va a encabezar la lista de los únicos presidentes de la institución que no lograron ser reelegidos. Claro, el ministro de Justicia, Ricardo Daives, no se convence y sigue con sus políticas y métodos de proselitismo barato, intentando “aparatear” a los profesionales del Derecho. Esta vez eligió como aliada y operadora a la diputada provincial por el “justicialismo-zamorista”, Gabriela Ortiz y, como ocurrió con la elección de los Jóvenes Abogados, cosechó una nueva derrota para un oficialismo que, al menos entre los “pleiteros”, no prospera con su técnica del apriete o la promesa de dádivas.

Papelón sin par para Daives y Cía. La abogada Verónica Larcher (profesional allegada políticamente al intendente de La Banda, Héctor Ruiz), los pasó por encima a los operadores y al ministro de Justicia a quienes, reiteramos, entre los profesionales del Derecho, nos les tienen simpatía y, cada vez que pueden, les pasan facturas castigándolos con el voto por las increíbles decisiones como mantener durante cinco años los jueces en comisión, designar amigos de funcionarios en el Poder Judicial y, consecuentemente, “mandar” por teléfono a los magistrados cada vez que tienen que firmar una resolución.

La legisladora Ortiz, pasada de rosca, a media mañana del viernes caminaba los pasillos de Tribunales invitando a un lunch para festejar el triunfo del oficialista Barrionuevo. “Podemos ir a La Sala, por la noche, a bailar”, decía la diputada. Luego, como jefa de campaña, desapareció y no tuvo la delicadeza de avisar que se suspendían los festejos. Algunos abogados socarrones se interrogaban: “¿Quién va a pagar el costo de las modelos contratadas para repartir votos y afiches? ¿Daives o la Ortiz?

Del lado ganador estuvo alineado el abogado Diego Lindow, quien fogoneó hasta más no poder para ver caer al oficialista Barrionuevo. De este modo, se desquitó del intento que realizó el Colegio de Abogados queriéndolo involucrar –junto a un juez pariente de Daives y cesanteado por Zamora-, en la fuga del sospechoso Juan José Símula.

Otro que festejó vivamente fue Sergio Brandán, presidente de la comisión de los Jóvenes Abogados, quien sigue molesto porque no lo dejan fiscalizar los balances de la institución.

Lo que se aguarda de la nueva comisión del Colegio de Abogados es que ponga oídos y ojos bien abiertos a los mensajes que los afiliados hicieron conocer en estos días, a través de comunicados y volantes, donde dan cuenta del “manejo empresarial” que tuvo Barrionuevo de la entidad.

También sería bueno que Verónica Larcher inicie una investigación para determinar de dónde provienen los fondos que hacen llegar, en cada elección en la institución, el ministro Daives y su séquito. En apoyo a Barrionuevo, por ejemplo, deslumbró el despliegue proselitista con pancartas, afiches, modelos que hacían propaganda y gastos en bocaditos, café, gaseosas, etc.

Luego, hay que averiguar qué intereses tiene Daives que procura que el Colegio de Abogados se comporte como una sucursal o apéndice de su ministerio.

Ahora, la ciudadanía toda, espera que la nueva presidenta del Colegio de Abogados encabece una campaña para que Santiago del Estero vuelva a tener una justicia independientes, erradicando esa vieja política de mantener a los jueces en comisión.

El Colegio de Abogados acepta legalidad sin constitucionalidad

Una de la ideas más excelsas del Derecho ha sido el surgimiento del constitucionalismo, el cual justificó su origen y desarrollo en dos premisas trascendentales: por un lado la afirmación y protección de la dignidad humana, mediante los derechos individuales y sus correspondientes garantías y, por otro, la división y equilibrio de poderes y sus funciones, en procuración de un poder limitado y controlado, para evitar todo abuso que violase precisamente aquella dignidad humana garantizada.

 

El constitucionalismo significa el imperio del derecho por medio de la ley, de la norma jurídica que excluye toda arbitrariedad circunstancial, intencionada y caprichosa. El grado superior del derecho positivo, según Hans Kelsen, es la Constitución.

Los santiagueños nos estamos acostumbrando en aceptar legalidad sin constitucionalidad. Ello es evidente. Y lo más repugnante que el máximo órgano del control y conocimiento de la legislación que existe en la provincia, sea cómplice silencioso de este atropello. En efecto, el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, integrados por hombres conocedores de normas y procederes jurídicos, admite complaciente con su silencio los caprichos del Poder Ejecutivo en continuar manteniendo bajo falaces pretextos un " Poder Judicial en comisión ", cual es lo mismo, al margen de la Constitución.-

Se formulan desde aquel cuerpo colegiado tibios reclamos al Poder Ejecutivo a modo de conformar a su masa de asociados. Criticando, con mirada gacha al ombligo los reproches que a diario realizan gran parte de sus abogados; en tanto, aceptan y comulgan con el gobierno aquellos mismos procederes que tibiamente critican. Pues sus miembros, actuales integrantes de su comisión directiva, no sólo han convalidado las sistemáticas violaciones constitucionales al régimen republicano de gobierno que a lo largo de cuatro años Gerardo Zamora provocó, sino que, aún más grave lo aceptaron en los hechos al incorporarse como jueza en provisoriedad de la ciudad de Monte Quemado la abogada Adriana Soria, quien hasta minutos antes de su juramento al novel cargo cumplía funciones como vice presidenta del Colegio de Abogados. Situación que en si mismo, exime de comentario y desnuda crudamente la orientación institucional de ese órgano colegiado.

El único antecedente que encontramos en nuestra más reciente historia, asimilable al actual acontecer del Poder Judicial, se remonta a lo vivido entre los años 1976 - 1983. No existe otro más reciente.

Si no existen garantías constitucionales, la ciudadanía transita y vive en libertad condicionada. Y ello es gravemente peligroso.