El terrorismo, la más seria amenaza a la democracia y la convivencia internacional, se ha acentuado desde que los países se han organizado en estados que asumen el monopolio del uso de la fuerza en el ámbito de sus decisiones soberanas. El terrorismo elige agredir violentamente a la población civil como una forma de forzar determinadas decisiones en el gobierno de turno.
Un conflicto armado está sujeto a reglas y convenciones militares y reconoce necesariamente dos o más contendientes que deben respetar primordialmente a la población civil, la cual es un tercero ajeno a la contienda. Ese mismo carácter debe respetarse también en las guerras de baja intensidad o guerras civiles. La guerrilla, sobre todo la de carácter rural, podría diferenciarse del terrorismo en la medida que focalice sus acciones sólo en su oponente armado. Pero, cuando recurre a las bombas, al secuestro o al asesinato indiscriminado de civiles se transforma en una organización terrorista, cuyo objetivo es atacar a víctimas inocentes.
En la Argentina de los 70 hubo terrorismo. Lo testimonian las miles de víctimas inocentes y la crónica diaria de la época. El ERP, los Montoneros y otras organizaciones similares cometieron terrorismo. Esto no justifica los excesos y las violaciones a los derechos humanos durante su represión, pero reclama el necesario equilibrio en el juzgamiento histórico de los hechos y de las personas. Este equilibrio no se ha dado y la asimetría de trato se ha acentuado desde 2003. Se anularon las leyes y los indultos que intentaron dejar atrás aquellos sangrientos episodios y enfrentamientos, y se exaltó la lucha armada y a quienes sufrieron abusos del Estado, muchos de los cuales fueron, a su vez, victimarios de inocentes.
Las víctimas del terrorismo en la Argentina reclaman justicia y reconocimiento, a través de una organización no gubernamental, Celtyv (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas). Representada por su presidente, la abogada Victoria Villarruel, quien participó junto con víctimas del terrorismo de 12 países en el VI Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, en Salamanca, España. Allí sostuvo: “En la década del 70, más de 10 organizaciones terroristas eligieron las armas como una opción para llegar al poder, cometiendo más de 21.600 atentados. Más de 16.000 almas, entre muertos y damnificados directos están sin el reconocimiento que merecen. En 26 años de democracia, ninguna ley de reparación a las víctimas se ha promulgado”.
Hay denegación de justicia en la Argentina para las víctimas del terrorismo que inician sus causas, y no existen leyes reparatorias, impidiéndoles así ejercer sus derechos humanos y el reconocimiento que como víctimas inocentes deben tener. Esta situación se agrava cuando esos derechos son otorgados a quienes fueron sus agresores, que en el pasado integraron organizaciones terroristas. Tal vez lo más grave sea que las violaciones a los derechos humanos que sufren las víctimas del terrorismo sean realizadas por gobiernos democráticos.
