Relevamiento obligatorio de radio y televisión

La autoridad federal de servicios de Comunicación Audiovisual dispuso el relevamiento obligatorio de los servicios operativos de radiodifusión sonora y de licencias, autorizaciones, permisos precarios provisorios; como así también el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y la reglamentación del registro de señales.

Todas las presentaciones deberán efectuarse entre los días 15 de enero al 15 de marzo de 2010 en la sede del AFSCA, sita en la calle Suipacha 765 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país.

La resolución 1/2009 dispone el inicio del proceso de relevamiento de los servicios de radiodifusión sonora operativos. A este fin deberán presentarse las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro que se encuentren operando servicios de radiodifusión sonora sin autorización, a cuyo efecto deberán completar el formulario pertinente.

Este relevamiento no es constitutivo de derechos sino que se limita a convocar a los prestadores de servicios para conocer la forma en la que se distribuyen geográficamente y la modalidad de prestación del servicio.

A su vez, la resolución 2/2009 determina el relevamiento obligatorio de las licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, y emisores reconocidas que se encuentren vigentes, correspondientes a servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión abierta en todo el ámbito de la República Argentina.

Esta información conformará el Registro Público de licencias y autorizaciones, que permitirá identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia.

Cambiar la Ley de Radiodifusión: fruto del pensamiento de la izquierda

Por Julio Bárbaro (Especial para Arena Política) Nota II

Libertad y publicidad

Sería bueno exigir que los medios de comunicación públicos tuvieran prohibida la publicidad privada. De hecho la misma impone un espacio de sospecha en la transparencia de precios y en nada altera los gastos de mantenimiento.

Otro tema distinto es la publicidad del Estado, donde si algún juez liberal considera que les toca a todos por igual es tan solo porque desprecia la democracia. En nuestra realidad el Estado tiene adeptos y enemigos.

Con Carlos Menem y Domingo  Cavallo nos vendieron hasta lo que no teníamos. Esas empresas son las que financian a los opositores al Estado, que al menos este pueda sostener a los otros, a aquellos que por defenderlo no reciben publicidad privada.

Tampoco sirven las radios en manos de las intendencias, en su mayoría terminan convertidas en burocracias sin audiencia.

Y más irracional aún, que por tener la sospecha que quien adquiera un medio es amigo del gobierno intentemos alterar las leyes que rigen las relaciones contractuales. En medio del Estado y lo privado se encuentra el único sospechoso de inocencia, el ciudadano, al que tan solo el empate técnico entre las dos ambiciones lo puede convertir en sujeto libre de optar.

Si el Estado se impone convierte a la sociedad en clientela electoral, cuando el privado no tiene límites la trasforma en habitante de una góndola de supermercado. Ninguna exageración es más inocente que la otra, todo poder exagerado se construye a costa de la libertad de los ciudadanos.

Algunos periodistas se enriquecieron apoyando las privatizaciones, otros adulando a las privatizadas, cuando las opiniones defienden intereses las libertades se asemejan a las esclavitudes. Donde las sociedades están fracturadas y en conflicto, cada sector en pugna genera su propia prensa, donde existe un proyecto común se necesitan normas que organicen la convivencia. Y proteger los localismos, tanto en radio como en televisión cada comunidad debe tener derecho a su propia creación y no a la sola invasión de la metrópolis.

Conclusión

Tenemos radio y televisión en distintas manos y sin riesgos de monopolio. Además un convenio con los EEUU que debemos denunciar para que Radio Continental y Canal 9 no dependan de grupos extranjeros sólo con la argucia de simular sociedades estadounidenses.

Y demasiados humildes sin nada que además le negamos la  televisión como entretenimiento y también como elemento de integración social.

Toda cultura necesita generar su propia imagen televisiva para no correr el riesgo de desaparecer como tal. En eso debemos agradecer que seamos quizás el país del continente que más señales produce y exporta buena parte de sus contenidos a otras naciones.

Debemos autorizar y auspiciar canales locales de alcance limitado para que toda comunidad que lo desee pueda tener su propia imagen.

Y todas estas necesidades exigen tan solo del acuerdo entre el estado y la industria privada, camino que se debe recorrer con todas las dificultades que implique, y nos dejará constancia de cuales son los puntos centrales de la ley que necesitamos.

Hace falta un debate y un intento de acuerdo, luego vendrá la ley, que será tan importante y duradera como la cantidad de voluntades que se encuentren en su forjado.

Para otro tipo de enfrentamientos con la que tenemos nos sobra.

Cambiar la Ley de Radiodifusión: fruto del pensamiento de la izquierda

Por Julio Bárbaro (especial para Arena Política). Nota I

Es más maduro simular afecto que amenazar con un revólver sin balas.

La idea de cambiar la Ley de Radiodifusión es fruto del pensamiento de la izquierda, es ella la que imagina a la realidad modificable por las normas, y la que intenta superar la debilidad con la agresión. Es un sector enamorado de la confrontación y la derrota, no suele ser la mejor compañía.

Los peronistas pensamos distinto, conocemos la dialéctica entre los intereses de los poderosos y las necesidades de los humildes, y en lugar de envidiar o competir con el poder de los ricos intentamos ponerle límites y ayudar a los necesitados.

Hablar de una nueva ley cuando la mayoría parlamentaria es discutible implica declarar que duelen los golpes recibidos, y que se extraña el poder perdido.

Es un sueño de fortalezas pasadas que sólo remite a debilidades presentes. Impulsan la ley algunos sectores intelectuales sumados a otros dueños de medios ilegales, dos miradas tan respetables como secundarias de hecho. Nos hablan de un tope al número de licencias, un pensamiento medieval anterior al invento de la anónima y el testaferro.

Hay una ley de bienes culturales que pone un límite al capital extranjero y un convenio con los EEUU que nos entrega de pies y manos, resolver esto es anterior a toda ley. En radios tenemos una distribución de frecuencias amplia, donde si hay concentración es en la audiencia, y eso es tan poco modificable como los resultados electorales.

El gobierno otorgó diez años de prorroga a todas las licencias de radio y televisión, en un gesto de libertad de prensa que lo honra y que debe reafirmar y no arrepentirse. Es absurdo considerar el derecho de los que carecen de licencia y sólo ensucian el espectro, como posibles permisionarios. En medio de bailantas y pastores algunas vocaciones de periodistas honestos no son excusa para sostener semejante caos comunicacional.

En toda sociedad normal una radio ilegal implica un delito, decidamos que es lo conforme a derecho y actuemos en consecuencia. Toda dilación sobre ese tema implica una flagrante injusticia tanto para los que estando en regla son agredidos como para los que estando en falta son engañados con promesas de imposible cumplimiento.

Nuestro conflicto real está en la televisión, espacio donde lo pago tiene un desarrollo de los mayores del mundo y la pobreza de lo gratuito deja al treinta por ciento de la población al margen de este beneficio de la modernidad.

El Canal Siete es una antigüedad de la televisión de aire, cuando había sólo cuatro canales y el del Estado tenía repetidoras donde el privado no era rentable. Hoy con un setenta por ciento de la población con servicio pago superior a las setenta señales que el Estado mantenga un enorme aparato para una sola señal es mas una manera de enrostrar la injusticia que una solución a la misma.

A más de cien kilómetros de esta capital el que no tiene servicio pago no tiene garantía de recibir más que alguna señal de aire de muy mala resolución. Y luego, dentro de los servicios de cable se debe facilitar la participación de todas las señales que se generen y tengan posibilidades técnicas, tratando de que no sea solo el distribuidor de las mismas el que decida los contenidos que transporta.

La libertad de prensa es un lugar equidistante tanto del poder del Estado como de las desmesuras de los privados.

En esencia evitar el monopolio es la función del Estado, y lograr que todos los sectores se sientan reflejados y expresados en los medios es la definición de pluralismo.

Y aquí es donde aparece el debate sobre el espacio de los medios y la publicidad de los gobiernos y los privados.