¿Por qué se esconden los robos de la policía?

Marcelo Pato.

Gerardo Zamora maneja la prensa como si fuera su boletín oficial y ordena las campañas de desprestigio y de escrache sólo para sus adversarios, sus ex socios y contra alguno que por ahí se quedó con un vuelto o mejicaneó al gobernador o a su jefe de Gabinete. También planifica la política de esa prensa cuando quiere tapar los tiempos políticos desfavorables, publicando páginas enteras con hechos policiales cotidianos como de un muchacho pobre que robó una garrafa o una humilde empleada doméstica que vino del campo y le hurtó 20 pesos a su patrona.

Pero ese mismo Zamora ordena tapar los delitos de sus funcionarios “preferidos”. Es el caso de uno de los más “predilectos” que tiene el gobernador, el tal Marcelo Pato, jefe de policía. (¿Qué secretos guardará el muchacho?). Por ello, un amigo o secuaz de Pato puede matar (como hicieron con Raúl Domínguez) o el comisario mayor Lucio Díaz está habilitado para recaudar las coimas o apretadas en los puestos camineros y “cañotear” a los quinieleros clandestinos de la toda la provincia, sin ningún problema porque nadie le va a orquestar ninguna campaña en los medios periodísticos que maneja Zamora.

Este tal Lucio Díaz es amigo íntimo de Pato. Se conocieron allá en el sur, cuando Carlos Juárez y la Nina los castigaron y los enviaron al interior (uno a Bandera y el otro a Añatuya). Allí armaron la banda; la asociación ilícita. Luego Zamora premió a Pato con la jefatura de policía y, de inmediato, trajo a su amigo Lucio Díaz como jefe del Departamento de Planificación, en la Jefatura. Ambos se robaron todo lo recaudado en los puestos camineros y el porcentaje de los quinieleros truchos.

Lucio estuvo prófugo y luego preso. Pero nadie se enteró. Está acusado de graves delitos junto a dos suboficiales perejiles que le recaudaban las coimas y le depositaban en su cuenta personal del Banco Nación de Añatuya.

Pero Zamora quiere que nos olvidemos de sus amigos delincuentes. Por eso no aparecen en los diarios ni tienen en mismo “trato” periodísticos que sus adversarios o de los ladroncitos de barrios. 

¿Qué pasará cuando otros investiguen cómo Pato y su estado mayor recauda en los otros puestos camineros como el de Guasayán (límite con Tucumán) o el de Ojo de Agua (límite con Córdoba).

El comisario Lucio Díaz se entregaría mañana

El amigo de Marcelo Pato se presnetará mañana ante la justicia.

El comisario mayor Lucio Orlando Díaz, mano derecha del jefe de policía, Marcelo Pato se presentaría mañana, 17 de agosto, ante el juez Álvaro Mansilla. Mientras, permanece escondido -“escondido” es un eufemismo en este caso porque todo Santiago sabe que está alojado en una casa del barrio Primero de Mayo- sin que nadie se anime a ir a sacarlo de su escondrijo.

Díaz es un oficial de la policía a quien Pato ascendió y trajo de Bandera para que ocupe la jefatura de la Dirección de Planeamientos (una dependencia muy cercana al despacho del jefe, donde se pergeñan los avances tecnológicos y de innovaciones para la policía).

Forma parte de uno de los tantos casos recientes de corrupción policíaca. En este se imputa cohecho y exacciones ilegales a tres efectivos policiales. Uno de los acusados es Díaz, compañero de promoción y juergas de Pato. Los restantes son los suboficiales Emir Eduardo Galeano y Gabriel Alejandro Mena, quienes prestaban servicio en el puesto caminero de Fortín Inca, departamento Belgrano.

El comisario Díaz, según las investigaciones judiciales manejaba la tómbola clandestina en todo el sur santiagueño por la ruta 34, desde Fernández hasta el límite con Santa Fe. Delos 150 mil pesos que recaudaba, entregaba mensualmente 15 mil a la Jefatura de Policía y de esta forma se aseguraba un "trabajo" tranquilo, según indicaron los investigadores

El juez del crimen de Añatuya, Álvaro Mansilla, imputó los delitos de cohecho pasivo y exacciones ilegales a Díaz y a los suboficiales Galeano y Mena, quienes tenían funciones asignadas en el puesto policial de Fortín Inca, departamento Belgrano.

El juez imputó como encubridora a la ex esposa de Galeano, quien denunció verbalmente en la Seccional 21 las coimas que iban a parar en una cuenta bancaria que estaría a nombre del alto jefe policial.

Esta mujer tiene abundante información sobre la organización de los implicados y tuvo en sus manos documentación sobre depósitos bancarios que ella habría realizado, aunque “estaría arrepentida de haber puesto en evidencia el presunto hecho ilícito al denunciar a su ex pareja cuando éste dejó de pasarle la cuota alimentaria”.

No tienen hechura: policías pintan paredes con “Zamora-Infante”

Habrá nuevas asignaturas en los institutos policiales.

José Zavalía es el único que no promueve su candidatura pintando paredes y muros. Con mucha experiencia política, aprendió, cuando fue jefe comunal, lo trabajoso y costoso que es salir a blanquear las tapias después de las elecciones.

De todos modos, es una vieja práctica y, en casi todo el mundo, los candidatos se dedican a promocionarse con las pintadas. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en las ciudades santiagueñas.

Pero (¡cuándo no!), aquí el desesperado zamorismo le ha agregado un nuevo condimento; inusitado e inexplicable para muchos ciudadanos. Van a pintar paredes, de noche, como corresponde, pero lo hacen no sólo en camionetas 4 x 4, sino que llevan a matones alquilados por el gremialista y diputado oficialista Gerardo Montenegro y Daniel Zamora, un ilustre desconocido pero uno de los nuevos ricos por su condición de ser hermano del gobernador Gerardo Zamora.

Los matones y la policía (uniformada) salen de noche a pintar paredes y a amedrentar y a amenazar que los van a meter presos a los otros pintores de otros candidatos.

Más allá de las torpezas que cometen estos políticos familiarizados con la impunidad, como esta de llevar a policías uniformados para que pinten las leyendas “Zamora-Infante”, parece que en la noche del viernes se llevaron un buen susto.

Fue cuando los matones del zamorismo y sus policías custodios se encontraron con los muchachos que pintan leyenda de Nony Abdala, en su gran mayoría del 8 de Abril y de la barra brava de Mitre. Se le pararon a los policías y les disputaron los espacios (muros y paredes) en una verdadera guerra campal. Ni se retiraron ni dejaron de pintar “Nony intendente”.

Los zamoristas, con policías y en sus modernas camionetas se fueron a otro lado, sabiendo que los hinchas de Mitre están para cualquier cosa y no tienen problemas de pelear a cadenazos si alguien los quiere llevar por delante en la militancia política callejera.

Los bromistas de siempre, anticipan que el jefe de policía Marcelo Pato incorporará nuevas asignaturas en los intitutos policiales: Brocha I y Aerosol I y II.

Policías corruptos y protegidos

Marcelo Pato, jefe de policía protector de corruptos.

El comisario mayor Lucio Díaz, director general de Planeamiento de la jefatura de policía, es amigo íntimo y del riñón del jefe de la repartición, el inefable Marcelo Pato. Es un protegido del jefe. Se hicieron amigos cuando Pato estaba en Añatuya y Lucio en Bandera.

Al parecer, en estos destinos comenzaron con sus andanzas o raid delictivo. Hoy, un policía retirado se animó a denunciar a los policías ladrones del puesto caminero de Palo Negro y quedó al descubierto una verdadera asociación ilícita que permitió a los uniformados alzarse con abultados botines de dinero producto de las coimas y de maniobras en la oficina receptora de Rentas.

También los policías de Pato manejan a los levantadores de quiniela clandestina en todo el corredor del sur; desde Herrera hasta Selva.

Todo el dinero mal habido era depositado en la cuenta personal del mismísimo comisario mayor Lucio Díaz y, según policías que reservan su identidad, “la platita era repartida entre superiores (Pato) y subordinados (un agente de apellido Galeano, de Palo Negro).

Le cayó otro alfil al inescrupuloso jefe de policía del gobernador Gerardo Zamora y del ministro de Gobierno, José Emilio “Pichón” Neder.

¿Qué hizo Pato, entonces? Le dijo a Lucio Díaz que salga de licencia por tiempo indeterminado.

O sea, lo protege en lugar de ponerse al frente de las investigaciones y mandarlo preso por corrupto –y por más amigo suyo que fuere-, como hacen con pobres muchachos del interior que están semanas enteras en los calabozos incomunicados por robarse una gallina. 

Árraga cree que tenemos “la peor policía”

Marcelo Pato, jefe de policía de Gerardo Zamora. 

Policías de la seccional 37 de Arraga, departamento Silípica, dejaron en grave estado al joven Gonzalo Pérez, quien fue castigado brutalmente y abandonado al costado de la ruta nacional 9.

Está internado en el hospital Regional en terapia intensiva y presenta fuertes golpes en la cabeza y en el tórax. Presenta pérdida de masa encefálica y un golpe a la altura de los pulmones que no le permite respirar; lo hace con respirador artificial.

Todo el pueblo de Arraga sabe que la golpiza provino de la policía del lugar. “¡Vieron que nadie investiga nada! Claro, si fue la policía, ¿a quien va a investigar?”, reflexionó una joven estudiante, amiga del joven víctima del apremio ilegal,  que dialogó con Arena Política.

El hecho ocurrió hace más de un mes, y esta página lo crónico oportunamente; al día que los pobladores denunciaron y a instantes en que el joven fue ingresado a terapia intensiva del Regional.

Pero se lo oculta para el gran público por una orden del jefe de policía, Marcelo Pato. Éste funcionario lo único que hizo fue trasladar a dos o tres miembros de la comisaría de Arraga.

¿Qué hace el juez en turno, Juan Ignacio Coria Vignolo? ¿No será que el jefe de policía le escondió el parte de tamaño suceso? Capaz, nomás. No hay otra explicación, porque no se entiende cómo un juez no disponga alguna investigación en un hecho tan grave y por el que un joven está muriéndose en terapia intensiva del hospital Regional.

¡Pobres los vecinos de Arraga! Están desamparados. No tienen policía que les brinde seguridad ni menos una justicia que les otorgue garantías. Por ello, están realizando colectas y otros beneficios para que la familia de Gonzalo vaya y venga, turnándose, para estar al lado de la víctima.

Policías exonerados marcharon por la salud

Policías exonerados también marcharon con los trabajadores de la salud.

La más grande asonada de la policía de la provincia, se registró en Santiago del 5 al 10 de setiembre del 2006, cuando un millar de efectivos tomó la Jefatura de Policía en reclamo de mejoras salariales: el tema volvió a saltar a la consideración pública durante las marchas de los médicos, cuando 74 de esos policías desplegaron sus banderas para reclamar que ellos no fueron reincorporados como sus compañeros, que también estuvieron en la revuelta.

Según se vio en la televisión, el domingo 10 de setiembre el gobierno envió vándalos alcoholizados y drogados, con dirigentes políticos al frente, a quemar la Jefatura y si no hubo muertos es porque los policías no quisieron, se atrincheraron y se negaron a reprimir.

Luego de la revuelta, el gobernador, Gerardo Zamora, dictó un decreto de “necesidad y urgencia” por el que pasó a 115 efectivos a disponibilidad y sujetos a sumario. En la norma se establecía además que los sumarios se harían en el ámbito del ministerio de gobierno y serían sustanciados por los abogados de fiscalía de estado, reformando únicamente para esta situación, articulos de la ley de generalidades para el personal policial. Empero esta ley es clara cuando dice que los encargados de hacer los sumarios administrativos son el departamento judicial de la policía.

Es decir que se creó una comisión especial y leyes nuevas para juzgar supuestos delitos, lo que está expresamente penado por la Constitución de la Nación y la provincia.

Desde ese día se dejaron de pagar los sueldos a los policías sumariados cuando la situación de disponibilidad es para que los que afectados cobren la mitad, se les cancelaron las obras sociales y los seguros sin haberse sustanciado el sumario que podría haber probado lo contrario.

En sí, los sumarios estuvieron plagados de violaciones a las normas vigentes ya que se prorrogaron plazos que no correspondían, no se dio lugar a la actuación de los abogados de parte, se labraron actas de constatación a puertas cerradas, se glosaron escritos extemporáneos y se los acomodó entre las primeras hojas y se obligó a declarar a toda la cúpula policial, en declaraciones armadas, viciadas de contenidos subjetivos.

Al final, de los 115 volvieron 41 y al resto, los 74 restantes se los exoneró de la fuerza.

Los policías apelaron la medida ante el Poder Judicial, con la sustanciación de sumarios contenciosos administrativos.

A pesar de que este poder está subordinado a la voluntad del gobernador Zamora, los jueces se percataron de los atropellos jurídicos que se habían hecho en los sumarios administrativos del ministerio de gobierno, por lo que la sustanciación del juicio contencioso iba a favor de los policías. Cuando declararon los jefes policiales, muchos se desdijeron, dijeron no recordar los hechos, que no conocían a los imputados y hubo quien dijo que lo obligaron a declarar en el ministerio de gobierno.

Pero a pesar de que los sumerios ya concluyeron, el presidente del Superior Tribunal, Lionel Suárez, no se expide porque sabe que de dictaminar conforme a derecho, su fallo será favorable a los exonerados. Por ello, dicen los policías, tiene los sumarios “cajoneados”.

“Hoy somos objeto de persecución, muchos de nuestros compañeros se fueron a trabajar afuera de la provincia y los que quedaron trabajan en negro, porque si no, nos hacen echar”, dijeron estos policías en un escrito que hicieron llegar a este portal.

Pato no pudo tapar el crimen de un preso

No es novedad para nadie que la policía esté pasando por su peor momento. Ocurre que el jefe de policía, Marcelo Pato, no está nunca. Le han puesto un apodo los policías subalternos.  Lo llaman “Dios”porque dicen que está en todas partes pero nadie lo puede ver. ¿Qué hará? ¿A qué se dedicará? Informan los que saben que anda de un lado para otro haciendo “gestiones” para ministros y/o el gobernador, y que viaja mucho a otras provincias. ¿Será el valijero? ¡Vaya uno a saber!

En la policía, entonces, como el jefe, que gana como diez mil pesos, no aparece por ningún lado, tampoco figuran el subjefe ni los integrantes de la plana mayor ni los jefes de departamentos ni nadie. Consecuentemente, en las comisarías, cada uno hace lo que quiere. Lo demuestran los muchachos de Campo Gallo que jugaban al truco y cenaban con vinitos la noche que en la comisaría se quemaron dos presos, y uno murió. Lo patentizan los policías de la seccional cuarta que “levantaron” en calidad de “detenida” a una joven y bella prostituta a la que sometieron a sus bajos institutos en la cocina de la dependencia y se dieron el lujo, incluso, a invitar a un preso para la fiesta de sexo.

Este clima donde reinan el desorden, la desfachatez y la irresponsabilidad de los de arriba, fue propicio también para que se les fuera la mano a los muchachos de la comisaría de Las Termas de Río Hondo, donde golpearon hasta darle la muerte a un artesano-mochilero de origen chileno: Germán Astudillo Ramírez.

Apenas se informó, Pato “voló” en el auto oficial pensando que iba a “acomodar los tantos” y “tapar” como ha hecho con todos los excesos de sus policías. Llegó tarde, porque dos juezas ordenaron las diligencias pertinentes in situ y mandaron preso a un médico policial que había firmado un certificado indicando que fue “muerte natural”. Antes, las magistrados hicieron revisar al muerto en el calabozo por el médico forense, quien detalló las secuelas de las torturas.

Un reconocimiento, entonces, para las juezas Ana Cecilia Vitar y Lucrecia Martínez Llanos, quienes sospechando que algo turbio se ocultaba en los informes médicos policiales, ordenaron la autopsia.

Hoy están detenidos el oficial ayudante Miguel Sánchez, el oficial ayudante Cuevas, el cabo Cajal, y los agentes Castro, Esteban Cajal, Oscar Galván y Calderón.

Pato llegó tarde, no pudo tapar la tortura seguida de muerte, y ahora deberá responder por los irresponsables y criminales subalternos.

 Como va a tener que responder cuando aparezca un juez (o una jueza) en serio que decida investigar el asesinato del empleado de Rentas, Raúl Domínguez, quien fue “levantado” por policías que lo llevaron a una sede de la repartición, lo hicieron declarar (su cuarta testimonial) y de allí desapareció hasta que encontraron su cadáver descuartizado.