Impunidad en el nombramiento de Simón

La posible designación del ex diputado provincial Pedro Eugenio Simon como fiscal Federal, sigue dando qué hablar en los corrillos cercanos al Consejo de la Magistratura, que por estos momentos no consigue darle el gusto a la Presidenta, para que se le otorgue el visto bueno al candidato de Eduardo Fellner. Al efecto recordamos un proyecto de decreto que presentó el ex diputado provincial Ramiro López Bustos, que por supuesto aun duerme el sueño de los justos en los cajones de la Legislatura de Gerardo Zamora.

Artículo 1°: Conformar una Comisión Especial a los efectos de investigar las denuncias vertidas en un programa periodístico emitido por el Canal 9 de Buenos Aires contra el diputado y vicepresidente de esta Legislatura, Pedro Simón, a fin de que la misma remita un informe al cuerpo luego de terminada su labor investigativa, tendiente a establecer si dicho legislador incurrió o no en causales que ameriten una sanción por parte de esta Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 2°: A los efectos previstos en el artículo 75 del Reglamento Interno de esta Legislatura, la cámara deberá elegir de entre sus miembros cinco (05) diputados para integrar dicha Comisión Especial Investigadora.

Artículo 3°: La Comisión Especial desarrollara sus tareas para la cual fue creada durante el término de un (01) mes, vencido dicho plazo deberá obligatoriamente emitir un informe, hayan o no finalizado las actuaciones investigativas.

Entre los fundamentos el ex diputado mencionó: “Este proyecto de decreto constituye la vía adecuada para solicitar la conformación de una Comisión Especial encargada de investigar las denuncias que fuera objeto el diputado Simón, en virtud de las previsiones establecidas por los artículos 77 y 79 del Reglamento Interno, toda vez que lo que se pretende es lograr y originar una resolución del cuerpo a fin de conformar una Comisión Especial y que la misma realice una labor investigativa a efectos de emitir un dictamen para ser sometido posteriormente a la consideración del cuerpo.

Como resulta de público conocimiento por informaciones periodísticas vertidas en un programa de investigación emitido por el Canal 9 de Buenos Aires, el diputado Simón fue relacionado con la expulsión o desalojo de tierras a pobladores rurales de nuestra provincia, dejándose traslucir en dicho programa que él mismo se habría beneficiado de su condición de Diputado y Vicepresidente de esta Honorable Legislatura en las medidas judiciales de desalojo en las que intervino.

No es dable hacer oídos sordos al clamor social y dejar pasar desapercibida una situación de tal magnitud que nos pone a todos los miembros del cuerpo en un estado de sospecha, y en definitiva, nos coloca ante nuestros representados como una Cámara de Diputado que acalla los problemas sociales y las acusaciones en pos de mantener un espíritu corporativo en donde se privilegia hechos y situaciones que para la sociedad no son normales o están en franca contradicción con los principios éticos y morales que nuestro pueblo espera sean los rectores de quienes son ungidos con la dignísima función de representar y velar por los intereses de la provincia, dejando para ello cualquier egoísmo o provecho personal que pudiera pretender cada diputado.

Sandra y Pedro, diputados poco serios

En 2005 y en 2007, cuando fue diputado, el médico peronista Ramiro López Bustos presentó, alternativamente, un proyecto de ley para prohibir fumar en establecimientos asistenciales, centro de salud, hospitales, clínicas privadas; escuelas; locales de espectáculos y medios públicos de transportes. Incluso, establecía apercibimientos y multas a los infractores.

En razón de que Ramiro siempre fue anti-zamorista, el proyecto fue dejado en los cajones de las comisiones de Salud y de Legislación General, esta última presidida por un fumador compulsivo como es el ex diputado Martín Dìaz Achával y hoy defensor del Pueblo de la provincia.

También Legislación General tenía como miembro a la diputada zamorista Sandra Generoso, una de las que más se oponía al tratamiento de la iniciativa toda vez que insistía su autor, López Bustos.

Lo penoso es que Ramiro dejó de ser diputado y Sandra fue reelecta. Por ello, ésta legisladora, que responde al gobernador Gerardo Zamora y al ministro de Gobierno, José Emilio Neder, no tuvo mejor idea que robar el expediente y, sin cambiarle una coma, le puso su firma y lo presentó como propio.

No tuvo la delicadeza de mencionar que el proyecto tuvo como autor a su ex colega e, incluso, ni siquiera reconoció que en los años anteriores no hizo nada ni desde la banca ni desde la comisión para cumplir con su obligación de legislar.

Hoy en día, como Sandra es la jefa del bloque zamorista, casi con seguridad que el proyecto se convertirá en ley, pero como no todos somos desmemoriados, es un deber informar a los legisladores y a la ciudadanía que la iniciativa es fruto del estudio y la dedicación del ex diputado Ramiro López Bustos.

Alguien, en la Legislatura, debería aclarar que la diputada Sandra Generosa no es autora, sino una mera impostora.

Otro que se fue de la Legislatura y ahora aspira a convertirse en fiscal del juzgado Federal de Santiago del Estero, y que dejó asignaturas pendientes es el abogado Pedro Simón.

Ya que hablamos de legisladores poco serios, recordemos que el propio diputado peronista Ramiro López Bustos, lo impugnó en 2006, por prácticas contrarias a un miembro del “Honorable cuerpo”.

Fue cuando periodistas porteños lo trampearon con una cámara oculta en el momento en que el Simón, como “representante del pueblo”, estaba expulsando a campesinos de sus tierras. Y era nada menos que el vicepresidente segundo de la Legislatura.

López Bustos fue el único legislador que se interesó del tema. Pidió informes, como correspondía, pero sus iniciativas durmieron y duermen en Asuntos Constitucionales.

Lo que se buscaba era investigar las denuncias vertidas en un programa periodístico de Canal 9 de Buenos Aires contra el entonces diputado Pedro Simón. Ningún diputado zamorista se animó a dar el paso correcto y conformar una comisión que se encargara de instruir actuaciones contra el presunto usurpador de tierras a los campesinos, pisoteando el dispositivo de la Constitución provincial en su artículo 134.

Por Simón, los diputados zamoristas quedaron sospechados y desprestigiados porque aparecen como encubridores de un colega que exhibió una conducta disonante con preceptos éticos y morales que deben regir la vida de “un elegido por el pueblo”.

Pedro Simón, un candidato repudiado

El cuestionado ex diputado y vicepresidente de la Legislatura provincial recibió duros embates en la audiencia pública en el Senado. Comunidades campesinas y particulares lo acusan de desalojar tierras y extralimitarse en sus funciones.

Propuesto ante la familia gobernante por uno de sus más genuflexos colaboradores, Eduardo Fellner -actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación- el oficialista Consejo de la Magistratura colocó en la terna a un aspirante a fiscal Federal que no cumplió con el mínimo de los requisitos exigidos para el cargo.

Con el título “Un candidato que cosecha repudios”, el diario porteño Página 12 reseñó la defensa asumida por el ex diputado y abogado Pedro Simón durante la audiencia pública realizada el miércoles pasado, con el objeto de determinar si se lo designa fiscal del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

Como se sabe, el pliego de Simón está en la comisión de Acuerdos del Senado, que tiene que decidir sobre el particular. Si bien el oficialismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, son tantos los cuestionamientos recibidos que se analizan al detalle las impugnaciones recibidas.

Entre las objeciones que le formulan organizaciones campesinas, se lo acusa de pertenecer a un estudio jurídico “especializado en el desalojo de comunidades campesinas e indígenas en beneficio de terratenientes”. Por ello da cuenta la nota que “el Movimiento Campesino y el CELS, entre otros, pidieron al Senado que no aprobara su designación”.

“Vinimos a defender nuestros montes, para que las comunidades no terminen de desaparecer”, explicó María Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

“Fue promovido con acuerdo del gobierno nacional, pero seguiremos aportando argumentos para que no sea designado. Si asume veríamos vulnerados totalmente nuestros derechos”, agregó Nélida Solorza, primera dirigente campesina que llegó a una banca de la Legislatura provincial.

El caso Simón merece la atención de los pequeños productores, cuyas tierras, con la extensión de la frontera agropecuaria y el auge del cultivo de la soja, se tornaron apetecibles para las multinacionales y despertaron el interés de operadores de toda clase.

El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó “una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario y de un escribano por defraudación y falsificación de instrumento público”. En este caso se le atribuye a Simón un rol “directo y decisivo”, según la Fundación LADH.

Como diputado del bloque zamorista Lealtad Popular, Pedro Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, indica la nota de Página 12.

También señala la nota que “defendió a Minera La Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes se postuló para fiscal”.

Pero como se sabe, no es una postulación personal, sino una designación premeditada para que en consonancia con el actual juez Federal fallen conforme al mandato de quienes los postularon.

¡Ya está, que Simón se quede en el llano!

Impugnan a expulsor de campesinos como Juez Pedro Eugenio Simón. Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. (Foto en el operativo, tomada de la televisión). También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.

La candidatura de Pedro Eugenio Simón para magistrado Federal de Santiago del Estero fue categóricamente cuestionada e impugnada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (Copadi), Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Mocase y otra organizaciones campesinas y de Derechos Humanos las que, basadas en publicaciones de varios medios, entre ellos @DIN, sostienen que es inadmisible nombrar como fiscal a un violador de los derechos humanos.

Cabe recordar que algunos años atrás, @DIN publicó un vídeo donde se veía expulsando campesinos humildes al ahora propuesto para fiscal Federal de Santiago del Estero por la Presidente de la Nación, a pedido del gobierno que conduce Gerardo Zamora.

La impugnación fue presentada ante el senador Marcelo Guinde, presidente de la comisión que analiza los pliegos remitidos al Senado para que se designe a Pedro Simón como fiscal Federal.

Varias organizaciones campesinas y de Derechos Humanos fundamentan la objeción a Simón en que, de ser nombrado, se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia Federal y la provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos, y añadieron que rechazar este acuerdo es necesario para conformar un Poder Judicial democrático e independiente en el territorio santiagueño.

El CELS y el Copadi objetan también el proceso de designación advirtiendo que del análisis realizado al concurso para fiscal Federal en esta provincia, surge que Pedro Simón obtuvo 30 puntos -sobre 60- en el examen de oposición, y en la prueba oral 20 puntos sobre 40, remarcando que de la terna fue el de menor puntaje (53 sobre 100). En contraposición, la postulante Indiana Garzón obtuvo 54 puntos sobre 60 en el examen escrito y en la prueba oral logró 38 sobre 40; o sea que sus calificaciones fueron netamente superiores a las obtenidas por Pedro Eugenio Simón.

Los denunciantes remarcaron que Simón, como diputado provincial, fue el impulsor de un proyecto de ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por supuesta "usurpación", sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, normativa que resulta contraria a estándares constitucionales.

Asimismo, dieron cuenta que Pedro Eugenio Simón proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como legislador patrocinaba a terratenientes y desde la banca impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.