Es como que Gerardo Zamora no conoce a sus correligionarios y principales colaboradores o, directamente, no le interesa de sus antecedentes (políticos) o prontuarios (policíaco-judiciales). Esta es una falla gravísima si se tiene en cuenta que adhiere al kirchnerismo que, por ejemplo, no acepta nada que haya estado cerca de la dictadura militar o de “los milicos”, como gustan decir los setentistas y pseudos montoneros de la Nación.
Lo dicho tiene relación con un acto político reciente. Ahora, como Julio Alegre está en el suelo, políticamente, y preso (en la realidad), lo sacó de la presidencia de la Convención provincial de la Unión Cívica Radical. Claro, una persona que está detenida y a la que le siguen tirando el Código Penal por la cabeza, no podría seguir liderando el máximo órgano del radicalismo santiagueñó. (¡Y pensar que Alegre llegó a concejal y a intendente -con reelección de por medio- por instrucciones precisas del jefe político que no es otro que Zamora!).
Tiene que ser, nomás, que Zamora lo reemplazó con Héctor Díaz (dirigente bandeño) porque no sabía que “Barón” fue funcionario de un gobierno militar en la ciudad del otro lado del río, cuando los uniformados avasallaron las instituciones de la República, detuvieron, torturaron, mataron y arrojaron sus restos no se sabe a dónde.
Dicen los que conocen el ideario radical que el presidente de la Convención “es el guardián ético e ideológico y el custodio del espíritu histórico de la UCR”. Salta a la vista que Héctor Díaz ni fue custodio ético ni nada cuando sirvió a los dictadores mientras que sus correligionarios estaban en la calle y perseguidos.
Pero Zamora tiene también varios sospechados de haberse olvidado del ideario radical cuando colaboraron con la dictadura militar. Uno de sus máximos jerarcas está denunciado en Córdoba por los organismos de derechos humanos porque se inscribió en la universidad de Córdoba pero no para estudiar, sino a fin de “marcar” a compañeros a quienes los milicos se lo llevaron detenidos.
Incluso, el mismísimo presidente del Superior Tribunal de Justicia, Lionel Suárez, también fue funcionario y asesor de un gobierno militar (de la dictadura) en la ciudad de La Banda.
Que algunos radicales tengan “pasión por las botas” es una cosa, pero otra es que el gobernador, como jefe administrativo de la provincia y jefe político del radicalismo santiagueño, designe a sus amigos que actuaron pro-dictadura militar en esta hora en que gobierna Santiago del Estero alineado en el kirchnerismo; grupúsculo peronista identificado como acérrimo adversario y revanchista de los militares.
No creemos que Zamora esté dispuesto, con estas designaciones, a confrontar con Néstor y Cristina o con las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos quienes, hoy por hoy, tienen gran poder e íntima llegada al matrimonio gobernante. Sí, en cambio, suponemos que no está informado del pasado “pro-militar” de algunos muchachos y comete este tipo de yerros políticos infantiles.
Sigue también en mora con su juez Federal Guillermo Molinari (ex concejal, ex diputado y ex funcionarios de la UCR, hasta el otro día), quien por orden de Zamora sigue cajoneando el expediente de la fosa común en el cementerio de Quimilí, donde se enterraron a víctimas de la dictadura militar asesinados en Chaco.
Todo porque en la época de aquel genocidio era intendente de la ciudad un pariente de uno de sus ministros. Esta es la causa, por ejemplo, por la que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde juramentó a los Kirchner: “No piso más Santiago hasta que Zamora y su juez no investiguen aquella tumba clandestina en Quimilí”. Y el hombre cumple con su palabra.
