El Estado se queda con el 48% de la soja

Un estudio elaborado por el ex vice de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet, indica que el Estado se queda con el 48,11 por ciento de la renta de la soja en el caso de las tierras sembradas por sus propios dueños y con el 48,74% cuando se trata de explotaciones agrícolas en campos arrendados. El informe está sustentado en una hectárea de soja promedio que rindió 3.200 kilos de soja, 10 por ciento más que el rendimiento promedio nacional, y que se comercializó a unos 340 dólares por tonelada de grano.

A mayor cotización de la soja en los mercados, mayor es el gravamen que debe abonarse. De acuerdo con el análisis de Roulet, los ingresos por hectárea cosechada alcanzan los 1.088 dólares, pero “a partir de este número hay que empezar a hacer una lista de descuentos”, sostuvo el especialista. El primero es el de las retenciones, que son del 35% para la soja, que suman 380,8 dólares por hectárea y que disminuyen los ingresos a 707.2 dólares. Ese recorte vale tanto para los grandes productores como para los chicos, así como para los que siembran sus propios campos o los alquilan. En el caso de las hectáreas sembradas por productores que las alquilan, se suma una carga impositiva de 32,44 pesos por hectárea, que le corresponden al contratista en concepto de ingresos brutos, impuesto al cheque e impuesto a las ganancias.

También se adicionan otros 117 dólares que paga el dueño por el impuesto inmobiliario y otras tasas municipales, además de Bienes Personales. “Las ganancias del Estado por la vía de los impuestos, con una enorme participación de la autoridad nacional gracias a las retenciones, ascienden a 530,25 dólares por hectárea en el caso del campo alquilado y a 523 dólares por hectárea para los campos sembrados por sus dueños”, añadió.

En función de estos números, el balance de la campaña que está a punto de finalizar arrojó que quienes sembraron 19 millones de hectáreas de soja, lograron una ganancia total para el Estado superior a los 10.000 millones dólares. “Sólo por retenciones, las arcas nacionales obtendrán más de 7.200 millones de dólares, al valor de la soja indicado, calculó Roulet.

"Hay que creer en el país productivo"

Por Marta Sylvia Velarde, diputada nacional 

Especial para diario Clarín (Capital Federal) y Arena Política

Ya cumplió un año el conflicto con el campo. Es, por parte del gobierno, un golpe a la economía, pero sobre todo a la esperanza de los argentinos, del interior y de las grandes ciudades, de vivir en un país mejor, con equidad, inclusión social y en libertad.

Desde mediados de la década del noventa, en el campo comenzó un proceso de inversión con incorporación masiva de tecnología, que convirtió a la actividad más competitiva de la economía argentina en la única que se preparó para los desafíos de la globalización y el comercio mundial.

Mientras otros aprovechaban el "uno a uno" para vender o cerrar sus fábricas y convertirse en importadores y pasear por el mundo, los hombres y mujeres del campo invertían en tecnología, a pesar de la falta de créditos a tasas racionales, y los bajos precios internacionales. Se endeudaron para invertir. Centenares de miles de productores no pudieron seguir, y vendieron sus campos a bajo precio. Con la crisis del 2001, ofrecieron el pago de retenciones para financiar los planes sociales para tres millones de jefes de familia.

Hubo una enorme reinversión en las explotaciones, que provocó la expansión de las industrias y los servicios vinculados a la producción agropecuaria.

La industria metalmecánica de capital argentino, con tecnología y mano de obra nacional y radicada casi en su totalidad en los pueblos de la llamada "pampa gringa", se reconstituyó mejorando los ingresos de los trabajadores a niveles superiores a los tres mil pesos mensuales.

El gobierno de Néstor Kirchner recibió al país en crecimiento. Pero las retenciones a las exportaciones fueron escalando, hasta el 45% de hace un año. La resolución 125 es la culminación de toda una gestión, sobre todo desde principios del 2006, de agravios al sector, desde el destrato a restricciones a las exportaciones lácteas, a la carne, a cultivos regionales, a cereales.

El impulsor de la llamada sojización del país es el gobierno, que elevó los costos de siembra de los granos y, con altas retenciones, hace que sembrar trigo, maíz, o producir carne y leche, no sea rentable.

No pudimos ganar nuevos mercados cuando la leche en polvo quintuplicó sus precios, por el accionar del secretario de Comercio. Se impidieron inversiones como en el caso de Sancor y el señor Moreno se lanzó a controlar una inflación que desató el propio gobierno y anuló las ventajas cambiarias, junto al sistema de estadísticas de la Nación. Pero el problema no es él, sino que se le permita hacer esas cosas. Mientras tanto, el interior del país no recibió mejoras en su infraestructura productiva. No se incrementa la oferta energética, y la educación y la salud son de mala calidad.

¿Qué se hace con los recursos? Subsidiar a sectores de mayores ingresos de la ciudad de Buenos Aires, como ha pasado con las tarifas de energía, o gas, que llevan a los pobres que usan garrafas a pagar el triple de los que viven en Callao y Santa Fe.

Pero hay que decir que se pueden bajar las retenciones sin dañar la situación fiscal.

La Argentina, con el campo, puede enfrentar mejor que otros países la crisis internacional. En todo el mundo se compran menos autos, menos televisores plasmas, menos textiles. Lo que no se puede dejar es de alimentar, inclusive a centenares de millones de personas que lo hacen desde hace poco más de 10 años, como los chinos. Esa es la ventaja argentina: su capacidad de dar de comer. Debemos volver a ser lo que siempre fuimos: campo, agroindustria. Pero este gobierno nunca tuvo un modelo o un proyecto a mediano o largo plazo. Sus ideas son del pasado. Pero seamos optimistas: el país productivo se impondrá al enfrentamiento entre los argentinos.