Jorge Enríquez
Prohibición. El gobierno toma decisiones a corto plazo.
El gobierno nacional volvió a prohibir la exportación de carne.
Como en anteriores oportunidades, el propósito de la decisión es impedir los aumentos de precios en el mercado interno. Dado que los productos que se iban a exportar se tendrán que vender en forma local, habrá mayor oferta y en consecuencia, se cree, los precios deberán bajar o por lo menos no continuar con su tendencia alcista.
Al igual que todas las políticas llevadas a cabo desde el 25 de mayo de 2003, se trata de una decisión de corto plazo, que puede tener algún efecto inmediato en el objetivo propuesto, pero que sin duda alguna a la larga acarreará consecuencias negativas para la actividad pecuaria que, al generar una menor producción, terminará encareciendo la carne aún en el mercado interno.
Parece ser la filosofía del kirchnerismo: pan para hoy, hambre para mañana. Tal vez Néstor Kirchner faltó a la escuela el día que enseñaban la fábula de la cigarra y la hormiga.
Pensemos que prohibir exportar carne en la Argentina es como prohibir exportar petróleo en Arabia Saudita.
Con estas políticas populistas, en los últimos tres años el stock ganadero perdió 9 millones de cabezas: pasó de 60 a 51 millones de animales.
Esa tendencia se profundizará ahora, con la prohibición de las exportaciones y el intento de control de precios disfrazado bajo el rótulo de "precios sugeridos".
Con esa falta de estímulos para la producción, es inevitable que la Argentina -¡la Argentina!- termine importando carne.
Además, con cada una de estas prohibiciones se perjudica la imagen del país como exportador, al no poder cumplirse con compromisos ya pactados, lo que dificultará la reinserción en los mercados externos cuando la pesadilla kirchnerista haya pasado, porque conseguir mercados lleva mucho tiempo, perderlos sólo un instante.
Por otra parte, la forma de concretar esa decisión es bien sintomática del estilo anti-republicano del gobierno nacional. No hubo un decreto, una resolución, un acto administrativo de cualquier jerarquía, ni una simple nota. A Moreno no le gusta dejar las huellas, como si de esa forma creyera que se evade de la responsabilidad por tantos desatinos.
"Producir" una vaca para el consumo, interno o externo, lleva entre dos y tres años. El próximo gobierno no podrá revertir la situación en forma rápida. Pero deberá explicar muy bien las causas de la escasez y del aumento de precios o le explotará la bomba en las manos, mientras los Kirchner mirarán la escena por televisión desde su feudo de El Calafate.
¿Qué nos pasó?
Han aparecido en los últimos meses varios libros que describen críticamente al kirchnerismo.
Algunos de ellos, como el de Luis Majul, pertenecen al periodismo de investigación. Otros son de análisis político.
Entre estos últimos se encuentra uno cuyo título me permite ya formular algún comentario. Me refiero al del periodista Ernesto Tenenbaum. Se titula "¿Qué les pasó?", y para que nadie dude de quienes son los destinatarios de esa pregunta, la tapa del libro trae una foto de Néstor y Cristina Kirchner.
No he leído la obra, pero el título es muy sugerente. Si algo les pasó a los Kirchner en los últimos años, debe entenderse que en sus primeros tiempos gobernaron con sabiduría. De ahí la desilusión que destila el título.
Sin embargo, nuestros actuales gobernantes sólo defraudaron a quienes tenían un muy defectuoso conocimiento de sus trayectorias.
En nuestro caso, no hubo desilusión alguna porque desde el inicio advertimos la naturaleza populista y autoritaria del régimen, que pudo engañar a algunos en un primer momento por el esfuerzo puesto por el matrimonio austral para que las huellas de su pasado quedaran difuminadas.
Bastaba saber lo que habían hecho en Santa Cruz, provincia en la que sistemáticametne ahogaron todo atisbo de disidencia, mediante un sinfín de maniobras, como las leyes electorales o el ataque a la justicia independiente.
De ahí que la pregunta del libro no debería ser "¿Qué les pasó"?, sino "¿Qué nos pasó?".
Dicho de otra forma: ¿cómo resignamos durante tantos años nuestro sentido crítico? O ¿Por qué fuimos severísimos con la corrupción del gobierno de Menem y muy tolerantes con la de los Kirchner?
En fin, es saludable que la reacción llegue aunque sea tardía. Recordemos los versos de Almafuerte:
"Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte".
El avasallamiento del Poder Judicial
Nadie pensó nunca que el kirchnerismo pretendiera tener una justicia independiente.
No está en su ADN. Cualquiera que desee demostrar por el absurdo cómo no debe procederse con el Poder Judicial no tendría más que describir la experiencia de Santa Cruz.
Sin embargo, en los últimos meses esa hostilidad se ha hecho manifiesta aún para quienes podían albergar algún ingenuo optimismo.
La semana pasada, durante las audiencias que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados realiza para recabar opiniones con vistas a la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, el diputado kirchnerista Alejandro Rossi, hermano del jefe del bloque oficialista, propuso que se investigara la vida de los jueces, a qué clubes van, a qué escuelas envían a sus hijos, a qué clase social pertenecen, etc.
Una afrenta al derecho a la intimidad que sería ideal en un estado totalitario. ¿Qué dijeron al respecto nuestros progresistas a la violeta?
Poco después, el mismo diputado propuso someter a los jueces a exámenes periódicos.
En una república ideal, la iniciativa podría ser objeto de alguna consideración; en la Argentina de aquí y ahora, con los jueces sometidos a crecientes presiones del poder político, una herramienta de este tipo sólo serviría para ahogar aún más la independencia judicial. ¿Quién los examinaría? ¿Carlos Kunkel?
La Constitución establece un mecanismo de selección judicial a través del Consejo de la Magistratura y un procedimiento de designación por parte del Poder Ejecutivo y del Senado. Luego, nombrado un juez, tiene la garantía de su inamovilidad vitalicia mientras dure su buena conducta.
Por eso, la propuesta de Rossi es, antes que nada, inconstitucional. Requeriría una reforma de la Constitución.
La judicialización de la política
El fallo del juez Enrique Lavié Pico que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la senadora Beatriz Rojkes de Alperovich y dispuso su restitución en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es un capítulo más de la extensa y sinuosa saga iniciada con la creación del Fondo del Bicentenario mediante el Decreto 2010/2009 dictado el 14 de diciembre de 2009, recién iniciado el receso parlamentario.
Tanto ese decreto como el que pretendió sustituirlo, el 298/2010, fueron suspendidos por medidas cautelares sobre la base de que no existía necesidad ni urgencia como para eludir la intervención del Congreso.
Ayer esos decretos debían ser considerados por la Cámara de Diputados, luego de que dictaminara sobre ellos la Comisión Bicameral Permanente. En medio de la sesión, se tuvo conocimiento del fallo de Pico Lavié, festejado como un triunfo por el oficialismo. Luego de un cuarto intermedio en el que se analizó la situación creada a raíz de ese pronunciamiento judicial, la oposición siguió sesionando y rechazó el Decreto 2010/2009 de creación del Fondo del Bicentenario.
El oficialismo argumentará que, tras el fallo de Pico Lavié, Diputados no podía avanzar con el tratamiento de ese asunto, ya que correspondía una nueva intervención de la Comisión Bicameral con su nueva composición.
A ello puede contestarse que tal interpretación no surge expresamente del fallo, que no menciona su carácter retroactivo; que una modificación en la composición de un órgano no conlleva, en principio, la nulidad de los actos adoptados por ese órgano; que, en especial, en este caso no se trataba de normas ni actos decisorios, sino sólo de un dictamen del que el cuerpo podía apartarse.
Pero sin dudas esta judicialización de la política no contribuye a la serenidad de los ánimos ni al fortalecimiento del rol del Congreso. Los jueces deben ejercer su poder moderador solamente cuando se exceden los límites constitucionales, pero deben ser muy prudentes para no pasar, en los hechos, a ejercer funciones legislativas.
El modo en que se integra una comisión parlamentaria surge, en principio, de la decisión de cada cámara del Congreso, por el juego de sus mayorías. Sólo en caso de una manifiesta violación de la Constitución o la ley podrían los jueces revocar esa decisión. No parece que este sea el caso. La determinación del Senado era una de las posibles y no había, por ende, inconstitucionalidad ni irrazonabilidad.
Todo esto genera confusión en la ciudadanía. Lo que es peor, se tiñen del descrédito de quienes obran al margen de la Constitución aquellos que luchan por defenderla.
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