Corrupción e impunidad en el hospital Regional

Por Deyes Sosa (Nota II).

El hospital Regional sigue sin encontrar administradores eficientes y correctos.

Se llama Gabriel Gómez, y es empleado contratado con sueldo de 1.500 pesos. Es uno de los cuatro privilegiados con acceso al área de admisión de Urgencias, lo que le posibilita conocer y sustraer información confidencial del hospital Regional “Ramón Carrillo”, manipulando datos de los pacientes internados para que ciertos estudios jurídicos ofrezcan sus “servicios caranchos” a los pacientes accidentados, a cambio de una módica comisión.
Al “Gaby” Gómez le apasiona el rock nacional y ello se nota por su vestimenta y temperamento, que suele cambiar a la hora de los negocios. Otro de los curros conocidos de este individuos es la “recarga de cartuchos de toner” para las impresoras del hospital, facturando con nombre apócrifo y de terceros por la suma de 5.000 mensuales y, de paso, se encarga de la reparación de todas fotocopiadoras, siempre descompuestas por imperio de alguna mano traviesa.
Totalmente comprobado y con conocimiento de las más altas autoridades de la dependencia, éste empleado infiel es el responsable de la desaparición de un torno del consultorio odontológico (con denuncia policial de esta sustracción), dos aires acondicionados del sector Urgencias, tres tensiómetros nuevos, una centrifuga, una bomba inyectora, un set de cables para pacientes, un electrocardiógrafo y varios sets de respiración para incubadoras, entre otros elementos.

El empleado sospechado.

En connivencia con la dirección de Administración del hospital, se encarga de la facturación de obras ya realizadas por montos siderales, entre ellas la construcción de la oficina de admisión de Maternidad, ampliación y modificación de la oficina del administrador, colocación y reparación de aires acondicionados varios, contratación de contenedores para recolección de residuos, al margen de la existencia de una empresa dedicada al rubro, la que factura por otra parte.
También está abocado a la compra de impresoras usadas a las factura como si fuesen nuevas. Por otro lado, se sabe que recaudó “buenos dinerillos” por equipos de cirugía descartables por cantidades exorbitantes que nunca ingresaron al establecimiento.
Para que no digan que es ocioso, el muchacho factura también por la compra de manómetros que nunca ingresan al hospital, porque en realidad lo que hace es restaurar los viejos instrumentos, trabajo éste que lo realiza un conocido cerrajero cómplice que aporta su cuit para la facturación.
Hoy, “Gomecito” no solamente tiene oficina propia en la sala de Maternidad, desde donde cumple sus efectivos servicios en favor de su bolsillo, con el tributo debido al administrador Miguel Carabajal, sino que también dejó el colectivo para movilizarse en moderno automóvil de su propiedad. Otro “nuevo rico”.

La “banda de los campos” y sus prácticas mafiosas en la justicia

Integrantes de la “banda que roba campos” amenazan a un testigo que los acusaron de haberse apoderado ilícitamente de un campo que pertenece a la firma La Salónica S.A.

La denominada “banda de los campos” sigue litigando con el propósito de apoderarse de un predio que es propiedad de la firma Salónica S.A., en la zona de Campo San Martín, aunque los métodos que introducen en sus pleitos son claramente mafiosos.
Toda la prensa santiagueña y regional difundió la noticia sobre una “banda” encabezada por abogados y ex policías, y publicó los nombres de los letrados Carlos Bernardo Weyenbergh y Leticia Mabel Bravo, y de sus “empleados” Raúl Suárez, Ladislao Letonai, Roberto Sanabria, Orlando Canido, Emilio Sica, Walter Jiménez, Miguel Salazar, Marcelo del Castillo, Carlos Martínez y Erica Fierro, además de desconocidos que habrían consumado hechos de violencia contra los encargados de custodiar el campo de La Salónica S.A.
La denuncia involucró a los nombrados como jefes y miembros de una asociación ilícita “dedicada a usurpar campos en la zona de Quimilí a través de diversos métodos, incluso con violencia física por medio del uso de poderosas armas de fuego”.
El denunciante presentó numerosos testigos, vecinos de Quimilí, quienes, alternativamente, ratificaron que esta asociación ilícito se apoderó de forma ilegal del campo de La Salónica S.A.

Mafiosos

Uno de los testigos es Eduardo Miguel Carlón (residente en Quimilí), quien el 27 de noviembre pasado, cuando salía del juzgado luego de una exposición, fue “apretado” por el abogado Carlos Weyenbergh (h). Éste le dijo que “lo van a arreglar”, y que “no se meta, porque va a salir perjudicado en una pelea que es de otros”.
Frente a la intransigencia, llegaron a amenazar a la hija de Carlón, quien vive en la ciudad capital con su esposo e hijos. Casi de inmediato, el miércoles, se presentaron en su casa, de Quimilí, dos personas en un vehículo automotor que lo coaccionaron para que viniera a declarar y “rectificarse” de todas las denuncias contra Weyenbergh.
Carlón se prestó al juego y llegó a Tribunales. En la antesala del juzgado de quinta nominación lo aguardaba un abogado de apellido Aguirre, quien habló con el secretario del tribunal para que activara el trámite. El funcionario transmitió la diligencia a la jueza, quien dio instrucciones que lo atendiera un instructor. Frente a ello, Carlón se empacó y exigió hablar con la magistrada.
Una vez que fue atendido por la jueza, formuló una grave denuncia in voce contra los abogados Weyenbergh (padre e hijo), relatándole con lujo de detalles los aprietes, las amenazas, las tentativas de homicidio, etc., de los que es objeto para cambiar su denuncia. Le especificó a la jueza que también amenazaron a su hija, residente en esta capital.
El viernes, Carlón y su abogado defensor se aprestaban a formular la misma denuncia ante el juez en turno, relatando los hechos ocurridos el miércoles pasado, y ratificando todas sus anteriores declaraciones.
Asimismo, anticipó que reiterará sus denuncias porque “esta banda liderada por abogados le falsifica la firma y presenta escritos en los que me hacen aparecer como cambiando mi denuncia”.

Inacción de la justicia

La “banda que roba campos”, entre tanto, ha conseguido embarullar el litigio con el propósito de que los distintos incidentes demoren la resolución que devuelva el predio a su legítimo propietario.
Lógicamente, las “chicanas” tienen (o deberían) tener límites que tendrían que ser impuestos por los funcionarios encargados de administrar justicia. En el caso que nos ocupa, un testigo que viaja cada rato desde Quimilí hacia los Tribunales de la Capital y denuncia que es hostigado, amenazado (junto a miembros de su familia) y que teme por su vida, no encuentre un juez que actúe de inmediato contra quienes aspiran a imponer métodos mafiosos en los pleitos con una impunidad obscena, dado que “aprietan” a denunciantes o testigos en la mismísima sede del Poder Judicial.

La mentira de la policía sobre un agente baleado en la cara

Efectivos policiales antes de los incidentes, en la cancha de Sarmiento, donde un agente fue baleado en la cara por un sargento.

El domingo pasado, un agente de la policía provincial fue internado en la Guardia del hospital Regional con una herida de bala en el pómulo izquierdo. Sin embargo, el jefe de policía, comisario Marcelo Pato, no sólo que dejó “tirado en una cama” a su subordinado herido, sino que mintió a toda la prensa y a la ciudadanía al informar que “fue golpeado” por integrantes de la “barra brava” del Club Sarmiento de La Banda, el domingo 9 de diciembre, en el cotejo del equipo local y Deportivo de Aguilares.
La verdad es que el muchacho fue alcanzado por un disparo de un sargento que estaba cerca suyo cuando lidiaban con los hinchas de fútbol. El sargento estuvo dos días “arrestado” en la sede policial bandeña, pero luego se retiró a su domicilio. Es el sargento de apellido Martínez.
La víctima sufrió doble fractura de maxilar y necesita de una intervención quirúrgica compleja y hasta de un médico cirujano plástico. Pero está solo y abandonado. El médico del Regional le diagnosticó 45 días de curación, aunque cuando lo vieron caminar le ordenaron que se vaya a su casa.
El jefe de policía, el sub jefe o sus superiores de La Banda, hasta ahora, a una semana del accidente, no se preocuparon ni se interesaron por el estado de salud del herido.
El agente pertenece al Escuadrón Táctico de La Banda, zona Este, y el operativo en la cancha de Sarmiento estuvo a cargo del Escuadrón Táctico de La Banda, zona Oeste. Ese día, ante la envergadura de los incidentes, fue afectado a otra jurisdicción.

¿Por qué tantos “saltan” por denuncias contra el Lawn Tennis Club?

El “caso Lawn Tennis Club” puso en aprietos a una funcionaria judicial que, como socia, denunció a las autoridades de la entidad del parque Aguirre.

“Cuando la política entra por la puerta la Justicia sale por la ventana”, es un célebre refrán mundialmente conocido, pero en Santiago del Estero pareciera que se amplía, porque aquí “entran”, además, policías, dirigentes gremiales, dirigentes deportivos y todo quien busque manipular causas.
Ocurre hoy, cuando la justicia del Crimen provincial se muestra renuente, distraída y morosa para investigar, por ejemplo, la serie de denuncias presentadas por socios del Santiago Lawn Tennis Club.
Nadie puede develar el secreto ni el interrogante de ¿por qué tantos “saltan” preocupados, frente a los serios y graves cuestionamientos a la entidad del parque Aguirre?
Sería bueno, también, poder descubrir cuáles son las estanterías que tambalean con la denuncia de una funcionaria judicial socia de la institución.

Lamentable correlato

El jueves pasado, el Superior Tribunal de Justicia renovó sus autoridades, reeligiendo como presidente para el período 2013 a Eduardo José Llugdar.
Y, de inmediato, el primer diligenciamiento realizado fue intimidar a la funcionaria judicial que opte: “por retirar la denuncia contra el Santiago Lawn Tennis Club, o por presentar la renuncia al cargo”.
Al parecer, luego de horas difíciles frente a tamaña disyuntiva que hasta le costaron lágrimas y soledad, sacó energías y decidió no desistir de la denuncia y, si llegara el caso, someterse a un juicio político.
Incluso, ya tendría el ofrecimiento de un conocido abogado penalista para patrocinarla, defenderla y demostrar su eficiencia y honestidad en el cargo.

El hospital Regional es una fiesta de corrupción e impunidad

Por Deyes Sosa (Nota I).

El principal central asistencial de la provincia sigue sin encontrar su rumbo.

El desorden administrativo, impune y delictual que se observa en el principal nosocomio provincial no tiene ya puntos de comparación con otras dependencias del Estado, en donde la corrupción está dejando huellas profundas que, si no interviniera la justicia a la brevedad, puede convertirse en tierra de nadie.
Según se nos informa, el gobernador Gerardo Zamora sería informado en las próximas horas por escrito, y se aguarda que ponga freno en el chiquero, aunque algunos médicos creen que “ya es un poco tarde”.
En sucesivas notas iremos haciendo conocer lo que sucede puertas adentro de nuestro querido hospital Regional “Ramón Carrillo”.

Funcionaria cuestionada.

Se llama Graciela Kraft la empleada administrativa que por largos años camina los pasillos del centro de salud y, recientemente, aportó titulo de licenciada en Comunicación. Tiene a su cargo la jefatura de Estadísticas y Autogestión del establecimiento.
Se trata de una vieja y conocida dependiente provincial con 35 años de antigüedad, y en tal jefatura tendría que cumplir una importante función. La dependencia tiene 45 personas a su cargo.
La susodicha viene realizando las siguientes tareas:
-Cobra para su bolsillo un incentivo de la autogestión que supera los 7 mil pesos, al margen del sueldo de unos 6.500. Este incentivo proviene del recupero de las obras sociales (que se recauda de la atención de pacientes que cuentan con obra social), el que deberían percibir, mediante prorrateo, todos los empleados de la Sanidad que trabajan en los servicios de Maternidad, sin que a ella le corresponda un solo peso; por ser empleada administrativa.
-Llueven las denuncias en su contra por malos tratos al personal a su cargo, así como de otras dependencias. Varios empleados (Abdala, Valdez, Palacios, Rodríguez, Franzone y otros) la denunciaron por esta misma causa, pero los sumarios administrativos duermen; como es de suponer.
-Esconde los números estadísticos sobre mortandad infantil y los nacimientos tardíos, manipula expedientes judiciales con denuncias, esconde formularios de altas y bajas y, consecuentemente, no aporta las estadísticas inherentes a su función. Obviamente, por este mal proceder, la provincia no estaría aportando las estadísticas del rubro, conociéndose que la media en la provincia supera índices deseados.
-Su aceitada relación con Carlos Giménez, el delegado de Atsa, le aporta una impunidad sin límites a su cuestionada labor, al tiempo que intimida a sus dependientes con la amenaza de dejarlos sin trabajo.

La CGT Banda va por la comisión municipal de Cañada Escobar

El gobierno provincial inauguró un jardín de infantes en Cañada Escobar.

Julián Luna, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de La Banda, originario de Cañada Escobar, será candidato a la comisión municipal de su pueblo en representación de la CGT Banda y de Bases Peronistas.
Luna está dispuesto a arrebatarle la casa comunal de Cañada Escobar a Walter Salvatierra, que fuera dirigentes de Emilio Rached y que ahora responde al gobernador Gerardo Zamora.
Para ello, la CGT Banda y dirigentes políticos y gremiales acompañaron a Luna en sus incursiones semanales de reuniones y contactos con los coterráneos. En la última reunión hubo 200 personas, y entre los dirigentes provinciales que asistieron figuran Carlos Adamo, del gremio de Obras Sanitarias, Víctor Montoya y Enzo Rearte del Sindicato de Empleados de la Educación (Saede), y el médico bandeño Juan Elías Robles.
También concurrió el comisionado municipal de La Dársena,”Pato” Gómez, quien desde Bases Peronistas arrebató la comuna a un radical.

“Por vos pagué 150 mil pesos”, le dijo el abogado Weyenbergh cuando agredió a un colega

Carlos Weyenbergh agredió a su colega Rodrigo Posse y lo culpó que por su denuncia le salió “150 mil pesos” que tuvo que “pagar” a un funcionario judicial.

El abogado Carlos Weyenbergh agredió en la cara con un paraguas a su colega Rodrigo Posse, lo insultó y le reprochó: “Tu denuncia y tu joda me salió caro porque tuve que pagar 150 mil pesos”.
El hecho ocurrió a la salida del Palacio de Tribunales, por Absalón Rojas casi Chacabuco”.
Sucedió a plena luz del día y fueron testigos un policía de apellido Góngora y varios abogados, todos los que se ofrecieron a declarar y contar las secuencias de la agresión.
Posse se quedó quieto y callado mientras Weyenbergh le descargó varias veces el paraguas en la cabeza y el rostro, dejándole una herida de consideración en el pómulo izquierdo.
Además de insultarlo, el agresor le reclamó con bronca que tuvo que pagar la abultada suma a un funcionario del Poder Judicial para que frenara la denuncia de dueños de campos contra Weyenbergh, en una causa en la que Posse actuó como abogado de los inversores.
En el desgraciado hecho, la hija de Weyenbergh intentó calmar y detener a su padre para que terminara con los golpes, mientras rogaba a Posse que no reaccionara.

El robo de campos

Weyenbergh fue denunciado junto a otra abogada y a un grupo de personas que actúan con sus directivas, por haber robado campos del producto Guillermo Masoni.
Está acusado como integrante de una asociación ilícita a través de una denuncia que tuvo amplia difusión en los medios de prensa locales y nacionales, en un escrito que firman Masoni y su abogado Rodrigo Posse.
La causa está avanzando y, prima facie, sería muy comprometida la situación de Weyenbeergh, al que todos los testigos y las pruebas documentales lo sindicarían como el “jefe” de la banda que se dedica a robar campos en varios departamentos del Norte santiagueño.

La denuncia de Posse

Al acto, el abogado Rodrigo Posse concurrió a la fiscal del Crimen de turno y formuló la denuncia por la agresión, y fue revisado y asistido por uno de los médicos forenses de Tribunales.
Describió el hecho con lujo de detalles, dictó la lista de testigos que presenciaron el hecho, y no olvidó de dejar asentados los insultos y las amenazas recibidas.
Weyenberh le advirtió que lo mataría a él y a su familia.
Y Posse también repitió ante la Fiscalía del Crimen el nombre del funcionario judicial al que, según Weyenbeerh tuvo que “pagar 150 mil pesos por culpa de tu joda de denunciarle”.
Sin duda, una temeraria afirmación que ya ha comenzado a provocar revuelos en el Palacio de Tribunales y que puede acarrear serias consecuencias para el abogado Weyenbergh.

“Plus” en los cigarrillos y “vista gorda” de Industria y Comercio

Sin la actuación de la dirección de Industria y Comercio, siguen los robos de algunos quiosqueros en perjuicio de consumidores de cigarrillos.

Desde hace pocos meses, y aduciendo “poca rentabilidad”, quiosqueros agrupados en una asociación local decidieron por cuenta propia incrementar un 15 % (1 peso) el precio de venta de los cigarrillos al consumidor, cuyos valores fijos para todo el país son consensuados por las manufactureras con la Secretaria de Comercio Interior.
Igual temperamento adoptaron para con la venta de tarjetas telefónicas por las que se recarga también 1 peso, que tienen un valor unificado igualmente.
Quienes adoptaron la unilateral medida han llegado a confeccionar sus “propias listas” de precios exhibidas en un principio al público y desde entonces, pese a las advertencias de la dirección de Industria y Comercio, los mantienen, lo cual implica una estafa al consumidor a ojos vista del organismo provincial cuya responsabilidad es precisamente la de controlarlos.
Sin embargo, otros comerciantes del rubro hicieron caso omiso a la “sugerencia” de los asociados, y decidieron comercializar esos productos a precios oficiales, pero haciendo la correspondiente salvedad mediante avisos específicos a la vista colocados en sus escaparates. Tal el caso del quiosco de Peatonal Tucumán y Libertad, donde se mantienen los valores oficiales.
No ocurre lo mismo con un negocio ubicado en Libertad y La Plata, donde el recargo por atado de cigarrillos se cobra, en este caso, 0,50 centavos de excedente.
En los primeros días de septiembre, el Ministerio de la Producción, de quien depende Industria y Comercio, hizo un llamado de “alerta” a los consumidores de cigarrillos sobre estas irregularidades, y advirtió a los comerciantes de “la ilegalidad y arbitrariedad de adicionar un plus a esos productos que se comercializan bajo normativa y reglamentación nacional (Decreto 110/91)”.
Apuntó además a los comerciantes que “de infringir tal normativa se realizara el procedimiento correspondiente, pasible de severas sanciones’.
Sin embargo, los precios adulterados en los cigarrillos y las tarjetas para telefonía móvil en algunos lugares siguen vigentes, como si el organismo competente del contralor en la provincia hiciera “la vista gorda”, y no aplicó ninguna sanción a pesar de sus inspectores.
En tanto, la llamada Asociación de Quiosqueros justifica ese incremento adicional al señalar que “hay una legislación que los ampara así como también dictámenes favorables de la Afip que determinan que no sería ilegal el cobro del adicional”.
Valga como acotación entonces: en la mayoría de esos negocios, la tickera del organismo recaudador impositivo nacional no existe y, consecuentemente, no se entrega el recibo correspondiente de compra al consumidor por lo que ese plus de recargo queda impunemente “eximido” del correspondiente gravamen al Estado Nacional.