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| La autora de la nota. |
Marta Velarde (nota publicada en el diario Clarín).
En nuestro país no hay política agropecuaria, y eso es lo mismo que no tener política económica. Gran parte de nuestros economistas, más allá de sus adscripciones ideológicas, saben de finanzas públicas, pero poco de la economía real. Gran parte de los dirigentes políticos sólo se interesa en obtener fondos para financiar gasto público, de manera deficiente, y derrocharlo en subsidiar la incompetencia.
Cuando la que esto escribe votó contra la Resolución 125 en la Cámara de Diputados, a pesar de integrar entonces el bloque oficialista, tuvo en cuenta, además del agravio institucional de esa Resolución y el clima de crispación social que el Gobierno generaba atacando a los productores argentinos, el absurdo de enfrentar al sector más moderno, competitivo, y polo de inversiones científicas y tecnológicas, que recuperó la economía nacional al coincidir con el alza de los precios internacionales a niveles que igualan a los de principios del siglo pasado, gracias a la demanda de los países emergentes de Asia.
Esta recuperación se traduce en el resurgimiento del interior argentino, y le ha significado al país salir de ese proceso que soportábamos desde 1948 de ciclos de crecimiento medidos en meses, ante la imposibilidad de pagar las importaciones que requería ese breve crecimiento. Y terminar con las recurrentes crisis de balanza de pagos, propias de fomentar actividades incapaces de exportar, de generar buenos salarios y que se limitaban al abastecimiento de un mercado interno pequeño y resignado a la mala calidad.
El campo sigue en problemas, a pesar de la recuperación del volumen total este año. La inflación ha comido las ventajas de la devaluación del 2001. Con el nivel de retenciones que soporta el productor argentino, percibe hoy por sus productos a valor real, menos pesos que en el 2001 por los dólares que genera.
Por el otro lado, se encarecen los insumos nacionales por la inflación, y paga más por las importaciones. Además, se paralizaron las inversiones en semillas, con el resultado de que Brasil y Uruguay se adelantaron en el uso de nuevas variedades, de mayor rendimiento y resistencia a las plagas.
La demanda internacional nos ofrece la oportunidad de recuperar la economía nacional, nuestra posición y rango en el mundo, y derrotar a la pobreza.
Para ello hay que desterrar la ignorancia y los prejuicios, como cuando se habla de la soja como un “yuyito”, cuando es el resultado de una cadena de valor en sí misma importante.
Se requieren reglas de juego a largo plazo y seguridad jurídica y personal. Hay mucha tierra disponible para elevar la producción argentina, y grandes posibilidades de incorporar millones de hectáreas mediante el riego y el saneamiento, como en el Valle del Río Negro, los Bajos Submeridionales, la canalización del Bermejo para riego, y con las nuevas tecnologías se puede triplicar el área irrigada de Mendoza y Santiago del Estero. Existe compatibilidad en zonas boscosas y selváticas para convivir con la ganadería.
Las retenciones no fueron eficaces para promover mayor valor agregado a las materias primas, como la integración de una cadena de valor que nos permita exportar carnes vacunas, de cerdo y pollos, alimentados con soja, porque se eligió usarlas para el gasto y el subsidio a la ineficacia.
No se ha cumplido con la cuota Hilton y sigue cerrado el mercado chino para el aceite de soja. De la visita presidencial sólo hay presuntas compras de material ferroviario que antes se producía en nuestro país.
La mala calidad de las carreteras y el desastre ferroviario encarecen los costos de transporte y provocan miles de muertes, y decenas de miles de heridos e inválidos. Es hora de aprobar la construcción de una red federal de autopistas y la recuperación del sistema ferroviario para abaratar fletes y mejorar la calidad de vida de la gente, que en un 90 % viaja en ómnibus, pues en el avión apenas viaja poco menos del 10 % de los habitantes del país.
Es tiempo de profundizar la mejora de los puertos y examinar los costos de la hidrovía en relación a otros canales y accesos portuarios y los del puerto de Montevideo.
Existen posibilidades de ampliar las fronteras agropecuarias con cultivos que se adaptan a las zonas áridas y semiáridas de nuestro territorio con aptitud para el biodiésel y los aceites para motores, como la jatropha, el cártamo, la camelina, y en nuestro norte hay mucha tierra apta para la extensión del cultivo de la caña para producir etanol.
La inversión pública se concentra en las grandes ciudades, pero poco llega a los pueblos y ciudades del interior. Hay escasez de gasoil, de gas, de energía.
Las escuelas son de menor calidad educativa. Se han levantado hospitales con pocos médicos y enfermeras. Subsisten enfermedades erradicadas en otras partes del país. Gran cantidad de pueblos y parajes de las zonas rurales carece de agua potable, y las tarifas son más altas que en Buenos Aires. El interior subsidia a sectores de mayores ingresos que viven con las ventajas de todos los servicios, y una calidad de vida comparable a regiones del mundo desarrollado.
Los dineros que se recaudan gracias a la producción agropecuaria, financian la subsistencia de sectores prebendarios de nuestra economía, incapaces de agregar ingresos por exportaciones. El país debe alcanzar en pocos años los 200 mil millones de dólares de exportaciones. Las condiciones internacionales están dadas. Faltan las condiciones internas que no se obtienen por el empecinamiento de los que gobiernan.
El campo siempre reacciona en forma positiva a los estímulos a la producción, y tenemos el privilegio que se conforma con el respeto a los precios internacionales y a las reglas claras, soportando tasas de interés excesivas, de corto plazo y la presión impositiva, cuando en otros países se perciben fuertes subsidios. Dejémosle producir, pues esta locomotora del desarrollo nos posibilitará crecer con equilibrio regional, acelerar el salto tecnológico hacia una sociedad post industrial, y erradicar la inaudita pobreza de nuestra Nación.
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