Ha pasado un año y medio y no es bueno olvidarnos de un hombre digno, valiente y ejemplar empleado público como fue Raúl Domínguez. Personas de su talla moral siempre dejan una muy buena enseñanza para los trabajadores públicos y, sobre todo, marcan el camino a los cobardes que se callan cuando, en sus oficinas o reparticiones, miran, simplemente, cómo se roban los recursos del Estado.
Domínguez cumplía con su trabajo y, a la hora en que había que hacer lo correcto, no dudó un instante en denunciar que en su ámbito laboral, la dirección general de Rentas de la provincia, se estaban cometiendo latrocinios en perjuicio de las arcas públicas. que es lo mismo que decir que algunos le estaban robando a todos los ciudadanos contribuyentes. Decimos esto porque por ahí algún tonto allegado al actual gobierno de la provincia debe pensar que Domínguez trabajaba para Gerardo Zamora y que sus haberes les pagaban los funcionarios de sus bolsillos y, en consecuencia, no debió abrir la boca.
Él saltó porque los que estafaron a Rentas le estaban sacando la comida de la boca a miles de pobres y los insumos y medicamentos de otros tantos miles que van a los hospitales públicos y no encuentran nada ni nadie que los atienda.
Como Raúl Domínguez denunció a los robadores que timbradora trucha de por medio pagaban un peso en lugar de abonar millones, lo intimidaron, lo llevaron varias veces a la policía a declarar y, finalmente, lo “levantaron” de la calle. Claro, como no quiso cambiar su declaración valiente y honesta, en la que figuraban nombres y apellidos de funcionarios y de los grandes ladrones, lo “apuraron” (por orden del entonces juez Juan Antonio Jorge), lo torturaron y terminaron asesinándolo. (Casualmente, ese último testimonio-denuncia fue extraviado por un alto jefe policial de su automotor –móvil-, cuando el documento debía formar parte del expediente y contar con la guarda del juez; dueño único y exclusivo de la causa).
Al pobre Domínguez lo mataron luego de esa declaración “comprometedora” y lo escondieron nueve días, hasta que, finalmente, lo arrojaron en un montecito cercano a su domicilio creyendo que íbamos a creerles que se suicidó.
Si alguien, por más desinformado que fuera, leyera los resultados de las pericias, determinará que fue asesinado alevosamente.
En próximas entregas difundiremos estos resultados de los expertos forenses para que los ciudadanos se informen de todas las falencias en las que cayeron los autores, sus cómplices de la policía, de la justicia y del gobierno provincial.
O para que todos nos enteremos del diabólico plan tendiente a cajonear la causa y de hacer que nos olvidemos del crimen. Algo que fue pergeñado (y está controlado), justamente, por policías, jueces, altos funcionarios y fuertes contribuyentes. Un operativo en el que, por desgracia, también la familia está siendo víctima de un perverso engaño, toda vez que el abogado, supuestamente querellante, viene desarrollando una labor que es funcional a quienes tratan de que el “caso Domínguez” pase al olvido.
