Por Sebastián Abrevaya y
Werner Pertot.
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| El jefe de Gabinete del
Gobierno nacional defendió el ajuste en áreas sensibles del Estado como el
Senasa o el Inti y cerró filas con Triaca, en el extenso reportaje. (Foto Guadalupe
Lombardo). |
Ni
la caída de la imagen presidencial, ni la polémica sobre el accionar policial,
ni el escándalo de Jorge Triaca parecen haber cambiado el tono habitual del
jefe de Gabinete, Marcos Peña. Ameno en la forma e inconmovible en el fondo, el
ministro coordinador recibió a PáginaI12 en su despacho de la Casa Rosada.
Insistió en que a su juicio “hay todavía una presunción de culpabilidad en
ciertos sectores respecto de las fuerzas de seguridad, una idea de que hay una
continuidad histórica desde la dictadura para acá” y justificó cada paso del
Gobierno, incluyendo los pasos que dio el ministro de Trabajo. “Tenemos la
convicción de que Triaca no cometió ningún hecho de corrupción”, señaló.
Peña
es la voz oficial del Gobierno también para la discusión sobre el gatillo
fácil: no piensa que pueda haber una catarata de asesinatos a manos del Estado
luego del respaldo que dio el Presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia
Bullrich al policía de Avellaneda Luis Chocobar.
-No
creemos que esté vinculada una cosa con otra -dijo durante el diálogo con este
diario-. Primero, nuestra política de seguridad está basada en el cuidado de
los argentinos, que no ha llegado en los últimos tiempos. A la democracia
argentina le ha costado resolver el tema de la seguridad ciudadana, en torno al
tema de la protección de derechos y de
la vida de la gente. Creemos que para lograr eso necesitamos fuerzas de
seguridad jerarquizadas, capacitadas, pero también respaldadas en su accionar.
Siempre, obviamente, en el marco de la ley y en el marco de los principios
democráticos. Segundo, no creemos que el policía en general esté con una
predisposición a salir a matar y que no lo hace por las señales que se les dé.
Creemos en la buena fe de los hombres y mujeres que integran las fuerzas de
seguridad. Y por eso creemos que hay que darle un beneficio de la duda y un
respaldo. Tercero, obviamente trabajamos para la prevención y, cuando haya
casos, del castigo del abuso de la autoridad, porque la contracara tiene que
ser la ejemplaridad en el trabajo.
-Si Chocobar siguiera
todo el proceso judicial y fuera condenado con sentencia firme, ¿reconocerían
su postura como un error?
-No
nos vamos a anticipar a esa discusión. Son dos discusiones distintas: objetamos
la prisión preventiva de cuatro días en una cárcel más el embargo, la
presunción de casi de culpabilidad. El policía no tiene riesgo de fuga y tiene
que ser cuidado por el sistema judicial. Hay que cuidar su vida y su
integridad. Tiene el derecho a la defensa en cualquiera de estos casos. Ese es
el corazón de la discusión. E interpreta a una enorme cantidad de argentinos
que se sintieron agraviados en esta situación.
-Recién dijo que objeta
la prisión preventiva al policía acusado por homicidio agravado, pero el
Gobierno no dijo nada cuando hubo decenas de detenidos con prisión preventiva
durante las manifestaciones de diciembre. Incluso, hubo un caso paradigmático
de un chico de 19 años que fue a pasear por Congreso y que terminó 42 días en
prisión. ¿Por qué no hubo una manifestación del Gobierno respecto de eso?
-Hay
miles de situaciones en la Argentina. Nuestro foco pasa por fortalecer la
institucionalidad y la transformación de nuestro sistema penitenciario. También
planteamos discutir la normativa en torno a la prisión preventiva para que sea
más claro y no tenga un margen de acción tan grande. La policía está en una
situación distinta por el rol que la ley le da.
-¿El Presidente hubiera
recibido a una persona procesada por homicidio si no fuera un policía?
-Él
ha recibido muchísima gente. Insisto: ese gesto tiene que ver con una discusión
no bien saldada de nuestra democracia sobre el rol de las fuerzas de seguridad.
Hay todavía una presunción de culpabilidad en ciertos sectores respecto de las
fuerzas de seguridad. Una idea de que hay una continuidad histórica desde la
dictadura para acá. Y así se genera esa presunción de culpabilidad de las
fuerzas de seguridad que no aplica de la misma manera a las situaciones de
personas que están delinquiendo. Queremos jerarquizar a las fuerzas de
seguridad en democracia. Y eso tiene un valor distinto a cualquier otra
situación. Ese símbolo tiene que ver con eso.
-Si el diagnóstico del
Gobierno es que hay una injusta “presunción de culpabilidad” sobre los agentes
de seguridad, ¿por qué eligieron para dar ese mensaje un caso que no está
resuelto judicialmente? ¿No es imprudente por parte del Presidente no haber
esperado que la Justicia se pronuncie?
-Hubiera
sido más cómodo y más fácil para él hacer lo que hizo la mayoría de la política
en estos años, que nunca respaldó a un agente de las fuerzas de seguridad.
Muchos de ellos promovían o consentían la corrupción política. Se lucraba con
eso. El no vino a hacer lo que siente que es cómodo, sino lo que cree que es
importante para salir adelante como país. En ningún momento se pretende
interferir en el proceso judicial. Pero no compartimos que en una situación
así, de un enfrentamiento, deba haber una prisión y un embargo de nueve sueldos
para un trabajador.
–El ministro de Defensa,
Oscar Aguad, planteó introducir a las Fuerzas Armadas en seguridad interior
para apoyo logístico.
-Es
falso que planteó que trabajen en seguridad interior: logística no es seguridad
interior. Está dentro del ámbito de la ley. Está previsto como un apoyo, como
lo hacen en las emergencias con su equipamiento y recursos humanos. Nos tenemos
que dar un debate de qué misión le damos a las Fuerzas Armadas en esta etapa de
la democracia y del mundo en que vivimos.
Triaca y familia
-¿Cuál fue el criterio
para mantener a Jorge Triaca tras un hecho comprobado, luego de que Juan José
Gómez Centurión debió irse ante una denuncia no comprobada?
-Gómez
Centurión dio un paso al costado provisoriamente mientras se daba una
investigación por corrupción. Luego se demostró que no había problemas y volvió
al cargo. En cuanto a Triaca, no cometió ningún hecho de corrupción ni un hecho
que vulnerase la ley. Sí un error, que lo hemos marcado. No consideramos que
por eso quede afectado lo que es Jorge Triaca como ministro, su integridad y su
capacidad para ejercer el cargo.
–¿Qué explicó sobre qué Sandra
Heredia estaba en el Somu? Además, a raíz de esto salieron otros casos de dirigentes
del PRO designados en la intervención en el sindicato de los marítimos.
-Por
supuesto que se habló. La intervención del Somu cumplió sus objetivos en
términos de transparencia y de agarrar un sindicato quebrado y dejarlo con
recursos, elecciones limpias y transparentes con voto electrónico. La selección
de personas fue para cumplir ese mandato. Y termina con el fin de la
intervención judicial. El aclaró que seleccionó esa persona para una tarea
administrativa en una oficina en San Fernando por un criterio de confianza. Y
eso consideramos que fue un error de criterio pero de ninguna manera vulnera lo
que era su tarea en el Somu.
-Después de esto, el
Presidente firmó el decreto que prohíbe a ministros tener familiares. ¿Por qué
no se incluyó a secretarios, subsecretarios y directores generales en esa
medida?
-La
Ley de Ética Pública marca un estándar que tiene que ver con la idoneidad.
Consideramos que fue un avance institucional único en el país. Y tiene que ver
con la primera línea de responsabilidad política. Ojalá que el resto del
sistema institucional llegue a ese piso y después podemos discutir más pasos.
Dimos el paso que no dio nadie.
-Pero en el mismo
decreto podrían haberlos incluido. ¿Por qué está bien que un secretario nombre
familiares y está mal que lo haga un ministro?
-Se
pueden hacer infinitas cosas. Se puede agregar hasta octavo grado de
familiares.
-El diario La Nación indicó
esta semana que solamente doce familiares renunciaron afectados por el decreto,
dando la sensación de que se trata de un gesto para salir del escándalo
provocado por el caso Triaca. ¿Fue algo más que eso?
-Es
un hecho institucional. No es ni un gesto simbólico ni nada. Hay una regla que
antes no había. Muchos se apresuraron a pensar que había cientos, pero había 12
personas.
-Claro, pero el anuncio
por parte del propio Presidente generó una expectativa como si se tratara de
algo de una magnitud mucho mayor...
-No,
bueno, pero porque presumían que había muchísimos. La verdad es que no había
tantos y las personas que se fueron son todas personas idóneas que fueron
buenos funcionarios. Creemos que es un hito institucional necesario porque
ayuda a futuro y marca un rumbo en un debate que está muy presente. Vimos en
muchas provincias que gobernadores tenían más familiares.
-El gobernador jujeño de
Cambiemos, Gerardo Morales, que tiene una importante cantidad de familiares en
su gestión, no se sumó.
-Está
en su derecho. Cada provincia tiene su realidad y su contexto institucional.
El ajuste y los despidos
-Hay conflictos por la
reducción de puestos de trabajo en el INTI, en el Senasa, en los medios
públicos. ¿Tienen un número de despidos del Estado nacional para este año?
-No.
Que yo sepa no hay un número previsto. Lo que hay es un ordenamiento que se va
dando en muchas reparticiones públicas. Han crecido muy fuertemente los últimos
cinco o diez años del Gobierno anterior sin un criterio de para qué crecieron.
Es una tarea que se va haciendo con el cuidado necesario para fortalecer las
instituciones. Hay casos de gente que no trabaja, o trabaja poco o no trabaja
bien. O hay casos en que la misma tarea se puede hacer con menos gente. El
Estado también tiene que lograr eso para el día de mañana fortalecer el caso
del concurso y de una carrera pública que no tenga que ver con ninguna sospecha
potencial de militancia, digamos, de ingreso por militancia, ingreso por otras
cuestiones así.
-En el Senasa, que se
ocupa de la seguridad alimentaria, ¿no es peligroso reducir las tareas de
control?
-No,
porque la discusión en todos los organismos es que se están logrando mayores
índices de productividad. Hay una idea muy arraigada (y me acuerdo de que en la
Ciudad lo discutíamos mucho) de que la cantidad de gente equivale a la acción.
Si hay un área como la seguridad de los alimentos con más gente, habrá una
mejor política. Y no es cierto. Por ejemplo, Aerolíneas vuela 40 por ciento más
de gente y con mucho menos déficit. La misma discusión en el Inti: su
productividad crece.
-¿Entonces para ustedes
sobra gente en el Inti?
-Obviamente
es feo hablar de lo que sobra o no cuando hablas de personas. Mucha gente entró
al Estado después de la crisis de 2001 como una forma de conseguir un pasar.
Trato de no juzgarlos. Pero el Inti en 2005 tenía la mitad de empleados. Con
menos gente, el Inti está produciendo cada vez más trabajo. Todo lo que hacemos
es para promover la creación de más empleo.
Paritarias, Moyano y la
CGT
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“No estoy a favor de la
despenalización del aborto. Sí creo en la importancia de la prevención y de
todo lo otro que se pueda hacer”, respondió Marcos Peña a Página 12. (Foto Guadalupe
Lombardo).
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-¿Por qué el último bono
por 70 mil millones de pesos emitido por el Gobierno les ofrece a los
inversores una tasa de interés del 22,5 por ciento (o la tasa de inflación más
un 3,75 por ciento) mientras que a los trabajadores les plantean que acepten un
aumento del 15 por ciento y sin cláusula gatillo?
-Primero
lo quiero dejar bien claro: las paritarias en la Argentina son libres. Han
funcionado correctamente. Ha habido baja conflictividad sindical en la
discusión de paritarias. Segundo: en un proceso de desaceleración de la
inflación era muy importante pasar a discutir inflación futura en lugar de
inflación pasada. Esto se logró. Tercero: no hay una regla general para las
paritarias. Cada sector sabe lo que puede o no pagar. La meta de inflación es
la meta de inflación y es una referencia. No es lo mismo la situación de la
salida al mercado de capitales, donde tenemos que conseguir financiamiento para
el déficit y la baja gradual que estamos haciendo para evitar un shock que la
situación de las paritarias.
-La meta de inflación en
2016 fue del 25 por ciento y terminó, según el Indec, en 40-41. En 2017,
plantearon una meta del 17 y fue del 25, también según el Indec. Ahora, después
de “recalibrarla” a fin de año, se plantea un 15 por ciento. Si bien ustedes dicen
que las paritarias son “libres” también piden que todos “pongan el hombro” y
hagan un esfuerzo. ¿Por qué por los trabajadores deberían ajustarse a esa pauta
sin la cláusula gatillo?
-En
2017 se llegó a un aumento del salario real de los argentinos. El sendero de
reducción de la inflación va a seguir y es un compromiso sacarlo de la ecuación
económica. Cada sector encontrará la mejor forma para lograr ese equilibrio.
En el diálogo con
Página 12 Peña exhibió su discurso de formas diplomáticas también cuando habló
del dirigente sindical Hugo Moyano.
-Todos
somos iguales ante la ley -dijo-. Todos
tenemos que rendir cuentas cuando la Justicia nos llama y tenemos el derecho a
la defensa. Cualquiera puede ir preso si cometió un delito y la Justicia así lo
define. En el caso de Moyano, eso lo deben definir los jueces, no nosotros.
Preguntado por la
relación con los sindicatos, buscó una imagen prescindente.
-Respetamos
la realidad sindical argentina -fue su respuesta-. Creemos que el sindicalismo
tiene un rol muy importante que cumplir. Valoramos el aporte de visiones
distintas que ha habido, dado que muchos son partes de la oposición. Fuimos
respetuosos de los procesos cuando estaban separados, cuando se juntaron,
cuando mostraron diferencias, cuando estaban más juntos o no. Lo que sí
necesitamos es un sindicalismo que pueda dar los debates para generar trabajo
en la Argentina. Lo mismo que con el peronismo, es un tema que tienen que
explicar ellos.
–En noviembre del año
pasado usted les respondió por escrito a los senadores que no iba a haber una
reforma previsional. También, unos meses antes, en plena campaña electoral
tanto usted como el Presidente dijeron que no había ningún proyecto de reforma
laboral. En ambos casos después de las elecciones se avanzó. ¿Cómo lo explican?
-Lo
que se votó en diciembre no fue una reforma previsional. Se va a votar luego de
que una comisión, que se tiene que integrar, redacte una reforma integral. Va a
llevar su tiempo. Es una discusión mucho más compleja y sensible que los tres
puntos que se aprobaron. La reforma laboral, de vuelta, tiene un problema de
etiqueta: visto desde hoy, fue un error de esa lógica de trabajo en la
negociación con la CGT de empaquetarlo en una sola ley. No hay una reforma
laboral, hay muchos temas que trabajar. Un blanqueo laboral no es lo que la
gente tiene en la cabeza cuando habla de una reforma laboral. Que haya
licencias más modernas para paternidad y maternidad, tampoco. Lo que decidimos
ahora es: se abre y se discute tema por tema.
-El Conicet desaconsejó
el uso del voto electrónico. ¿Por qué insisten con intentar llevarlo a todo el
país?
-Nunca
se planteó voto electrónico. La Boleta Única Electrónica es un sistema que ha
funcionado muy bien en los lugares que se ha aplicado y tiene un nivel de
reaseguro muy alto porque no tiene memoria, es simplemente una impresora que
ayuda a consolidar los votos. Muchas veces se plantea una confusión. Nos
basamos en la experiencia de lo que ocurrió, que es positiva. El sistema actual
no es ni transparente ni no vulnerable, cualquiera que lo analice lo
certificaría.
-¿Van a insistir con
este proyecto?
-Esa
es nuestra propuesta. No hablamos todavía en la mesa parlamentaria Cambiemos
sobre cómo se avanza en este año legislativo. Consideramos que es un muy buen
sistema y lo basamos en hechos.
-Bueno, pero en términos
científicos (los únicos casos empíricos son los de CABA y Salta) es poco
material de análisis para sacar conclusiones, ¿no cree?
-Bueno,
pero es un dato a tener en cuenta.
-¿Se está evaluando
eliminar las PASO?
-A
nivel de Cambiemos no hay consenso para avanzar con la modificación de las
PASO. Creo que la cuestión es más amplia y esperamos que se pueda abrir la
discusión sobre la ley de partidos políticos y los sistemas de financiamiento.
Se avanzará en aquello que se podrá consensuar.
Su visión sobre el periodismo
El
tiempo limitado de la entrevista (30 minutos que se extendieron a unos pocos
más) no permitió un ida y vuelta a fondo sobre el uso de la publicidad oficial
y los problemas que padecen los medios y las voces críticas o que investigan
hechos del Gobierno.
-Consideramos
que hablar de periodismo es hablar de una profesión –dijo el jefe de Gabinete–
y que agregarle un adjetivo a eso, sea el que sea, es algo que desmerece la
profesión y a los que la practican. No aceptamos la idea de plantear que juegan
un rol de oficialistas y opositores. El rol del Estado es garantizar la
libertad de expresión, garantizar la transparencia en la distribución de
recursos publicitarios, cosa que venimos haciendo. Garantizar que todo el mundo
pueda acceder, dar reportajes, hablar, dar conferencias de prensa. No estamos
tan convencidos de que la responsabilidad del Estado sea garantizar líneas
editoriales. En todo caso también están los medios públicos, que también tienen
muchas instancias de diversidad y creo que nadie puede decir que los medios
públicos hoy juegan un rol de medios oficialistas. Como dijimos en su momento,
se acabó la guerra con el periodismo y lo hemos podido sostener. Después hay
una doble realidad compleja, la transición comunicacional y tecnológica que
está generando una crisis en todo el mundo para los medios de comunicación con
el remanente de muchas discusiones de empresarios que vaciaron los medios,
porque evidentemente no tenían que ver con el objetivo periodístico. Y eso es
un tema que miramos con preocupación y tratamos de acompañar. Pero no todo es
lo mismo.
-En la última
entrevista, hace un año, le preguntamos si el presidente Mauricio Macri le iba
a dar un reportaje a PáginaI12. Y nos dijo que “es posible”...
-Sostengo
mi respuesta. (Se ríe.) Todo es posible.
No a la despenalización
del aborto
-¿Se considera
feminista?
-¿Feminista?
Ehhhh... No sé... No. No sé. Depende. Definí qué es ser feminista (se ríe).
-¿Para usted qué es?
-A
ver, si creo en el principio de trabajar por la igualdad del hombre y la mujer
y tener una visión contemporánea en ese sentido, sí. Y si creo que hay que
desarrollar políticas públicas para eso, sí.
-¿Cómo toman los
reclamos del colectivo de mujeres que se dispone a hacer un nuevo paro el 8M?
-No
vi la lista puntual de esta vez, pero en general es la agenda de trabajo que
venimos planteando, desde el plan contra la violencia de género que trabajamos
con Fabiana Tuñez y equipo, una lógica de generar incentivos e iniciativas para
la paridad de género en el ámbito laboral, de plantear una larga serie de
agenda de temas que muchas veces se han resumido en el manifiesto de Ni una
menos. Es todo parte de la agenda que venimos trabajando. Después puede haber
temas donde hay diferencia de criterio, como es el tema del aborto u otros
temas más sensibles.
-¿Están dispuesto a dar
el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso?
-No
ha habido debate sobre el tema, la verdad. Se discutirá, como cualquier tema a
nivel de Cambiemos, si hay una decisión o una vocación de plantearlo. Al día de
hoy, no ha habido eso.
-¿Macri vetaría una ley
de despenalización del aborto?
-No
podemos discutir sobre temas abstractos.
-¿Usted, personalmente,
está a favor?
-Yo
personalmente, ehhh… no. No estoy a favor de la despenalización del aborto. Sí
creo en la importancia de la prevención y de todo lo otro que se puede hacer.
Debería ser un tema que no nos divida porque está claro que nadie está a favor
del aborto, sino que son circunstancias que ocurren. Hay que trabajar en eso.
