Si la mayoría de funcionarios, “lobbystas”, empresarios prebendarios y amigos íntimos del ex intendente Julio Alegre, se animara a contar la verdad de lo que ocurrió antes y durante su comparecencia ante el juez Gustavo Herrera, la opinión pública tomaría conciencia del intríngulis que ha sido y es el expediente instruido contra el ex jefe comunal radical.
La “orden” fue, desde el principio, “voltear” a Alegre y, en ese sentido, se “instruyó” uno a uno a los ex funcionarios, empresarios “amigos” y a amigos íntimos. Se sabe, incluso, que algunos de ellos encontró la declaración escrita y lo único que hizo ante el juez y los instructores fue leer y firmar.
Se llegó a la temeridad de advertirles, alertarlos e intimidarlos: “Declaran en contra de Alegre, lo tienen que ‘hundir’ y contar todo lo que saben de sus ‘negocios’, o quedan presos”. De este modo se fue armando el rompecabezas del despilfarro municipal donde los cómplices o conocedores del latrocinio apuntaron, todos, a la cabeza del intendente radical.
Desfilaron buchones de toda laya que creyeron que iban a quedar en libertad contando lo que antes, cuando el intendente era “un rey”, callaron y consintieron. No se sonrojaron a la hora de “hundir” a quien los había hecho participar del banquete.
Ninguno (muchos con título universitario), cosquilleó frente al juez ni mucho menos se animó a denunciarlo porque, como jefe del sumario y de la causa, debió investigar conforme a derecho sin necesidad de optar por el mecanismo torpe y denigrante del que saca datos de manera prepotente y amenazando con meter preso al testigo.
La promesa del juez Herrera duró poco. Veinticuatro horas antes de jurar como camarista del Crimen lanzó la orden de detención de muchos de los que tuvo en su despacho como testigos o “cantores” de las maniobras de Alegre. Hoy, cualquiera de los nuevos imputados ni siquiera podrá pedirle explicaciones; primero porque no corresponden y, segundo, en razón de que ya no es competente. Ya no está a cargo del juzgado; ahora es camarista.
Sin duda, ninguno podrá rectificarse de lo que contó contra Alegre. Se empero, sin embargo, que cuenten quién, cuándo y a dónde les propusieron “hundir” al ex intendente radical a cambio de la libertad. O que digan que cuando fueron al juzgado se encontraron con la declaración redactada.
Si se animaran a decir la verdad de los sucesos, la ciudadanía tomará conciencia de quiénes son los depositarios de nuestra seguridad (policía) y de nuestra libertad (jueces). En el caso Alegre, la policía no investigó nada de nada, porque se limitó a contactar amigos, empresarios y allegados al ex intendente radical, apalabrarlos y llevarlos ante el juez, quien, a su vez, “instruyó” prometiéndoles que si contaban todo en contra del acusado no iban a tener problemas en su juzgado.
Después de tamaño zafarrancho bien vale reflexionar sobre la responsabilidad que tiene cada ciudadano santiagueño. Algo habrá que poner en marcha, sobre todo frente a la pasividad del gobernador Gerardo Zamora que mantiene en su cargo a Ricardo Daives (ministro de Justicia), que es el “hacedor” de esta “justicia del Nuevo Santiago”.
Algo hay que hacer, como entender, por ejemplo, que el diputado provincial peronista Francisco Cavallotti no ha estado para nada equivocado a la hora en que se presentó ante el Senado de la Nación exigiendo la intervención al Poder Judicial de Santiago del Estero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario