La hora de Santiago: crecer en democracia y respetar a las instituciones

Por  Aldo Adolfo Bravo.

En 2012 se cumple un siglo de la sanción de la ley Sáenz Peña que posibilitó el voto secreto y obligatorio, resultando electo presidente Hipólito Yrigoyen en los comicios nacionales de 1916 cuando se empleó por vez primera este sistema de votación. Insólitamente, no se admitió este derecho a las mujeres y por ello no podemos hablar de voto universal; Alicia Moreau inició la lucha por este derecho en las primeras décadas del siglo XX y recién en 1951 las argentinas pudieron emitir libremente su sufragio, a fines del primer mandato de Perón.
Es decir la cuestión de la calidad institucional en nuestro país no tuvo un tránsito fácil y todos los avances que se dieron fueron producto de arduas marchas y contramarchas. Obviamente, la situación empeoró cuando después de tres triunfos electorales consecutivos de la Unión Cívica Radical, la continuidad democrática se interrumpió con el golpe cívico-militar de setiembre de 1930, inaugurando el tiempo del Fraude Patriótico y la tristemente célebre Década Infame.

“Caso Santiago”

Lógicamente, nuestra provincia no escapó a estos vaivenes institucionales y se debatió durante el siglo pasado entre gobiernos conservadores con claros tintes caudillescos e intervenciones federales. La última intervención federal decretada en abril de 2004, a cargo de Pablo Lanusse, puso fin a una larguísima hegemonía detentada por una de las múltiples variantes del Partido Justicialista: el juarismo. Lanusse entendió imprescindible echar las bases de una nueva convivencia democrática y convocó a elecciones de convencionales constituyentes provinciales para el 31-10-04 a fin de emprender una reforma de la Constitución Provincial que brinde respuesta al pedido de vastos sectores de nuestra comunidad política y social, los que se encontraban en un clima de efervescencia por las innumerables marchas que se efectuaban en procura de lograr el esclarecimiento de los crímenes de Leila Nazar y Patricia Villalba.
Sin embargo, una medida judicial de la Corte Suprema de la Nación auspiciada por el actual diputado provincial José Luis Zavalía truncó este intento de escribir un texto constitucional que nos alejara del despropósito juarista. Por tanto, el gobierno que surgiera post-intervención federal estaba condicionado a llevar adelante una reforma de la Constitución Provincial. Esta fue la principal razón por la cual Zamora convocó a elecciones de constituyentes para el 17 de julio de 2005, apenas cuatro meses después de haber asumido la gobernación.

Triunfó el gatopardismo

Zamora: reformó la Constitución que ahora aspira a pisotear

No obstante, rápidamente quedó demostrado que sólo habría gatopardismo político, pues el PJ, los zamoristas devenidos kirchneristas de última hora y los incondicionales viables del intendente bandeño Ruiz, todos ellos contando con el padrinazgo K, confluyeron en las elecciones en una sola lista obteniendo cuarenta y cinco (45) de las cincuenta (50) bancas en disputa. Pero tal “unidad” se rompió en la sesión inaugural separándose estos 45 convencionales en tres bancadas: Frente Cívico (FC), Partido Justicialista y Movimiento Viable, y las cinco (5) bancas restantes se repartieron entre el Frente Multisectorial (2), el MST (2) y el PO (1).
Como el bloque más numeroso era el FC se quedó con la presidencia del cuerpo que recayó en manos del actual ministro de Justicia, Ricardo Daives. Y como no estaban seguros de la fidelidad de sus socios en la lista, el FC le otorgó doble voto en caso de empate al flamante presidente de la convención.
Es obvio que con una mayoría de estas características escribieron la letra de la nueva Constitución provincial sin escuchar a los sectores de la oposición y menos aun poniendo la oreja en lo que solicitaban los ciudadanos santiagueños: dejar atrás las vergonzantes prácticas utilizadas atávicamente por el juarismo.
El nuevo texto de la Carta Magna provincial fue jurado por los constituyentes a fines de noviembre de 2005 y promulgado inmediatamente por el Poder Ejecutivo.

¿Es letra muerta?

Cabría preguntarse ¿en qué porcentaje fue respetada y reglamentados sus artículos de mayor impacto sobre la vida de miles de comprovincianos?
Tenemos este interrogante abierto porque ya en el mes de setiembre de 2010, el Partido Federal -integrante del FC- hizo una muy publicitada presentación judicial ante la justicia provincial solicitando la “declaración de inconstitucionalidad de la cláusula 6ta. de las Disposiciones Transitorias…”, sin que hasta ahora se conozca respuesta alguna. Lo llamativo de la misma está dado porque fue realizada sólo unos días después de las elecciones municipales del 6 de setiembre de 2010, cuando el zamorismo perdió poder hacia adentro del FC por las victorias electorales de aquellos que responden a sus enemigos íntimos.
El Partido Socialista y otras fuerzas políticas canalizamos nuestras propuestas a través de los convencionales del bloque del Frente Multisectorial, las que fueron desechadas por la mayoría del FC.
Además, para los que priorizamos el respeto absoluto de las instituciones republicanas, resulta muy preocupante cualquier maniobra que intente modificar la letra y el espíritu de la Constitución provincial a partir de rebuscadas interpretaciones de lo que dispone expresamente su redacción.
Un juez no debe ni puede -sin menoscabo de las instituciones democráticamente elegidas- modificar lo que representantes electos por el voto popular han sancionado siguiendo todo el debido proceso legal.
Nuestra inquietud se potencia cuando observamos la campaña que solapada o explícitamente se realiza desde medios de comunicación oficialistas, la realización de pintadas en lugares públicos, a través de campañas en internet, etc., auspiciando la posibilidad de una nueva candidatura del actual gobernador, pues nuestra ley fundamental no permite tres (3) mandatos consecutivos por parte de una misma persona. O sea, el actual titular del Poder Ejecutivo provincial no está habilitado constitucionalmente a presentarse como candidato para un nuevo período.
Esto no significa atentar contra la legítima aspiración de una fuerza política a continuar gobernando una provincia, pero esto no se debe aspirarse pasando por encima de las instituciones más caras al funcionamiento del sistema democrático. Pretender modificar una Constitución provincial sólo para perpetuar en el ejercicio del poder a una persona nos devuelve al primitivismo que representó el juarismo a lo largo de muchos años cuando dibujaba leyes a su antojo y necesidades coyunturales.

Carlos Arturo Juárez.

Recordemos como antecedentes nefastos de lo que representa modificar una Constitución para satisfacer necesidades de una determinada coyuntura política, lo siguiente: la elección de constituyentes convocada por Carlos Juárez en 1985 para instalar la reelección del gobernador, lo que no logró porque perdió dicha elección; la convención constituyente de 1996 que instaló el pésimo sistema de circunscripciones electorales dividiendo a su antojo el interior de la provincia y donde sólo se adjudicaban bancas a las dos primeras fuerzas políticas más votadas; la convención post-morten de 2002 -se realizó después de las elecciones de nuevas autoridades provinciales violando así al más básico sentido común- cuando en apenas dos sesiones dio por finalizados mandatos de legisladores provinciales que habían asumido apenas unos meses antes sus mandatos de cuatro años, violando completamente la independencia del Poder Legislativo.
Una muestra cabal de la sinrazón y el garrote que impera(ba) en esos años es que el actual gobernador, entonces intendente de la ciudad Capital, convocó a elecciones municipales excluyendo la figura del vice-intendente municipal porque así lo había ordenado la gobernadora Mercedes Marina Aragonés de Juárez, consumando una increíble violación de la letra de la Carta Orgánica municipal.
También es indudable que una Constitución entraña un contrato social entre todos los que habitan un determinado territorio y, por tanto, para impulsar cualquier modificación debe darse un proceso de debate sobre los puntos a reformar para intentar luego articular un consenso sobre los mismos. Además, los partidos políticos deben dar el ejemplo y poner énfasis en la formación de nuevos dirigentes que sean capaces de llevar adelante un proyecto político para no abonar la idea de la existencia de hombres o mujeres providenciales, sin los cuales resulta imposible la continuidad de una plataforma de gobierno. Al mismo tiempo estas conductas contribuyen a oxigenar las instituciones democráticas, las que se encuentran severamente cuestionadas por una importante fracción de ciudadanos.
Por ello, el pueblo santiagueño debe exigir el cumplimiento de la letra de la Constitución provincial vigente y no avalar maniobras que tiendan a desvirtuarla naturalizando una nueva derrota institucional de las muchas que ya tenemos a lo largo de nuestra historia.