Julio Alegre (a la derecha), junto a sus abogados defensores Víctor Daniel Nazar y Hugo Frola. |
Asimismo, se prohíbe que la ciudadanía, sobre todo la de la Capital que fue la que eligió a Alegre, se pueda informar de todas las acusaciones y las defensas en torno al hombre que, supuestamente, realizó actos que habrían perjudicado y afectado al pueblo capitalino.
Si no participa la gente en las audiencias en las que se juzga a un político por no haber cumplido con sus obligaciones de funcionario público, es dejar afuera al primer protagonista e interesado (el vecino), que tiene todo el derecho de participar, con su presencia, de este juzgamiento.
Sólo en Santiago del Estero, un juicio “oral y público” no es “público”.
Encima, los medios adictos al gobierno provincial “cerraron” el caso y se quedaron callados sin cumplir con el deber primero de informar el resultado de las audiencias.
Cualquiera, entonces, podría suponer que como “todo está arreglado” y como “la sentencia a Alegre ya está redactada”, el tal “juicio” es una parodia impulsada por intereses provenientes del mandamás de la Casa de Gobierno, que convirtió al ex jefe comunal en un “preso político”.
Hasta hoy, con la simple lectura de la requisitoria fiscal (acusaciones), no surgen pruebas fehacientes y contundentes que demuestren la culpabilidad del ex intendente, y no se sabe qué piruetas ensayarán los tres camaristas para demostrar que fue, por ejemplo, “el jefe de una asociación ilícita”. Claro, sin público y sin prensa, es fácil condenar sin pruebas o exculpar con pruebas a cualquier ciudadano. (Un interrogante: ¿por orden de quién Alegre es el único de la veintena de imputados que llega y que es paseado esposado por todo el Palacio de Tribunales?).
Por ese manejo irregular del juicio oral contra Alegre, la ciudadanía tiene fundadas razones de criticar a los políticos que arman causas con el único fin de perseguir a sus adversarios, de censurar a los "malos jueces" y, por añadiduda, de seguir sintiendo esa “sensación de insatisfacción” por el comportamiento del Poder Judicial santiagueño.
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