Consejo de Educación: la situación parece mucho más graves

La Justicia tiene que investigar a fondo a las autoridades del Consejo General de Educación, porque de los contrario puede generar una reacción de docentes y empleados.

Se dice que los títulos apócrifos (o los formularios), como las planillas irregulares son confeccionados por el área de Informática y con pleno conocimiento de las autoridades del Consejo General de Educación. Y este dato lo conocen todos los empleados, por lo que el juez Darío Alarcón no sabe todavía como cerrar la causa porque, al parecer, la próxima providencia debería ser apuntar los cañones a la presidenta y los vocales del organismo (donde tiene un cargo su hermana), directoras de Nivel, directora de Administración, jefa de Compras y Suministros, y otras autoridades.
Se dice que hay pruebas contundentes sobre el manejo poco regular del presupuesto mensual de más de 10 millones que dispone la repartición. Llama la atención la infinidad de facturas por compras de bienes y servicios inexistentes, combustible, lubricantes, cubiertas de automotores, viáticos, útiles escolares, materiales sanitarios y eléctricos, comisiones de servicios, etc., donde aparecerían complicada una “bandita” de arriba con otra de abajo, porque se detectó a una ex ordenanza con auto 0Km.
Otro dato de interés. Una de las autoridades hace ostentación de que construye dos edificios, uno sobre Rivadavia y otro en Libertad y Moreno. También se advirtió que adquiere útiles escolares y otros insumos a un familiar político.
Sorprende la licitación de 3.800.000 pesos para adquirir dos micros, una combi y una camioneta, pese a que los tres rodados tendrían un costo real de 1.9000.000 pesos. Claro que la decisión del Consejo General de Educación cuenta con el aval de Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas. Ahora se espera la actitud de estos dos organismos que tienen que intervenir cuando se conozcan las conclusiones de las auditorías.

La supervisión General

Son muchos los docentes y empleados del Consejo General de Educación que critican el accionar de la supervisión General en complicidad con varios supervisores de Zona, para fraguar comisiones de servicios inexistentes de has 10 mil pesos; giras nunca realizadas; cobros por cargos otorgados; cargos acomodados en algunas escuelas; pleitos en los que se designa a un abogado pariente, el que cobra 5 mil pesos a los pobres maestros.
También la supervisión General confecciona las nóminas para jubilar a docentes mientras entre sus miembros siguen en funciones supervisores dinosaurios con 65 años.
Hay enojo por la permanencia de la directora de Nivel primario, quien estuvo prófuga de la intervención de Pablo Lanusse, y con una acusación por desaparición de mercaderías valuada en 2.000 pesos.
Se acusa también a la Junta de la primaria de exigir dinero para aumentar puntajes o “truchar” títulos, con la complicidad de una supervisora de Zona.
Hay una autoridad de supervisión de Zona que tiene una pariente con cinco cargos, y todo el Consejo General de Educación se pregunta cómo hace para cumplir con todas estas funciones.

Peleas entre empleados

Esta situación de investigaciones e irregularidades, ha dividido a empleados del Consejo General de Educación, entre los que defienden a las autoridades y los que quieren que las manden presas.
Discuten a los gritos y hasta quieren tomarse a golpes de puño. Hace poco, los insultos, empujones y cachetazos pasaron a una instancia preocupante. Fue cuando uno de los exaltados extrajo un afilado cuchillo de entre sus ropas y amenazó con “achurar” a los del otro bando. Menos mal que intervinieron otros compañeros y no lo dejaron que use su faca.
Lo bueno sería que la Justicia comience a recibir testimonio de empleados y docentes, para que se pruebe que todo lo que dice Arena Política es “pura verdad”.