Consejo de Educación: que no corra sangre por culpa del juez Alarcón

El cuestionado juez Alarcón tuvo una sorpresiva visita cuando empleados del Consejo General de Educación ingresaron a su despacho para agredirlo.

Hace tiempo que se está actuando indebidamente en las varias causas penales suscitadas en el ámbito del Consejo General de Educación, y todas las críticas apuntan al juez actuante, Darío Alarcón.
Ocurre que las autoridades del Consejo General de Educación baten parches con su denuncia por la aparición de títulos docentes apócrifos, mientras decenas de maestros caminan el Palacio de Tribunales con sus demandas por corrupción en el organismo educativo.
Alarcón sólo actúa en las causas contra los empleados y los docentes que, al parecer, en complicidad, liquidaban sueldos a maestros sin título, en una clara irregularidad con los fondos públicos. Incluso, informa primero a la prensa amiga sobre sus procedimientos contra los de abajo, quienes aparecen escrachados y posando como si fueran criminales.
Ahora, acerca de las denuncias por el latrocinio que se viene cometiendo con los fondos del Consejo General de Educación, el juez no mueve un dedo ni un expediente. Además, tiene que saberse que Alarcón no puede ni debe actuar en causas que atañen al organismo educacional, a raíz que tiene una pariente en una vocalía.

Grave incidente

Este cuestionamiento al juez Alarcón generó un grave hecho, a media mañana del viernes pasado. El abogado defensor de varios empleados incriminados por el tema de los títulos apócrifos y el pago indebido de haberes, Jorge Salomón (quien fue, justamente juez a cargo del mismo tribunal y durante la primera etapa de este gobierno), tuvo una ardua lucha con sus defendidos para impedir que agredan a Alarcón. (Salomón es pariente político del ministro de Justicia, Ricardo Daives).
Lo cierto es que los enardecidos empleados del Consejo General de Educación fueron a hacer justicia por mano propia a raíz de que una de sus compañeras detenidas, “Rita”, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) cuando fue anoticiada que para recuperar su libertad debía pagar una fianza de 100 mil pesos. Ahora se encuentra en grave estado de salud.
Los empleados avasallaron al policía custodia y a oficinistas del juzgado y buscaban “darle su merecido” a Alarcón.
También las amenazas se extendieron a la presidenta del Consejo General de Educación, a quien “prometieron” darle “un duro castigo” en la sede del organismo, “porque formuló una absurda denuncia para tapar sus irregularidades”.