La broma del juez Molinari y de la Secretaría de Derechos Humanos

Un militante del juarismo del ’70, que fue puesto preso por la dictadura militar por “peronista”, aparece acusado como “ayudante de represores”, en una resolución judicial que parece una broma.

“Cashulo” Silva se llama Raúl Humberto Silva, a quien su apodo lo hizo popular dentro de los ambientes futbolísticos (fue un destacado jugador de Central Córdoba) y políticos, militando desde muy joven dentro del juarismo.

Disfrutó las mieles de aquel gobierno fuerte de Carlos Arturo Juárez iniciado en 1973, de quien fuera un estrecho colaborador mientras los opositores y sus familias (radicales o periodistas independientes) eran despedidos de la Administración Pública, de la policía o de la docencia, a raíz de no alinearse al "líder y conductor".

Cuando llegó la dictadura militar de 1976 “Cashulo” fue preso político y estuvo 7 meses en la cárcel (de los cuales pasó 49 días incomunicado y sin ver la luz del sol), por la única culpa de haber sido una suerte de secretario de Juárez; quien había fugado a España.

Por ello, la imputación tardía, extemporánea y antojadiza del juez Federal Guillermo Molinari es una broma.
Los que tienen unos pocos años más que Molinari nos jactamos de recordar qué hizo cada uno dentro de la política santiagueña desde la década del ’70 hasta nuestros días. Ubicamos a los que delinquieron y a los que se comportaron como señores; a los que reprimieron con los militares y a los que fueron perseguidos por los uniformados, y a los que oficiaban de “buchonos” y a los que “escondían” en sus casas (con mucha valentía) a los muchachos sindicados como subversivos.

“Cashulo” jamás estuvo del lado ni de la policía ni de los militares, por lo que la decisión del juez Molinari es fruto de mentes enfermizas o fantasiosas.

Con urgencia, éste juez debería poner en caja a los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos que funciona en el seno del Juzgado Federal para que al menos tengan en claro quiénes fueron los represores y quienes los perseguidos y presos en la época de plomo en la Argentina y en Santiago.

Ahora, si los funcionarios de ésta Secretaría de Derechos Humanos quieren justificar sus escandalosos sueldos (el que menos gana cobra 20 mil pesos por mes), que lo digan y que Molinari siga comportándose como un bromista y no como un juez en serio.