Gerardo Montenegro y su voto sobre los fondos “buitre”

El senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Antenor Montenegro, brindó un amplio panorama con la historia, el desenlace y el final del desendeudamiento con los denominados fondos “buitre”.

A poco de fundamentar su voto en el Senado de la Nación, nuestro representante Gerardo Antenor Montenegro respondió con claridad y enjundiosos argumentos a un cuestionario de Arena Política sobre el arreglo que propuso el presidente Mauricio Macri con los fondos “buitre”. De entrada no titubeó en ratificar que es necesaria la mejor ley porque queremos concluir con el proceso de desendeudamiento que comenzó en forma exitosa el gobierno de Néstor Kirchner y que luego continuó con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”.

Montenegro, además, se puso al lado de gobernadores e intendentes de todo el país “que tienen que gestionar en una situación muy delicada donde todo parece estar estancado”.

A continuación, transcribimos el amplio reportaje concedido por el senador nacional por Santiago del Estero, quien además es secretario Adjunto de la CGT, secretario general de Upcn y presidente de la prestigiosa entidad basquetbolística Quimsa.

-¿Puede explicitar su definición de “desendeudamiento exitoso” iniciado por Néstor y Cristina?

-Así es. Hagamos un poco de memoria. La deuda pública externa de la Argentina comenzó con la dictadura militar y se potenció en la década de los ‘90 con la convertibilidad, para asumir ribetes astronómicos con el mega canje de Domingo Cavallo en el año 2000. Esos gobiernos autorizaron, al momento de emitir bonos de la deuda, lo que los abogados denominan prórroga de jurisdicción. Es decir, someterse a los tribunales extranjeros cuando emitieron los instrumentos de deuda. ¿Para qué? Para que sean esos tribunales, y no los de nuestro país, los que entiendan en todo litigio que se ocasione en relación a ellos.

Sabemos también lo que pasó después. Se declaró el default en el año 2001 y ese mismo año uno de los fondos más hostiles, el NML, presentó ante el juez de Nueva York Thomas Griesa once demandas. Ese mismo fondo es el que solicitó el embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana y que también pretendió embargar los fondos que el Banco Nación tenía depositados en Nueva York.

-Insistimos, ¿por qué considera que fue un “proceso exitoso de desendudamiento?

-Sí, claro que lo fue. Mire, Néstor Kirchner inició el proceso de restructuración de una deuda en default, considerada la más importante del mundo en ese momento. Mediante el canje de títulos de los años 2005 y 2010, entraron y arreglaron en esa propuesta el 93% de los tenedores de deuda en default, insumiendo para nuestro país casi 30.000 millones de dólares. Reitero, cubriendo al 93% de los tenedores de esos títulos. Ahora estamos arreglando con el 7% restante en 12.500 millones de dólares. Fíjese entonces, si los canjes anteriores no fueron exitosos, si comparamos con el actual acuerdo. Por supuesto que éste no es el mejor arreglo, pero es el único posible hasta ahora.

-El Frente para la Victoria, aliado suyo, dice que es un mal arreglo. ¿Por qué, entonces, consera que se debe acompañar al oficialismo en este caso?

-Primero quiero aclararle que no estoy diciendo que voy a acompañar, sólo estamos analizando las posibles conveniencias de hacerlo.

En primer lugar la Argentina, y con esto redondeo lo que estábamos hablando anteriormente, recurrió todas las instancias judiciales que pudo sostener, pero en junio del 2014 se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de no intervenir. Es decir, no entender en la causa del fondo NML contra la Argentina por el default de su deuda del año 2001. Entonces, siendo esta la última instancia de apelación de nuestro país para defender su posición, quedó firme el fallo del juez Griesa en el que se nos obliga al pago. Además, se incluyó otra medida, que fue obstruir los pagos de las obligaciones de deuda argentina con los bonistas que sí habían entrado en los canjes hasta tanto se resuelva la situación con los fondos buitres o holdouts; a esta altura bien llamados buitres.

Llegado a esta instancia ya no hay más nada que discutir porque existieron decisiones judiciales en distintas instancias con jurisdicción de un país extranjero que nosotros mismos aceptamos, llegándose incluso hasta la Suprema Corte norteamericana. Todas con sentencias adversas y las sentencias ya no entran en el ámbito de la discusión, las sentencias se cumplen, aquí, en Estados Unidos y en la China también. Si no lo hacemos producimos un daño irreparable a la Nación por falta de credibilidad y por incumplimiento de una sentencia que nosotros mismos fuimos a buscar, porque reitero, nos sometimos a la obligación legal de aceptar un resultado, aunque ese resultado sea injusto, como ciertamente lo es.

Si acompañamos o no lo terminaremos resolviendo en el pleno de la sesión, pero quiero también recordar que es el Congreso Nacional quien tiene, entre sus atribuciones constitucionales, la obligación y el derecho claro está de arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Nación. Lo estipula el mismo artículo 75 de la Constitución Nacional en su inciso séptimo. Por lo tanto no podemos dilatar ni desentendernos del tema, es una obligación, reitero, impuesta en la misma Constitución y en la que mi firme convicción y la conveniencia hacia el pueblo de Santiago del Estero será determinante para tomar una decisión.

-¿No cree que sería como arreglar a cualquier precio?

-No, por supuesto que no. Por eso las arduas negociaciones que se fueron sosteniendo en el tiempo desde el gobierno de Cristina Kirchner, quien no dejó nunca de negociar para encontrar una solución final. Esto lo quiero resaltar, porque parece que ahora la cuestión es culpar al anterior gobierno por dilatar la resolución del tema, cuando todos sabemos que la famosa clausula Rufo era como una espada de Damocles para cualquier arreglo. Vencía recién el 31 de diciembre de 2014 y por lo tanto ceder a mejores concesiones con el 7% restante que quedó fuera de los canjes antes de esa fecha, era suicida para nuestro país. Durante el 2015 se siguió con las negociaciones y hasta se logró un rotundo éxito con el pronunciamiento y acompañamiento del conjunto de la mayoría de las Naciones en la ONU.

Incluso, por iniciativa del Poder Ejecutivo, sancionamos la ley de pago soberano intentando cambiar de jurisdicción; es decir se siguió trabajando para solucionar el problema hasta el último momento.

Claro que hay que recordar que el año 2015 fue el de las elecciones generales, donde uno de los candidatos con mayores posibilidades y que terminó siendo el presidente de la Nación, decía que había que pagar tal como Griesa sostenía en sus sentencias. Entonces, fue muy difícil para el gobierno de Cristina sostener su postura que siempre fue mucho más dura, claro está. Por eso todo el trabajo realizado hasta aquí no se va a perder como dice usted a cualquier precio. Será dentro de las condiciones en juego la más conveniente. O, no será.

-¿Por qué entonces no demorar el acuerdo para seguir negociando, tratando de obtener un mejor arreglo?

-Reitero, no es el mejor arreglo pero es el posible en este momento ya que existe una sentencia judicial en contra que, a medida que pasan los días, va sumando más y más intereses por el incumplimiento y así seguiremos pagando más. No podemos desconocer las sentencias judiciales, mucho menos cuando acudimos a jurisdicción extranjera en forma voluntaria. Hay que arreglar, sin duda, y en eso estamos. Ahora que esto se tome como una victoria para el gobierno actual, lejos de eso. Sólo se trata de resolver con la más plena convicción y analizando las conveniencias o no de hacerlo.

-¿No cree que damos la sensación que nos dejamos avasallar hasta en el p’lazo en el que se nos exige que tengamos la ley sancionada?

-No, no lo creo así. Se llevan a cabo intensas reuniones con todos los sectores posibles y se hicieron importantes modificaciones en Diputados que se incorporaron al proyecto original. Y si en el Senado consideramos que aún se puede mejorar, haremos las modificaciones del caso y volverá el proyecto a diputados hasta que logremos la mejor ley posible. Que acatemos las sentencias, es lo que corresponde, pero ningún juez nos exigirá los plazos en que la ley se sancionará. Si coincide mejor, pero si no se hará en los tiempos en que logremos la mejor ley para cumplir con la sentencia y donde nuestro país salga menos perjudicado.

Situación preocupante

-¿Podemos  pensar que terminado el arreglo de los “buitres” vendrán las inversiones al país?

-No, este arreglo de los bonistas es sólo un tema de los muchos que el gobierno debe encarar en forma seria y determinante. El pago a los buitres no es suficiente para atraer al inversor tanto argentino como extranjero, es una buena para el mercado internacional, pero no la única. Para que las inversiones lleguen se tienen en cuenta muchos factores, la baja de la inflación, la paz social, la seguridad jurídica, reglas claras y un pueblo contenido, en el sentido de lograr la armonía para continuar con el crecimiento.

La situación actual es muy preocupante, los despidos, el desempleo, el empleo no registrado y la alta inflación son problemas serios que no se solucionan sólo votando positivamente el acuerdo con Griesa.

Si se aprueba el acuerdo, solo será una señal para los mercados, pero no atraen por sí sólo a los inversores, reitero, se necesita un buen plan de gobierno que genere condiciones de crecimiento para el país y donde se incluya a la gente, donde el trabajador esté adentro de ese plan, no afuera.

Con esto quiero decir, que si aprobamos el acuerdo no significa que el Presidente tendrá un cheque en blanco. Endeudarnos para pagar deuda no es un logro ni significa la solución a todos nuestros problemas; como legisladores es nuestra obligación constitucional arreglar el pago de la deuda para cerrar el capítulo del desendeudamiento en nuestro país y poder acceder al mercado de capitales a tasas convenientes, de manera que el conjunto de Nación y provincias podamos retomar la senda del crecimiento. Pero reitero, será enorme el esfuerzo que tendremos que hacer los argentinos. Por eso, no creo conveniente que se nos pretenda apurar con eufemismos como que o se arregla ahora y en estas condiciones, o es el caos. Analizaremos profundamente como lo estamos haciendo en los debates previos, con la plena conciencia y convicción que arreglar el tema de la deuda es lo más conveniente para el país, pero no con condicionantes que consideramos no son los más convenientes para el conjunto de los argentinos y en mi caso para mis hermanos santiagueños. Haré lo más conveniente para mi provincia y luego de todos los debates, en el pleno del Senado estará la decisión final.

-Cuáles son las modificaciones más importantes que se hicieron en Diputados?

-Fueron varias. En principio se pone límite a la toma de deuda ya que el proyecto original no fijaba cifras para el endeudamiento por eso se puso un tope de 12 mil 500 millones de dólares, estipulando además que todos los préstamos que sean tomados con ese fin deben ser destinados sólo al pago de la deuda.

Se reformuló el art. 5 del proyecto, siendo ahora más específico por cuanto recién cuando se levante el Pari Passu se hará el pago a los holdouts y además, se condiciona el pago a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York tenga un fallo favorable para el país y deje sin efecto los amparos que prohíben emitir deuda a la Argentina. Se incorporó también un límite a las comisiones poniendo un tope máximo de 0,2%. Y muy importante también fue la eliminación del segundo párrafo del artículo 10 del proyecto original, por cuanto afectaba las potestades tributarias al vulnerar principios de nuestro federalismo constitucional.

Mirar para delante

Montenegro, Ada Iturrez de Cappellini y Gerardo Zamora, los tres senadores nacionales por Santiago del Estero, que en la tarde de este miércoles participaban de la sesión en la Cámara Alta.

-Si llega a votar en positivo, ¿no es contradictoria su argumentación ya que usted votó la ley de pago soberano que ahora se va a derogar?

-En absoluto. La ley de pago soberano era el instrumento legal necesario para preservar el proceso de reestructuración de toda la deuda. No se olvide que en ese momento hasta la Suprema Corte norteamericana nos obligaba al pago; por lo tanto esa ley era necesaria como un instrumento más de negociación. Entienda que en ese momento, estirar el plazo de resolución del conflicto con los holdouts para nosotros era muy importante por diversas razones; primero teníamos que esperar el vencimiento de la clausula Rufo hasta el 31 de diciembre de 2014, que era la cláusula que garantizaba a los bonistas que entraron al canje que si en un futuro se ofrecían mejores términos de pago a otros tenedores, ellos, quienes habían entrado en el canje tendrían derecho a exigir lo mismo.

De esta manera, dejando cumplir ese plazo el gobierno podría negociar con los holdouts mejores condiciones de pago sin tener que ofrecérselas también a los bonistas que ya habían ingresado al canje. Sin embargo ese mismo año creo, si mal no recuerdo por el mes de junio de 2014, la Suprema Corte norteamericana resuelve no tomar el caso, entonces el fallo del juez Griesa quedaba firme, perjudicando a los bonistas que habían entrado en el canje ya que no podían cobrar. Entonces el gobierno promueve la sanción de la ley de pago soberano, que habilitó el cambio de la jurisdicción para el cobro de futuras obligaciones de pago declarando la incapacidad del banco de Nueva York como agente fiduciario. Se intentaba así que los bonistas pudiesen cobrar por Banco Nación o en jurisdicción francesa. Esta ley permitió un nuevo canje con los acreedores que todavía no habían reestructurado, y remite a la ley 26886, que es la ley de reapertura del canje que estipulaba que nunca podían darse mejores condiciones a las ofrecidas a los acreedores en los canjes de 2005 y 2010.

No quiero marearlo, esto ya es historia, pero hay que recordarla, sobre todo cuando ligeramente se dice que el gobierno anterior no resolvió la cuestión. Hay que ser prudentes, no es un tema sencillo y muy por el contrario fue el gobierno kirchnerista el que tomó el timón para resolver deuda contraída en gobiernos anteriores. Pero ahora, hay que mirar para adelante y es urgente terminar con este conflicto de la mejor manera posible y a eso estamos abocados, analizando las mejores soluciones para nuestro país y con la única urgencia que es la nuestra, la de todos los argentinos, que somos totalmente conscientes que tenemos que procurar resolver en los tiempos que sean necesarios y en la medida en que no se nos siga acumulando más intereses.