Primer "regalo" post elecciones: Fueron cesanteados a 400 pasantes del Poder Judicial

A poco de terminadas las elecciones, empezó el ajuste presupuestario en la provincia. “Vamos por los que no nos van a crear conflictos”, habría sido la premisa de las autoridades gubernamentales.

Se dice que en los cuatro años de este gobierno radical-kirchnerista se recibió la bonita suma de 25 mil millones de pesos; al margen de otros fondos nacionales para obras financiadas por el gobierno federal. Bueno sería que se informe, algún día, puntualmente, en qué se consumió la friolera de 25 mil millones de pesos.

Lo cierto es que hoy, en el quinto año de éste gobierno provincial, ya no hay reservas y, los que saben, aseguran que hoy el fisco santiagueño está debiendo 2 mil millones. Por ello, apenas terminaron las elecciones del domingo 28, se inició el ajuste y se la tomaron con los 400 muchachos y chicas que hacían pasantías en el Poder Judicial.

Desde ayer, quedaron cesanteados y dejarán de percibir sus 400 pesos mensuales.

Al parecer, los pasantes estaban exigiendo que se les aumentaran 200 pesos -conforme al convenio vigente- y también que se los dotara de servicios sociales. Pero las autoridades, antes de abordar y discutir este petitorio, decidieron dejarlos en la calle.

Ahora, notificados que fueron, los pasantes cesanteados van a recurrir al gremio de los judiciales en procura de que inicien las gestiones y las reivindicaciones, después de lo que califican como “un golpe artero” por parte del poder administrador.

Se viene una lluvia de denuncias

Por Deyes Sosa

A partir del primero de julio, si el resultado electoral le es adverso -como se supone-, al matrimonio gobernante, los argentinos debemos prepararnos para recibir una verdadera "lluvia de denuncias" que se encuentran escondidas en los juzgados por el imperio de la impunidad gubernamental.

El titular de la Asociación Civil Anticorrupción, el abogado Ricardo Monner Sans, presentó el lunes 22 una denuncia penal en la Justicia Federal para que sean investigados cuatro hechos irregulares que involucrarían a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al titular del Comfer, Juan Garbriel Mariotto.

En efecto, se le requiere al juez Marcelo Martínez de Giorgi que verifique si un avión privado de la petrolera Repsol-YPF, "propiedad de españoles", que llegó de Europa a recoger a la presidenta Cristina Fernández y la transportó a Ginebra a la reunión de la OIT.

Monner Sans cuestionó el supuesto alquiler del flete aéreo que transportó a la Presidenta hasta Suiza. “¿Cuánto costó esa contratación, y de haber sido una 'gentileza' de la siempre privilegia Repsol-YPF, cómo se compadece ello con las directrices de la ley de Ética Pública 25.188?", es la pregunta aun sin respuesta.

También hay otra denuncia que se refiere a la agencia estatal de noticias. El abogado pretende que la justicia determine si la Presidente le quitó a Télam la ejecución de la pauta publicitaria oficial correspondiente a la AFIP, el PAMI y las superintendencias de Salud, Riesgos de Trabajo y Seguros. Lo de siempre, el manejo de la torta publicitaria. En ese caso, pidió que se aclare “¿quién o quiénes la han sustituido?" en el manejo de ese dinero público.

Otra denuncia esta referida al inefable secretario de Transporte. El diario La Nación reveló a fines de mayo que Ricardo Jaime utiliza a piacere un jet privado con matrícula de los Estados Unidos, valuado en más de 4 millones de dólares.

Ahora, Monner Sans exigió saber “de quién es la sociedad titular del sofisticado aparato" para establecer si el funcionario incurrió en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, designaciones ilegales e infracción a la ley de Ética Pública.

El mediático letrado quiere saber sobre la designación de Juan Gabriel Mariotto al frente del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). De acuerdo a la presentación, podría tratarse de una ilegalidad ya que el funcionario tuvo una radio comunitaria en Temperley, luego vendida a "Aribet SRL". Esa emisora habría sido declarada ilegal por el ente regulador, pero de todas maneras consiguió un permiso precario en 2005.

A nivel local, bien podríamos pedir a Monner Sans que investigue qué tiene que ver Eduardo Fellner con la designación de Pedro Simón como fiscal del Juzgado Federal local. Porque, en una de esas, también paramos la designación o promovemos la denuncia.