Por Balban Ortiz. (Primera parte)
Todos sabemos que Abelardo Jorge Basbus (a) “Lalo”, desde hace años es titular – “a dedo” dicen los abogados del foro local por su estado en comisión- del juzgado del Crimen de segunda nominación en Santiago del Estero, y que desde que asumió ese cargo fue reiteradamente denunciado por estar incurso en los delitos de: negociaciones incompatibles con la función pública (aceptó un cargo en la justicia siendo abogado y comerciante), y por la emisión de una cadena de cheques sin fondos que lo colocaban -al momento de su asunción- en una flagrante incompatibilidad para ejercer cargos públicos.
A los pocos días de la asunción del gobernador Gerardo Zamora (quien no es ajeno al nombramiento de éste cuestionado funcionario judicial, pues siempre estuvo en conocimiento de las incompatibilidades a causa de las denuncias interpuestas por particulares que aun no encuentran eco en los juzgados del Crimen competentes para entender dichas imputaciones), se conoció el curriculum del magistrado.
El juez Basbus tiene entre sus manos, mejor dicho en el último cajón de su escritorio, un sinfín de causas que no se resuelven, desde el caso Orozco, pasando por el papelón que hizo con la causa Raúl Domínguez, hasta el nunca bien ponderado Carlos Arturo Juárez, amén de todos los corruptos ex funcionarios juaristas.
Al parecer, tiene la orden de mirar para otra parte cuando se le pide rendición de cuentas, y siempre tiene que solicitar la venia del mandamás de turno antes de emitir resolución alguna.
Este triste papel es el que cumple este atribulado, “incompatible” e incompetente funcionario judicial que en la actualidad se encuentra reiteradamente denunciado por el mal desempeño en sus funciones, persecuciones, violación de deberes, etc.
Es el mismo que desde que asumió dispuso la “acumulación” de dos causas sobre préstamos internacionales contraídos por el régimen juarista en la década del 90. Esas actuaciones que tienen en juego 7.5 millones de dólares, se acumulan a la de los 120 millones de dólares solicitados por el “juarismo” mediante un escandaloso procedimiento que, como es de público y notorio conocimiento, parece que no quiere investigar.
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