José quiere interpelar a Daives

Cuando el gobierno provincial y, sobre todo, el ministro de Justicia, Ricardo Daives, aspiran a que todos los santiagueños se olviden para siempre del asesinato de 39 presos
en el Penal de Varones de nuestra capital, apareció un diputado, el abogado José Luis Zavalía, para refrescarnos la memoria de todos.

José, el único que hace oposición en la Legislatura provincial, dejó calladitos a la inmensa mayoría del Frente Cívico y sus aliados de Compromiso Social y Corriente Renovadora, porque presentó un proyecto para interpelar a Daives, justamente, para que, de una vez por todas, diga quiénes y por orden de quién, dieron muerte a los reclusos, en un hecho que se difundió por todo el mundo.

Zavalía no hizo otra cosa que encauzar un reclamo popular sobre una masacre sin precedentes y que todavía no está esclarecido.

Corresponde, por cierto, que el ministro del área, Daives, vaya a la Legislatura.

José Zavalía formuló la siguiente fundamentación:

“Parece imposible que 40 seres humanos puedan morir en medio de las llamas, encerrados, hacinados, en el establecimiento penitenciario de una sociedad civilizada.

“Parece increíble que centenares de miembros de sus familias, que se agolparon a las puertas de la cárcel la noche de esa tragedia, fueran reprimidos, en vez de auxiliados en su desesperación.

“Pero más increíble aún es que un gobierno provincial, que se llena la boca con la frase ‘defender los derechos humanos’, permitiera mantener una situación que, desde años atrás, se conoce como explosiva. Pues todo el mundo sabía en Santiago del Estero que la Cárcel de Varones era un establecimiento decrépito, absolutamente inseguro, y que los presos estaban amontonados, en pésimas condiciones de higiene, en medio de condiciones tan precarias que cualquier chispa podría haber provocado un incendio en cualquier momento.

“Todo el mundo lo sabía. Menos el gobierno de la provincia, al parecer.

“El gobierno no sabía nada, y menos su ministro de Justicia. No sabía que los presos pasan años en condiciones deplorables, y un inmenso porcentaje de ellos sin condenas firmes.

“No sabía que es una tendencia histórica de los cabecillas el quemar colchones por lo que se deberían haber tomado medidas para reducir al mínimo esa posibilidad.

“Pero lo grave es que esta tragedia estaba siendo anunciada desde hacía rato por los abogados de algunos internos. En presentaciones judiciales, varios letrados solicitaron, apenas semanas o días antes, el traslado de sus defendidos. Pues se percibía claramente que podía ocurrir una tragedia en el penal.

“El calor infernal, los malos tratos a los familiares, el hacinamiento inhumano, las demoras en la resolución de las causas, y la cantidad de situaciones irregulares dentro del penal, permitían vaticinar esto.

“Pero el ministro de Justicia, principal autoridad en el área, nunca se enteró.

“De hecho, ni el ministro de Justicia ni el Defensor del Pueblo ni funcionario alguno, salvo autoridades de segunda o tercera categoría, se hicieron presentes aquella noche trágica en el Penal.

Los familiares de las víctimas, desesperadas, no supieron a quién recurrir. Además de ello, fueron víctimas del maltrato permanente, del desprecio, del escarnio de quienes evidentemente, no fueron preparados para reintegrar a quienes tuvieron la desgracia de delinquir, sino para volverlos aún peores con su incomprensión.

“Posteriormente, cuando todo había terminado, y la papa caliente les quemaba las manos, por haber trascendido por Internet y los medios nacionales, se comenzaron a aplicar los parches.

“Ordenar investigaciones que deberían haber sido hechas hace años.

“Solicitar aportes al gobierno nacional para construir establecimientos mínimamente seguro, otra falla que debía haberse considerado hace años.

“Fue necesario que 40 personas murieran -varias de ellas sin haberse probado que fuesen delincuentes-, para que recién al ministro de Justicia se le prendiera la lamparita e implementara una "capacitación" del servicio penitenciario.

“Aclaremos que aún siendo delincuentes nadie merece morir (en nuestro país no existe la pena de muerte, y celebramos que esto sea así) y menos de la manera horrenda en que fallecieron esos internos.

“Después que todo hubo ocurrido, el camino seguido no fue la inmediata renuncia del ministro de Justicia, como se imponía. Incluso sin que nadie se la requiriese, una persona con ética tendría que haberse apartado de una función que evidentemente no había podido desempeñar con eficiencia. Por el contrario, quedó atornillado en su magistratura. No sólo eso, sino que luego fue confirmado para una segunda gestión.

“Con los familiares se usaron las viejas tácticas de los que no gustan del camino recto.

“Amenazas, presiones, combinadas con dádivas, ofrecimientos de beneficios, a cambio de su silencio.

“Hoy, después de tanto tiempo transcurrido, aún deambulan los familiares de las víctimas. Quedan pocos que no han sido desanimados completamente por la injusticia de su situación.

“Pero esos pocos, pese al tiempo transcurrido, jamás obtuvieron solución.

“Con esos pocos, pero por todos quienes padecen injusticia, lucharemos nosotros. Para demostrar que aún quedan personas nobles y dignas en esta sociedad. Y que a pesar de tanta miseria, aún es posible la esperanza en un Santiago Mejor”.