Los pegaron y balearon, y encima los discriminan

Quince o veinte empleados de la Fundación “Madres de Plaza de Mayo” castigados por el gobierno de Zamora, que decidió castigar a quince o a veinte, sin liberarles el pago de sus salarios.

Con total perversidad, Gerardo Zamora, Elías “Sugus” Suárez y José Emilio “Pichón” Neder decidieron, en la mesa chica, “castigar” a quince o veinte empleados de la Fundación “Madres de Playa de Mayo”, a quienes los acusan de instigadores de las protestas en la Casa de Gobierno que terminaron con obreros, esposas e hijos apaleados y baleados en las calles de la ciudad.
Hay que saber que de los casi 600 empleados santiagueños, fueron alrededor de 280 los protestaron en la plaza San Martín, pacíficamente, y salieron a reclamar sus haberes a los funcionarios deudores.
Los fondos para pagar a todos llegaron de la Nación, pero tras feroz represión, Zamora, “Sugus” y “Pichón”, decidieron liberar los haberes de 540, dejando apresada la plata de 15 o 20 empleados a los que se los sindica como “fogoneros” de la marcha y protesta públicas.
Cobró la mayoría, pero estos “compañeros” no recibieron un peso, repetimos, a pesar que el dinero está en sus cuentas. Van a cobrar cuando se les ocurra a los jerarcas de la Casa de Gobierno.
Lo que hace Zamora, como abogado, es una práctica desleal para someter a una división a los trabajadores de la Fundación “Madres de Plaza de Mayo”, y una clara discriminación a los afectados.
Todos, no sólo quince a veinte, fueron a reclamar por sus salarios a un Estado provincial deudor y que se enreda en demoras burocráticas. No fueron a robar o a cometer tropelías, sino a exigir el pago de un derecho ganado con trabajo.
Ni siquiera se contempló el acto solidario de los empleados que, cuando fueron incorporados al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (Ipvu), se despojaron de intereses personales y optaron por el interés general. De las ocho horas que cumplían en la Fundación “Madres de Plaza de Mayo”, la redujeron, voluntariamente a seis horas, y aceptaron la quita del importe por refrigerio. Todo para que nadie quede sin trabajo.
Pero el gobierno los somete a la humillación, al apriete y a la acusación injusta.
¡Toda una barbaridad!