Escandalosas ostentaciones de riqueza

Editorial de La Nación, de Buenos Aires.

Sorprende a la ciudadanía los fuertes aumentos patrimoniales en las declaraciones juradas de funcionarios en las distintas etapas del kirchnerismo.

La presentación de las declaraciones juradas de bienes de las máximas autoridades del gobierno sigue siendo motivo de escándalo, tanto por los astronómicos incrementos de la riqueza de quienes nos gobiernan como por la paulatina pérdida del sentido original que tenía la presentación de estas declaraciones, que terminan exhibiendo con impudicia el enriquecimiento.
Veamos dos casos, las de la Presidenta y del subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido ex presidente. Ambas corresponden a 2010. La de Cristina Kirchner ha motivado, como informó La Nación el jueves último, un pedido formal por parte de Manuel Garrido a Julio Vitobello, el responsable de la Oficina Anticorrupción (OA), para que le exija a la Presidenta aclaraciones sobre lo que considera “inconsistencias” y “puntos oscuros”.
Garrido, ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y hoy candidato independiente a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por las listas de Unión para el Desarrollo Social (Udeso), fundó su pedido en “el enorme incremento” del patrimonio de la Presidenta, que entre 2009 y 2010 pasó de más de 55 millones de pesos a 70 millones. Además, le recordó a Vitobello que era su obligación pedir explicaciones y reclamar documentación respaldatoria, de acuerdo con el artículo 13 de la ley de ética pública.
Según Garrido, el aumento de la riqueza presidencial se debió, principalmente, a los intereses que le dieron los plazos fijos en dólares y en pesos, porque estos últimos le generaron una renta de más de 12 millones y medio de pesos, y agregó que las inversiones en entidades financieras representaron el 86 por ciento de su incremento patrimonial.
La llamativa magnitud de los intereses que habría cobrado la Presidenta explica por qué el ex fiscal consideró que es preciso que Vitobello solicite los documentos respaldatorios, entre los que también incluyó los contratos de locación de los alquileres de las veinticinco propiedades que posee la Presidenta, incluidos el hotel boutique Los Sauces y el hotel Alto Calafate. “Los pedí -sostuvo- para que la OA determine si los enormes ingresos por alquiler que declara provienen de fuentes genuinas y no para ‘blanquear fondos de dudoso origen’”.

El Kirchner

En cuanto a la declaración de Carlos Santiago Kirchner, quien se desempeña en el Ministerio de Planificación, arroja, según Perfil, un incremento patrimonial nada menos que del 93 por ciento en un solo año: de 3.193.750 pesos a 6.185.232.
Cuando su primo el presidente lo puso al frente de la subsecretaría, le encomendó una misión tan amplia como ha resultado su fortuna: “Coordinar, intervenir y participar en propuestas, elaboración, ejecución, marco regulatorio, procesos licitatorios y o contrataciones directas relacionadas con obras de infraestructura pública habitacional, vial e hídrica y colaborar en el asesoramiento y control en cuanto a obras públicas a realizar y su posterior ejecución”.
Su caso, el de la Presidenta y otros funcionarios de riqueza asombrosamente veloz muestran que la presentación anual ante la OA de las declaraciones juradas de bienes se ha convertido en un simple trámite mecánico porque los extraordinarios incrementos que ostentan algunos no generan, hasta donde se sabe, la correspondiente investigación por parte de la OA y de otros organismos de control, como la Afip.
Como hemos subrayado en esta columna, desde el advenimiento del kirchnerismo al poder, la OA, órgano encargado de controlar a los funcionarios, dejó de cumplir su obligación, haciéndose evidente su vicio de origen: dependiendo del Poder Ejecutivo, debe investigar a sus integrantes. Con Vitobello, dejó de hacerlo.
En cambio, cualquier ciudadano es sometido a escrupulosos monitoreos, que se convierten en acosos fiscales y persecuciones cuando se trata de empresas, empresarios, medios de prensa y periodistas críticos del oficialismo.
Ante este bochornoso panorama, lo que ha pedido Garrido, la documentación respaldatoria que justifique las fuertes subas en la riqueza presidencial, debería convertirse en un requisito obligatorio para todos los funcionarios. De otra manera, pierde su sentido original de transparencia la presentación de las declaraciones y ésta se convierte en una cínica ostentación de riqueza de dudoso origen.