Los conflictos por tierras suman 857 en todo el país

Por Rodolfo González Arzac, en Tiempo Argentino, de Buenos Aires.



Las provincias del NOA concentran casi el 30% de las controversias, según un estudio del Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional de San Martín.

Un estudio del Ministerio de Agricultura le puso números a los conflictos por tierras productivas a lo largo y ancho del país. Abarca 9.293.233 hectáreas rurales que afectan a 63.843 agricultores familiares. El relevamiento, confeccionado con la asistencia de la Universidad Nacional San Martín, da cuenta de 857 problemas vinculados a la tenencia y distribución de la tierra que generan reclamos y disputas. Y concluye en la necesidad de una ley que frene los desalojos, distintos tipos de políticas de saneamiento de títulos dominiales, acceso a la justicia de campesinos e indígenas, y alternativas de financiamiento para infraestructura y producción. También advierte acerca de la complejidad del problema, dado que en muchos casos hay competencias no delegadas al Estado Nacional por parte de las provincias. El trabajo traza un mapa urgente. Le da un marco teórico y funciona como una evaluación rigurosa de las noticias que suelen llegar a los diarios recién cuando se convierten en sangre. Son asesinatos que encienden una alerta, pero que, casi sin remedio, se diluyen con velocidad en la agenda más caliente. Los crímenes de Cristian Ferreyra, hace un año, y Miguel Galván, veinte días atrás, son buenos ejemplos. Casos donde se denuncian bandas armadas comandadas por empresarios del agro en Santiago del Estero. Una provincia a la que el estudio al que accedió Tiempo Argentino reconoce como una de las más conflictivas.

Norte crítico

El trabajo, aún no oficializado, divide en regiones las zonas de conflictos. El ránking está encabezado por el NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero) con el 28,2% de los casos detectados. La Patagonia (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur) y el NEA (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes) con el 21,1% y 19,3 por ciento. La zona Centro (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa) sigue con el 19,1% y en el último escalón está Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan) que abarca el 11,7% de los problemas de tierra. Las provincias más complicadas son Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Neuquén, Corrientes y Jujuy, en cada una de ellas se anotó, individualmente, más del 6% del total de disputas.
Otra manera de evaluar la intensidad del problema es tomar la cantidad de familias involucradas en los conflictos. En ese caso, el listado lo encabezan Misiones, Salta, Santiago del Estero y Jujuy.
Un dato de peso, que a su vez es destacado en el resumen ejecutivo, es la condición jurídica de los agricultores familiares involucrados en estas situaciones. El 87,6% son poseedores de tierras. El 8,5% son propietarios. Y el 4% son tenedores. Y del total de los poseedores, el 77,6% tienen más de 20 años de posesión, es decir que cumplen con el lapso de tiempo establecido por la usucapión (o ley veinteañal) para pedir al Estado el reconocimiento de sus derechos posesorios.
Las pujas, por otra parte, se desarrollan en el 49% de los casos en tierras privadas, el 34% en tierras fiscales y el 17% en tierras mixtas (privadas y fiscales).

Problemas de títulos

El trabajo del Ministerio de Agricultura aborda, además, las razones que originan los problemas. En el 18,25% de los casos hay títulos incompletos o inexistencia de títulos, en el 8,95% usurpación de tierras campesinas o indígenas, más un porcentaje similar de despojos y pedidos de reconocimiento de tierras indígenas, entre otros factores.
La concentración de la producción agropecuaria, la expulsión de agricultores hacia las ciudades, el aumento de precio de hasta un 600% de la tierra productiva entre 1998 y 2011, la expansión de la frontera agropecuaria, el crecimiento de la megaminería y el desarrollo del turismo –consigna el trabajo– explican la aparición de un nuevo actor, al que se llama "Nuevo Propietario". Se trata, al fin, de actores, a veces con títulos inciertos, pero que, aun con papeles en regla, sus títulos ya no tienen vigencia. E intentan recuperar tierras que abandonaron hace más de 20 años. Es decir: que no ocuparon, no trabajaron ni deslindaron.
Las batallas son silenciosas y tierra adentro. Entre las particularidades del trabajo sobresale que en casi el 70% de los conflictos se desarrollan en tierras con accesos malos o regulares. Los poseedores rurales denuncian que las amenazas, en la mayor parte de las casos, provienen de particulares (el trabajo señala que en muchos casos hay guardias privadas armadas). En cambio, la mayoría de los propietarios que ven amenazados sus derechos señalan a organismos y funcionarios estatales.
A la hora de las conclusiones, el trabajo destaca la necesidad de un saneamiento de títulos que, a pesar de la complejidad legal, se recomienda que sea encabezado por el Estado Nacional. A la vez que propone, si se pretende enfrentar el proceso de exclusión social en el campo, políticas de financiamiento para infraestructura, mecanismos de capacitación y extensión, información, salud y transporte. Ante la situación de "indefensión de los agricultores familiares", por la dificultad para el acceso a la administración de justicia, el trabajo recomienda en primer lugar: promover legislación que garantice la suspensión de los desalojos.