Una presidenta que ya no puede conducir el Consejo General de Educación. |
Asimismo, advierte que “se responsabilizará al personal de Vigilancia Privada si alguna de las personas (docentes) es sorprendida efectuando tramitaciones en las diferentes oficinas”.
Estamos frente a una verdadera locura, porque el acto administrativo de la presidenta del Consejo General de Educación es dictatorial y violatorio de la Constitución Nacional y la de la provincia.
Debería saber Marcela de Barchini que nadie puede ser privado de las garantías y derechos si no existiere una sentencia firme en una causa judicial y fundada en ley.
Y, en las denuncias cruzadas entre docentes a Marcela de Barchini, y de ésta a docentes, no existe porque las actuaciones judiciales se encuentran en las etapas de instrucción.
Con el mismo criterio ni la presidenta ni su estado mayor deberían ingresar al Consejo de Educación porque, como se sabe, fueron denunciados por los docentes como supuestos autores de numerosos hechos de corrupción.
Alguien debería intervenir desde la Casa de Gobierno para terminar con tanto atropello y pisoteadas al organismo educativo de la provincia.
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