Los campesinos se oponen al avance del desmonte de sus tierras.
El bloque “Compromiso Social” que preside el diputado Raúl Lorenzo solicitó al Ejecutivo que informe sobre la actuación de la policía, en los sucesos -de los que diera cuenta Arena Política en forma exclusiva- ocurridos el sábado pasado, en los que perdiera la vida una joven. Ese día, en San Nicolás, departamento Banda, ante un violento desalojo llevado adelante por la empresa Namuncurá, con apoyo de efectivos de la policía, murió Sandra Juárez, integrante de una de las familias que tienen tierras en este lugar desde hace generaciones.
También pidió que se informe sobre los alcances de una circular de la jefatura de la policía, que prohíbe trabajos adicionales en casos de litigios de tierras, sin previo conocimiento de las autoridades superiores.
El diputado recordó -en los fundamentos de su proyecto- que el sábado pasado, mientras Sandra estaba junto a otras 10 familias ejerciendo el legítimo derecho de defensa de la posesión, garantizado por el Código Civil, se descompensó y falleció, víctima de la situación de violencia que se estaba produciendo.
Dice el diputado: “Si bien las familias recibieron la visita del comité de emergencia de la dirección de relaciones institucionales de la Jefatura de Gabinete y de la subsecretaría de Derechos Humanos, que constataron esta situación, que fueron relevadas en un informe, existía una medida judicial dictada por el juez en lo criminal y correccional de primera nominación, notificada el 6 de marzo, en la que intima al inmediato desalojo de la parcela del lote 4, disponiendo la inmediata detención, en caso de algún tipo de incumplimiento”. Esto se dio 2desconociendo las presentaciones realizadas por la comunidad a través de su representante legal, negando por lo tanto el legítimo derecho de defensa establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional
Denuncia el representante del pueblo que las topadoras estaban siendo custodiadas por adicionales de Infantería, a pesar de la prohibición del jefe de policía.
“Una vez más lamentamos la pérdida de una luchadora popular, quien supo defender hasta las últimas consecuencias su derecho a la tierra, el trabajo, la cultura, su modo de vida y la de más de 15.000 familias campesinas”, recuerda el diputado.
El bloque exige que “la justicia resuelva las causas en que se exige, con justo derecho, el reconocimiento de las tierras que habitan acestralmente las comunidades y la despenalización de quienes por luchar por sus tierras son procesados como delincuentes comunes”.
