Encontraron muerta a una reclusa de 21 años en la Cárcel de Ezeiza dentro del baño del penal. De inmediato se puso en movimiento la maquinaria judicial, como debe ser. Por ello intervino de inmediato la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Hasta aquí parece un hecho aislado, pero no debemos olvidar que en nuestra Cárcel Pública de Varones hay 39 muertes que a la fecha no tienen ningún preso, ningún responsable y, para el colmo, es totalmente silenciada por una prensa infame que se niega a mostrar la verdad de los hechos a la comunidad.
En ese contexto, por el caso de la joven muerta en Ezeiza, la Procuración Penitenciaria de la Nación sostuvo que "la muerte de un detenido en un establecimiento carcelario constituye un hecho de extrema gravedad".
"Hay que tener presente que la administración penitenciaria al privar de libertad a una persona asume una posición de garante respecto de su vida, salud e integridad física. Por ello en caso de fallecimiento de un detenido/a por cualquier causa, se plantea la posibilidad que en dicho suceso se haya producido una vulneración de derechos humanos", añadió a través de un comunicado.
Por tal motivo, la Procuración ha instituido un procedimiento "para guiar la investigación y documentación de todos los casos de fallecimientos en prisión dentro del sistema federal".
"En el caso puntual, hemos sido anoticiados del fallecimiento de la joven. La noticia la recibimos por el llamado de una presa y acudimos en el día de la fecha a la unidad a fin de dar comienzo al Procedimiento aludido y entrevistarnos con presas y agentes penitenciarios a fin de tener una primera aproximación de los hechos", indicó el organismo.
En Santiago del Estero no sabe aun el destino ni el estado del sumario practicado por la muerte de los 39 reclusos en el Penal de Varones. Al parecer, no se dio comunicación de este grave suceso a las autoridades nacionales que llevan un prolijo control de lo que sucede en las dependencias carcelarias de todo el país.
Resulta que el principal responsable de este trágico hecho sería el ministro de Justicia -y valga la paradoja- de Derechos Humanos, Ricardo Daives.
Es necesario notificar a las autoridades nacionales para que tomen conocimiento de esta seguidilla de hechos inéditos por su gravedad y silenciamiento que están ocurriendo en Santiago del Estero.
Que la Nación brinde una respuesta al pueblo santiagueño al menos, si es que no tiene soluciones.
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