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miércoles, 7 de julio de 2010

La Legislatura pide celeridad para investigar la masacre del penal de varones

Hasta ahora no hay responsables por las muertes de los internos del penal.
La Cámara de Diputados aprobó ayer, sorpresivamente, una declaración mediante la cual manifiesta su apoyo y solidaridad con las víctimas y familiares de los presos que fallecieron como consecuencia de los hechos que ensangrentaron el Penal de Varones el 24 de noviembre del 2007.
La declaración insta a la prosecución de las causas judiciales con la mayor celeridad a fin de que se sancione a los responsables de los hechos y a la reparación de las víctimas y familiares.
El proyecto pescó dormido al presidente de la bancada oficialista, Manuel Juárez quien, en un determinado momento quiso reaccionar, indicando que no se había votado el tratamiento sobre tablas del proyecto, algo que acababa de ocurrir. Luego, a la hora de votar, los legisladores del frente cívico titubearon y no lo hicieron hasta que Juárez no levantó su mano.
Un segundo artículo, puesto como trampa para incautos por los autores del proyecto, Mabel Mathieu, Walter Santa Cruz, Nélida Solorza y Raúl Lorenzo, fue la excusa que usó Juárez para manifestar que la iniciativa debía aprobarse. Allí se apoya “las acciones de gobierno tendientes a mejorar las condiciones de la vida carcelaria”, entre otras supuestas loas al gobierno de la provincia
La oposición -José Zavalía y Francisco Cavallotti- aprovechó para recordar la trágica jornada del 4 de noviembre del 2007. Pero mientras Zavalía pidió buscar responsabilidades políticas, Cavallotti echó la culpa a “una administración de justicia ominosa” a la vez que reveló que no se trató de un accidente ya que tenía informes de que cuatro internos aparecieron con impactos de balas de goma.
Un pequeño desacuerdo hubo también entre la diputada Mathieu, ya que mientras ella sostuvo que hubo 40 muertos en lo que hoy se denomina “Masacre del penal de varones”, Zavalía y Cavallotti bajaron la cifra a 39. 

domingo, 30 de mayo de 2010

Cárceles de Santiago: la tortura y la violencia continúan

Guardiacárceles custodiando el motín y familiares de los presos fallecidos.
El informe 2010 de Amnistía Internacional, publicado hace unos días, trae un capítulo sobre la Argentina en el que se incluyó -entre otras- las condiciones de reclusión en las provincias de Santiago del Estero y Mendoza.
Expresa Amnistía: “Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados en las cárceles y los centros de detención de las provincias de Santiago del Estero y Mendoza, así como sobre los actos de violencia y las torturas y otros malos tratos registrados en estos establecimientos. Las autoridades nacionales no crearon un mecanismo para la prevención de la tortura, en contra de lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura.”
Amnistía Internacional es una organización que no depende de ningún gobierno, tiene fines humanitarios y trabaja para promover los derechos humanos en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Fue fundada en 1961 por el abogado británico Peter Benenson.
El informe de este año de la entidad incluye, además de la denuncia sobre las condiciones de las cárceles de la provincia, investigaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, la impunidad y la justicia por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, amenazas contra testigos, violencia contra mujeres y niñas.
Los únicos que todavía no saben sobre las condiciones de detención en las cárceles y centros de detención de Santiago, son las autoridades judiciales y ejecutivas de la provincia, además de los diputados, que miran hacia cualquier parte cada vez que se menciona el tema.
El 6 y 7 de noviembre del 2007, en circunstancias que la justicia santiagueña no ha podido, no ha sabido o no ha querido aclarar todavía, murieron entre 30 y 40 reclusos en el Penal de Varones de la Alsina 850, la mayoría ahogados, luego de quemar colchones en uno de sus pabellones. La respuesta de las autoridades de la provincia fue manifestar que existían ataúdes suficientes para enterrar a todos los muertos. Al mismo tiempo, el presidente del Superior Tribunal, Lionel Suárez, sostuvo ante los medios: “los pabellones son una trampa mortal”. Y agregó: “El pabellón 2 no estaba destinado a presos de alta peligrosidad. El edificio es obsoleto y estamos en el límite de la capacidad operativa”.
Casi tres años después, las cárceles de Santiago continúan teniendo casos de violencia, tortura y malos tratos. La única novedad hasta ahora es el anuncio de la refacción del Penal de Varones, como si con algo de revoque en sus paredes se pudieran tapar las injusticias que allí se cometen.

jueves, 20 de mayo de 2010

Libertad para guardia cárceles y escándalo entre camaristas

 Familiares de detenidos en el Penal de Varones, la noche del múltiple asesinato, lidian con la policía, enfrente al penal y abajo el inicio del incendio, la noche de la tragedia.
Ayer, se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones de segunda nominación integrada por Abelardo Basbús, Gustavo Herrera y Luis Lugones, que revocó el procesamiento  del juez del Crimen de cuarta nominación, Ramón Tarchini Saavedra y, consecuentemente, puso en libertad a los guardia cárceles que custodiaban los pabellones de la Cárcel Pública de Varones (Alsina 850), la tarde del 17 de diciembre de 2007, cuando murieron 34 detenidos.
Doce guardia cárceles y tres oficiales habían sido procesados por Tarchini Saavedra por abandono de persona seguido de muerte, homicidio y lesiones graves dolosas. Ahora, el tribunal de Alzada los puso en libertad al modificar la calificativa por homicidio y lesiones graves culposas (sin intención).
No hay que olvidar que esta tragedia  concitó la atención de los grandes medios nacionales que llegaron a la ciudad y realizaron amplia cobertura al suceso y, desde entonces, se puso la mirada en el funcionario responsable: el ministro de Justicia, Ricardo Daives.
Recordemos también que por aquella época, el director del Penal, Rodolfo Camaño, intentó -sin éxito-, plantar la hipótesis de un amotinamiento e intento de fuga. Era la estrategia defensiva del Gobierno, ideada por “el genio” de Daives. Pero fue en vano. Nadie le creyó y la maniobra se volvió en contra. El gobierno no tuvo en cuenta la fuerza y la lucha de los familiares de los muertos.
Frente a ese nuevo contexto, Daives activó el plan B: culpar a los guardia cárceles. Por ello dio órdenes de que fueran acusados y detenidos, siempre creyendo que iba a desembarazarse de todas las sospechas de familiares y de la ciudadanía. Claro, el ministro, de tanto pensar cómo hacer espionajes a veces deja de lado sus funciones y responsabilidades, y así traspapeló las innumerables notas de los funcionarios carcelarios que le reclamaban más personal, pertrechos, sistema de lucha contra el fuego, etc. (Dicen que no había un solo mata fuegos en la Cárcel Pública de Varones).
El fallo de la Cámara de Apelaciones de segunda nominación fue un escándalo a la hora de modificar la calificativa del juez de cuarta. Al decir de un testigo, se paece a “una bolsa de gatos”. (La gente tiene que saber, por ejemplo, que no se hablan entre ellos; y eso que son tres. Al parecer, como dos son radicales, es lógico que ya tengan una interna).
Lugones y Herrera integran un bando y están enfrentados con el “bloque unipersonal” de Basbús, a quien califican como “el genio, pero del mal”, por su carácter y mala fe. Incluso, el “el bloque de los 2” sospecha que “Lalo” Basbús los “alcahuetea” en el poder político como si fuera de la Side, en razón de que reporta, directamente, desde que era titular del juzgado, al ministro Daives. De todos modos, Basbús brinda sus explicaciones: “Corresponde que consulte y reciba órdenes de quien me puso como juez”.
Por el caso de los guardia cárceles se escuchó decir a uno de los camaristas: "¡Qué quilombo que se va a armar, pero yo hago lo que me dicta mi conciencia, total…tengo el cargo en propiedad y no soy radical”.
Otro, apesadumbrado,  confesó a un amigo que luego de estudiar el caso y analizar los planteos de las defensas, había llegado a la conclusión de que no podría acusar a los guardia cárceles y que debía dictárseles la falta de mérito.
De todos modos, los fundamentos aún no se conocen, pero sabemos que ya partió la orden desde el gobierno del Poder Judicial: “Denles a los medios una nota. Nada de reportajes ni trascendidos ni algo parecido. Si alguno se retoba, avisen y le quitamos la pauta publicitaria”.
Es bueno pensar en lo que se viene. Tiene varias aristas. La primera: quedó descolocado el juez de cuarta (Ramón Tarchini Saavedra), porque no puede equivocarse tanto al ver dolosa a una cuestión que el tribunal de alzada le dice que era culposa. La verdad, no se necesita mucha ciencia ni ser un erudito en Derecho Penal para darse cuenta que éste juez (el de cuarta) vio mal el caso porque no sabe nada de nada, ni de la tragedia ni de la negligencia ni de la mala intención.
Dicen que el camarista Basbús pegó el grito: “Que se cague el Negro (por el juez de cuarta) y que pague porque no quiso dictarle el sobreseimiento en la causa a Daives".
Otra arista. El jefe de Gabinete, Elías Suárez, siempre pensó que era bueno que el tema de los asesinados en el Penal de Varones se lo llevara puesto a Daives. Bueno, ahora lo tiene a tiro, en razón de que al transformarse la calificativa en culposa, es cuestión de tiempo, ya que los familiares de las víctimas (querellantes) podrán insistir en la imputación al ministro acusándolo, por ejemplo, de que no realizó ninguna diligencia para satisfacer las necesidades de la cárcel.

miércoles, 7 de abril de 2010

No se olviden de los presos asesinados en el Penal de Varones

Hace más de dos que se cajoneó en los tribunales ordinarios de Santiago del Estero la causa de la masacre en la Cárcel Pública de Alsina 850, donde fueron asesinados entre 39 y 41 reclusos, y pensar que esa noche de la tragedia, el todavía juez del Crimen, Ramón Tarchini Saavedra, juramentó a los familiares que investigará “hasta las últimas consecuencias”.
Los abogados de los familiares de los presos asesinados, sorprendentemente, han seguido la “onda” del gobierno provincial y, con su silencio, avalan esta decisión no escrita de “dormir” la causa.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia del gobierno de Zamora, en este tren, están convencidos de que los santiagueños van a olvidarse de la peor matanza que se perpetró a detenidos indefensos y que perdieron la vida acorralados en pabellones que estaban cerrados con llaves.
Pero por sobre esta “política de derechos humanos” que practica la administración radical-kirchnerista, con la complicidad de los abogados que tienen el poder de los familiares de los asesinados, un abogado-político está elaborando una estrategia con el propósito de reflotar el tema, reiniciar una investigación exhaustiva e imputar a los verdaderos responsables materiales y políticos de la matanza de detenidos.
No hay que olvidar que todo comenzó aquel domingo a la tarde, cuando los detenidos y sus visitas reaccionaron por el trato indignante a los que se sometían a sus familiares en la guardia y en las requisas.
Se sabe que los guardiacárceles manoseaban a los familiares que llegaban a visitar a sus presos (sobre todo a esposas e hijas), con el pretexto de detectar si ingresaban drogas.
Más tarde, también se tomó conocimiento que algunos guardiacárceles eran estrictos en estos controles para que nadie, del exterior, les hiciera competencia a su “tarea extra” de proveer (vender) droga y estupefacientes a los detenidos.

domingo, 14 de marzo de 2010

¿Cómo sigue la investigación de la masacre del Penal?

Un guardiacárcel con una víctima de la masacre.
El domingo 4 de noviembre del 2007, fueron muertos entre treinta y cuatro y algo más de cuarenta reclusos luego de una infernal masacre que se desató en el Penal Varones de Santiago del Estero. Los números difieren según las fuentes y toda búsqueda periodística sobre el particular choca con un cerrado  silencio oficial.
Hasta hoy nadie tiene información confiable sobre el particular y quienes la tienen se siguen negando a entregarla a la prensa. Un periodista de Arena Política preguntó sobre las actuaciones que se labraron en la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Hugo Figueroa, pero le dieron la increíble respuesta de que el expediente que formaron fue remitido al ministerio de Gobierno sin que quedara ninguna copia en la dependencia.
Es decir que la oficina encargada de defender a los santiagueños en sus derechos fundamentales, no ha guardado ni un duplicado para seguir -aunque fuere de lejos- un expediente en el que debería ser la principal interesada.
El blog “Prisiones y penas dijo:
“El saldo estremecedor que dejó la revuelta santiagueña llegó lejos: desde Wáshington, el 6 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno argentino que investigara el incendio que terminó con treinta y cuatro reclusos muertos en el penal de Santiago del Estero y tomara los recaudos necesarios para evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro”.
Quienes perdieron la vida en la masacre, eran en su mayoría jóvenes de no más de 25 años y de barriadas muy humildes en las que abunda la falta de trabajo genuino, las postas sanitarias no tienen insumos mínimos, las escuelas son meros comedores comunitarios. En esos barrios -Río Dulce, Pacará, Triángulo, Francisco de Aguirre-  las detenciones arbitrarias, los abusos policiales y el gatillo fácil suceden todos los días y la venta de drogas es protegida por el mismo aparato represivo que dice combatirla.
Hay detenidos que dicen haber visto a los guardia-cárceles reprimir primero y luego comenzar el fuego, también se denunció que se cortó el agua impidiendo que se extinguieran las llamas. Corrió la versión, nunca desmentida de que recién después de que no se escucharon más gritos en el pabellón 2 los guardias rompieron los candados y dejaron pasar a los bomberos. Los familiares también denunciaron que recibían los cuerpos marcados y con señales de brutales golpizas y sobre maltratos y vejámenes sufridos por las visitas ese trágico domingo.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Lionel Suárez, denunció que el edificio donde funciona el penal es “obsoleto” y advirtió que “los pabellones son una trampa mortal” para los detenidos que están allí alojados. Luego de esta confesión de parte, no presentó la renuncia a su cargo, como responsable de la masacre.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Justicia, Ricardo Daives, manifestó que el motín “se produjo a raíz de un intento de fuga”. Pero un grupo de reclusos dio por tierra con los dichos del ministro y distribuyó una carta en la que explicó que el motín comenzó producto de la represión de los guardias ante un reclamo, a la vez que negó que se haya tratado de un intento de fuga frustrado.
Lo cierto es que hasta hoy no es posible saber qué pasó el 4 de noviembre del 2007 en el Penal de Varones, quiénes fueron los responsables políticos de la masacre y qué se ha hecho para reparar el mal causado a los familiares de las víctimas.
  
Fuentes

viernes, 27 de noviembre de 2009

Un preso calcinado y otro violado


Por Deyes Sosa

Como si nada hubiera sucedido puertas adentro de la Cárcel Pública de Varones de Santiago del Estero de la matanza lisa y llana que se cobró mas de una treintena de victimas alojadas en esa dependencia al cuidado de los funcionarios del Estado provincial, aun siguen sin esclarecerse estos hechos mientras las cosas continúan con igual impunidad e ineficiencia.

Muchos ven en la actitud del gobernador Gerardo Zamora una encubierta complicidad con el ministro del área, Ricardo Daives, atento a que se niega a prescindir de sus ineficientes servicios tan denunciados por la comunidad santiagueña

Ahora le tocó el turno a Darío Nicolás Ávila, de 22 años, quien este domingo incendió un colchón en su celda sin que nadie lo asistiera. Sufrió graves quemaduras por lo que continúa internado en el área de terapia intensiva del hospital Regional, en estado grave y asistido con respirador artificial.

Según se sabe y no precisamente por fuentes periodísticas, el joven sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado en el 85% de su cuerpo.

Voceros oficiosos manifestaron que Ávila incendió un colchón cuando se encontraba solo en la celda 6 de la sección 1, debido a que el resto de los reclusos recibían visitas de sus familiares.

Lo extraño del caso es que el preso calcinado se encuentra detenido por tentativa de robo a un comercio de Frías, ciudad de la que es oriundo, figura delictiva a todas luces excarcelable. ¿Qué hacia detenido desde hace más de 40 días? ¿Y los defensores de oficio que cobran suculento sueldo?

Otra más. Un individuo que está detenido por abuso y embarazo a su sobrina de 15 años, denunció que fue violado por tres presos con los que compartía su lugar de detención; la Alcaidía del Palacio de Tribunales.

El ataque sexual habría tenido lugar en una celda que colinda con la puerta de acceso al lugar de detención. La víctima había llegado a ese lugar algunas horas antes, después de que fuera detenido cuando una jovencita de 15 años, que sería su sobrina, lo acusó de ser quien la había embarazado.

Como vemos, no se está seguro ni en la cárcel ni en la alcaidía de tribunales. ¿A que se dedican el ministro Daives y el fefe de policía, Marcelo Pato Pato?

Sin dudas, el gobernador de la provincia tiene mucho que ver con la gestión reprensible de estos funcionarios.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

La gente no olvida a los 39 presos asesinados


El capellán de la Cárcel Pública de Varones, sacerdote Carlos Carabajal, habló de “tragedia” durante el acto litúrgico con el que se recordó a los 39 presos asesinados por la policía y los guardicárceles, hace dos años. ¿Y el ministro del área, Ricardo Daives, de cuya cartera dependen los establecimientos carcelarios, por qué no concurrió a dar la cara ante los desconsolados familiares que saben que sus hijos, esposos o hermanos fueron masacrados y, hasta ahora, la causa y el expediente siguen cajoneados?

Los responsables de los poderes públicos podrán seguir creyendo que los santiagueños van a terminar por olvidarse de este múltiple asesinato, pero la causa en la justicia Federal (de Tucumán, por supuesto) sigue avanzando y, en algún momento (quizás cuando vuelvan al llano), son varios los hoy funcionarios santiagueños que van a tener que sentarse en el banquillo de los acusados y rendir cuentas.

Lo importante fue que el padre Carabajal dio en la tecla porque interpretó cabalmente el sentimiento de los santiagueños.

Dijo: “Hay un compromiso de no olvidar lo que pasó, aunque las autoridades tratan en vano de ocultar lo siniestro del suceso que lleva ya dos años sin responsables a la vista”.

Acotó: “La cárcel es un lugar, no de castigo, sino en donde el preso debe encontrar un camino de rehabilitación para volver a la sociedad”.

miércoles, 1 de julio de 2009

Nadie dice nada de la matanza de presos



A casi un mes de la celebración que distinguiera al documental "Ojos que no ven", sobre la represión carcelaria, fue galardonado en Buenos Aires, según noticia del prestigioso diario español El País.

El film denuncia la injusticia, la represión y la exclusión en la que viven los presos comunes de la Argentina", informó en sus páginas el destacado diario español. Como se sabe, el documental obtuvo el máximo galardón en la 11ª edición del Festival de Cine de Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe (DerHumALC), que también pudo apreciarse en distintas salas de Buenos Aires.

“Ojos que no ven”, de Ana Cacopardo y Andrés Irigoyen, fue el ganador de la competición oficial de largometrajes por su sensibilidad y su compromiso social, al abordar la calamitosa situación de las cárceles argentinas -entre ellas la de Santiago del Estero-, que es denunciada año tras año por organizaciones como Amnistía Internacional.

Sin embargo, en nuestro medio no se publican estas noticias, toda vez que aluden a los hechos ocurridos recientemente en la Cárcel Pública de Varones de Alsina 850. Pareciera que las autoridades responsables de la tragedia, en donde 39 reclusos perdieron sus vidas a causa de la inoperancia en el control del centro de detención.

Pese a que la APDH, la subsecretaria de Derechos Humanos, las dos defensorías del Pueblo y casi toda la izquierda vernácula (graciosamente dependiente de las arcas de zamorismo) están mirando para otra parte cuando ocurren sucesos de esta naturaleza, las notas de Arena Política son publicadas en diversos sitios de Internet en donde una gran parte de la comunidad puede enterarse de los despropósitos que a diario flagelan la opinión publica.

viernes, 27 de marzo de 2009

¿Cambio? La Cárcel de Varones de Santiago se asemeja al infierno”



“La cárcel de varones de Santiago del Estero, en la que murieron 39 personas durante un incendio hace casi un año y medio, sigue siendo un lugar bastante parecido al infierno. El edificio está superpoblado y en condiciones ruinosas. Los pisos de los baños están llenos de excremento y, en las duchas, hay ratas y cucarachas”. 

Esas son sólo algunas de las advertencias que acaba de hacer el fiscal general Antonio Gómez, a partir del análisis de un informe elaborado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), a pedido del gobierno de Santiago del Estero. 

Al margen de recoger testimonios de detenidos y familiares de las víctimas que culpan a los guardiacárceles por las muertes del incendio del 4 de noviembre de 2007, una comisión de la Faca pudo comprobar, durante una visita, que las condiciones de detención del penal siguen siendo "infrahumanas". 

"Es un edificio muy viejo, que se encuentra en un estado ruinoso, con instalaciones eléctricas deplorables, con cables externos al alcance de la mano, baños con afloramiento cloacal evidente y duchas mugrientas, inconcebiblemente destinados al uso de seres humanos, llenos de ratas y cucarachas en los pisos y en las paredes, con grandes tachos de basura repletos, malolientes, sacados una sola vez al día", dijo Gómez, en el escrito, del 3 de marzo. 

El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, con competencia federal en esa provincia y en Santiago del Estero y en Catamarca, instruyó a los fiscales de su jurisdicción para que estuvieran atentos a las circunstancias reveladas en el informe y para que denunciaran la comisión de posibles delitos. 

"La promoción de la acción penal y su seguimiento no deben reducirse, en materia de derechos humanos, a los casos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Por el contrario, el Nunca Más proclamado durante el juicio a las juntas militares en 1985 es un compromiso a futuro", sostuvo Gómez. 

Durante la visita al penal de los integrantes de la comisión de la Faca, dirigida por Juan Carlos Valente y Ernesto Moreau, se pudo comprobar que había 375 reclusos, pese a que la capacidad máxima era de 220 personas. Testimonios coincidentes de los detenidos indicaron que los guardiacárceles ingresaban droga al penal y la vendían, con conocimiento de las autoridades, y que a los presos con autorización judicial para salidas transitorias les cobraban hasta 140 pesos para permitirles hacer uso de ese derecho.

viernes, 6 de marzo de 2009

La muerte de un preso es un “hecho de extrema gravedad”



Encontraron muerta a una reclusa de 21 años en la Cárcel de Ezeiza dentro del baño del penal. De inmediato se puso en movimiento la maquinaria judicial, como debe ser. Por ello intervino de inmediato la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Hasta aquí parece un hecho aislado, pero no debemos olvidar que en nuestra Cárcel Pública de Varones hay 39 muertes que a la fecha no tienen ningún preso, ningún responsable y, para el colmo, es totalmente silenciada por una prensa infame que se niega a mostrar la verdad de los hechos a la comunidad.

En ese contexto, por el caso de la joven muerta en Ezeiza, la Procuración Penitenciaria de la Nación sostuvo que "la muerte de un detenido en un establecimiento carcelario constituye un hecho de extrema gravedad".

"Hay que tener presente que la administración penitenciaria al privar de libertad a una persona asume una posición de garante respecto de su vida, salud e integridad física. Por ello en caso de fallecimiento de un detenido/a por cualquier causa, se plantea la posibilidad que en dicho suceso se haya producido una vulneración de derechos humanos", añadió a través de un comunicado.

Por tal motivo, la Procuración ha instituido un procedimiento "para guiar la investigación y documentación de todos los casos de fallecimientos en prisión dentro del sistema federal".

"En el caso puntual, hemos sido anoticiados del fallecimiento de la joven. La noticia la recibimos por el llamado de una presa y acudimos en el día de la fecha a la unidad a fin de dar comienzo al Procedimiento aludido y entrevistarnos con presas y agentes penitenciarios a fin de tener una primera aproximación de los hechos", indicó el organismo.

En Santiago del Estero no sabe aun el destino ni el estado del sumario practicado por la muerte de los 39 reclusos en el Penal de Varones. Al parecer, no se dio comunicación de este grave suceso a las autoridades nacionales que llevan un prolijo control de lo que sucede en las dependencias carcelarias de todo el país.

Resulta que el principal responsable de este trágico hecho sería el ministro de Justicia -y valga la paradoja- de Derechos Humanos, Ricardo Daives.

Es necesario notificar a las autoridades nacionales para que tomen conocimiento de esta seguidilla de hechos inéditos por su gravedad y silenciamiento que están ocurriendo en Santiago del Estero.

Que la Nación brinde una respuesta al pueblo santiagueño al menos, si es que no tiene soluciones.