“La cárcel de varones de Santiago del Estero, en la que murieron 39 personas durante un incendio hace casi un año y medio, sigue siendo un lugar bastante parecido al infierno. El edificio está superpoblado y en condiciones ruinosas. Los pisos de los baños están llenos de excremento y, en las duchas, hay ratas y cucarachas”.
Esas son sólo algunas de las advertencias que acaba de hacer el fiscal general Antonio Gómez, a partir del análisis de un informe elaborado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), a pedido del gobierno de Santiago del Estero.
Al margen de recoger testimonios de detenidos y familiares de las víctimas que culpan a los guardiacárceles por las muertes del incendio del 4 de noviembre de 2007, una comisión de la Faca pudo comprobar, durante una visita, que las condiciones de detención del penal siguen siendo "infrahumanas".
"Es un edificio muy viejo, que se encuentra en un estado ruinoso, con instalaciones eléctricas deplorables, con cables externos al alcance de la mano, baños con afloramiento cloacal evidente y duchas mugrientas, inconcebiblemente destinados al uso de seres humanos, llenos de ratas y cucarachas en los pisos y en las paredes, con grandes tachos de basura repletos, malolientes, sacados una sola vez al día", dijo Gómez, en el escrito, del 3 de marzo.
El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, con competencia federal en esa provincia y en Santiago del Estero y en Catamarca, instruyó a los fiscales de su jurisdicción para que estuvieran atentos a las circunstancias reveladas en el informe y para que denunciaran la comisión de posibles delitos.
"La promoción de la acción penal y su seguimiento no deben reducirse, en materia de derechos humanos, a los casos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Por el contrario, el Nunca Más proclamado durante el juicio a las juntas militares en 1985 es un compromiso a futuro", sostuvo Gómez.
Durante la visita al penal de los integrantes de la comisión de la Faca, dirigida por Juan Carlos Valente y Ernesto Moreau, se pudo comprobar que había 375 reclusos, pese a que la capacidad máxima era de 220 personas. Testimonios coincidentes de los detenidos indicaron que los guardiacárceles ingresaban droga al penal y la vendían, con conocimiento de las autoridades, y que a los presos con autorización judicial para salidas transitorias les cobraban hasta 140 pesos para permitirles hacer uso de ese derecho.
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