Por Marta Sylvia Velarde, diputada nacional
Especial para diario Clarín (Capital Federal) y Arena Política
Ya cumplió un año el conflicto con el campo. Es, por parte del gobierno, un golpe a la economía, pero sobre todo a la esperanza de los argentinos, del interior y de las grandes ciudades, de vivir en un país mejor, con equidad, inclusión social y en libertad.
Desde mediados de la década del noventa, en el campo comenzó un proceso de inversión con incorporación masiva de tecnología, que convirtió a la actividad más competitiva de la economía argentina en la única que se preparó para los desafíos de la globalización y el comercio mundial.
Mientras otros aprovechaban el "uno a uno" para vender o cerrar sus fábricas y convertirse en importadores y pasear por el mundo, los hombres y mujeres del campo invertían en tecnología, a pesar de la falta de créditos a tasas racionales, y los bajos precios internacionales. Se endeudaron para invertir. Centenares de miles de productores no pudieron seguir, y vendieron sus campos a bajo precio. Con la crisis del 2001, ofrecieron el pago de retenciones para financiar los planes sociales para tres millones de jefes de familia.
Hubo una enorme reinversión en las explotaciones, que provocó la expansión de las industrias y los servicios vinculados a la producción agropecuaria.
La industria metalmecánica de capital argentino, con tecnología y mano de obra nacional y radicada casi en su totalidad en los pueblos de la llamada "pampa gringa", se reconstituyó mejorando los ingresos de los trabajadores a niveles superiores a los tres mil pesos mensuales.
El gobierno de Néstor Kirchner recibió al país en crecimiento. Pero las retenciones a las exportaciones fueron escalando, hasta el 45% de hace un año. La resolución 125 es la culminación de toda una gestión, sobre todo desde principios del 2006, de agravios al sector, desde el destrato a restricciones a las exportaciones lácteas, a la carne, a cultivos regionales, a cereales.
El impulsor de la llamada sojización del país es el gobierno, que elevó los costos de siembra de los granos y, con altas retenciones, hace que sembrar trigo, maíz, o producir carne y leche, no sea rentable.
No pudimos ganar nuevos mercados cuando la leche en polvo quintuplicó sus precios, por el accionar del secretario de Comercio. Se impidieron inversiones como en el caso de Sancor y el señor Moreno se lanzó a controlar una inflación que desató el propio gobierno y anuló las ventajas cambiarias, junto al sistema de estadísticas de la Nación. Pero el problema no es él, sino que se le permita hacer esas cosas. Mientras tanto, el interior del país no recibió mejoras en su infraestructura productiva. No se incrementa la oferta energética, y la educación y la salud son de mala calidad.
¿Qué se hace con los recursos? Subsidiar a sectores de mayores ingresos de la ciudad de Buenos Aires, como ha pasado con las tarifas de energía, o gas, que llevan a los pobres que usan garrafas a pagar el triple de los que viven en Callao y Santa Fe.
Pero hay que decir que se pueden bajar las retenciones sin dañar la situación fiscal.
La Argentina, con el campo, puede enfrentar mejor que otros países la crisis internacional. En todo el mundo se compran menos autos, menos televisores plasmas, menos textiles. Lo que no se puede dejar es de alimentar, inclusive a centenares de millones de personas que lo hacen desde hace poco más de 10 años, como los chinos. Esa es la ventaja argentina: su capacidad de dar de comer. Debemos volver a ser lo que siempre fuimos: campo, agroindustria. Pero este gobierno nunca tuvo un modelo o un proyecto a mediano o largo plazo. Sus ideas son del pasado. Pero seamos optimistas: el país productivo se impondrá al enfrentamiento entre los argentinos.
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