Imaginemos que antes del 22 de marzo, fecha en que termina el primer mandato del gobierno provincial, alguien se atreviera a denunciar y otro a investigar, por ejemplo, a los diputados provinciales, a los jueces y a los funcionarios del Ejecutivo.
Estaríamos frente a un contexto de gran calidad institucional y el gobernador Gerardo Zamora iniciaría su segundo turno con otro perfil; mejorado y esperanzador, frente a tantos comentarios populares adversos.
¿Podremos, los ciudadanos, saber sobre inversiones, aperturas de cuentas bancarias, construcciones de mansiones, la adquisición de vehículos automotores lujosos de un segmento conocido como el de “los nuevos ricos”; casualmente funcionarios o amigos de éstos que ofician de presta nombres?
Otro interrogante: “¿Algún día dejaremos de comportarnos como verdaderos cobardes y demostraremos que somos capaces de poner al descubierto a los grupos de tarea que interceptan las llamadas telefónicas de periodistas o de políticos opositores?
Todo Santiago sabe que están controlados los teléfonos móviles y los aparatos domiciliarios, muy especialmente de hombres de prensa criticones, con lo que nuestra provincia retrocede cincuenta años con estos efectos negativos que genera para la libertad de prensa.
¿Algún dueño de los medios de prensa tradicionales locales será capaz de impulsar una investigación tendiente a identificar a los funcionarios involucrados que comandan estos operativos, y exigir que se deslinden responsabilidades conforme a la ley?
Verdaderamente, no podemos seguir indefensos frente a esta “clase dirigente” que prometió “cambiar a la provincia”. Es como que el supuesto cambio sólo está presente en los eslóganes publicitarios y en los discursos.
Es necesario poner en debate el tema. Se hace imprescindible descubrir quién es el funcionario de Zamora que cumple el rol de los tristemente recordados “espías” del juarismo que grababan conversaciones telefónicas a políticos, sacerdotes, periodistas, juaristas críticos. Ahora, con el avance tecnológico, también se dedican a derribar diarios y páginas que se difunden por Internet.
Nos enseñan los grandes maestros: “Las interceptaciones transgreden los derechos a la inviolabilidad y a la intimidad que se le debe garantizar a todo ciudadano”.
No se puede seguir callado cuando se sabe que las redacciones de los medios periodísticos tienen todos sus líneas intervenidas. Los grupos de tarea de este gobierno provincial tienen captados todos los teléfonos internos y escuchan las conversaciones e identifican los contactos de cada cronista.
Debemos reaccionar con un alto espíritu democrático y salir a protestar y a denunciar a los nuevos vivillos de la política que, por un lado, hablan del “Santiago del cambio” y, por el otro, -como están seriamente sospechados de presuntas maniobras irregularidades en el manejo de la cosa pública-, vigilan a hombres de prensa, derriban periódicos web e interceptan teléfonos de periodistas y políticos que se atreven a registrar tamaños abusos.
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