Por Deyes Sosa
Mucho más que un simple malestar provocó el convenio que firmaron el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada y el presidente de la Anses, Amado Boudou, "para que magistrados y funcionarios del Poder Judicial (de nuestra provincia) que se desempeñan o que se desempeñaren en el futuro puedan acceder al beneficio jubilatorio de la ley 24018" que "habilita a los magistrados a acceder a una jubilación ordinaria equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) de sus haberes en las condiciones que la norma determina".
El convenio sólo beneficiará a los magistrados y altos funcionarios judiciales con el acceso a una jubilación "ordinaria", equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) de sus haberes, en detrimento con lo que percibe más del 90 % de la población previsional de todo el territorio santiagueño.
Justamente, en el mismo momento que se está criticando duramente al gobernador Zamora por el escaso nivel intelectual y académico que ostentan los magistrados, quienes perciben salarios que rondan los casi los veinte mil pesos de bolsillo, esta nueva prerrogativa resulta una desproporción en relación con lo que cobran los trabajadores del Estado provincial, cuyos sueldos son los más bajos del país.
El convenio prevé que "la provincia deberá ratificar el acta complementaria conforme las normas vigentes en su jurisdicción, pudiendo estipular condiciones de adhesión a los magistrados y funcionarios judiciales en condiciones de acceder actualmente a un beneficio amparado por la Ley Nº 24.018".
Esta misma ley fue también ampliamente criticada en la provincia de Córdoba, cuando las cajas de previsión no pudieron hacer frente a tamaños emolumentos, toda vez que las mismas no se encuentran trasferidas a la Nación y están imposibilitadas de atender con fondos propios.
El gremio de los judiciales también se mostró disconforme con la medida, toda vez que solamente beneficia a un sector del Poder Judicial que no es precisamente el sector de menores ingresos.
“Parece que al gobernador ‘se le escapó la tortuga’”, vociferó un veterano gremialista del sector al comentar que todas las provincias que adhieren a esta ley nacional tienen conflictos inmediatos con el personal del área, pues la desigualdad se torna manifiesta cuando el privilegios se hace sentir entre los sectores más desprotegidos.
“Pareciera que le están fallando los asesores al gobernador que no le informan del malestar popular que existe en la comunidad respecto de esa área tan cuestionada vinculada al ministro de Justicia y Derechos Humanos, como así al sector judicial, en que los nombramientos que se vienen realizando parecen ‘votos cantados’ que se conocen antes de las actuaciones del Consejo de la Magistratura, pues cuando no es pariente el juez designado, resulta ser militante de la primera hora”.
Otra vez llegaron los privilegios que, a decir verdad, nunca se fueron, pero esta vez irritan más porque se trata se un sector muy sensible a la sociedad, como lo es el Poder Judicial. El agravante es que los parientes y amigos o militantes que se designan no puedan exhibir lauros de valía que los coloque en el lugar donde se encuentran.
Aquí, lo malo es que la justicia provincial carece de nivel y calidad institucional. De los jueces y magistrados, mejor no hablar.
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