Hace mucho que la policía sabía qué policía tenía escondido al ex director de Obras Públicas de la municipalidad de la Capital, Oscar Farías; el firmante de cheques que cobraba un ordenanza a nombre de empresas “fantasmas”.
Ayer, domingo, apareció en horas de la siesta en la comisaría de Selva. Claro, hacía dos horas que en Campo Gallo se había iniciado una “pueblada” de más de 800 personas que protestaron frente a la seccional 18, a los gritos de “ladrones” y “asesinos”. El pueblo reaccionó, al fin, contra una policía ineficiente e infectada y en rechazo a sus jefes, ministro del área y jueces de Instrucción.
Pasó que el lunes 13, los policías de Campo Gallo detuvieron a Ramón Abel Godoy (de 21 años) y a Ariel Quiñónez (de 17), sospechados de haber hurtado un pasacassette del automóvil de un vecino. El martes 14, se incendió un colchón en el calabozo y los dos presos sufrieron graves quemaduras. Eran las 12,30 y dos policías a cargo de la comisaría compartían su almuerzo en el “Casino de Oficiales”. Un “preso ambulatorio” (policía de Monte Quemado) que se encontraba en el patio de la seccional, advirtió el incendio y corrió a informar a los uniformados de guardia. Todos se apresuraron y llegaron a la puerta del calabozo, pero la llave del candado lo había llevado otro policía que, a esa hora, se encontraba en su domicilio. Salieron a la calle y buscaron un hacha con la que lograron derribar la traba y la puerta.
Los presos fueron trasladados y asistidos en el hospital Regional de la capital. Quiñónez murió el viernes por la tarde, mientras Godoy se debate entre la vida y la muerte. El intendente de Campo Gallo, Amado Tomás Chamorro (h), acompañó a familiares y asistió con todos los medios para trasladar, el sábado, el cuerpo del infortunado joven.
Lo velaron toda la noche y el domingo 19 le dieron sepultura. Al final de la ceremonia, unos 800 vecinos protestaron contra la seccionar, y unos 10 familiares directos ingresaron a la sede policial provocando desmanes en las oficinas y computadoras, llegando a incendiar un sector de la guardia.
Intervinieron una patrulla de Gendarmería Nacional (con asiento en Monte Quemado) y una formación de la Guardia de Infantería que, utilizando gases lacrimógenos y disparos al aire, consiguieron dispersar a los vecinos.
La verdad es que los familiares y vecinos de Quiñónez se rebelaron contra los jueces y el jefe de policía que, desde el martes, día del incendio del calabozo y las quemaduras de los dos presos, no adoptaron ninguna medida contra el comisario, los oficiales, suboficiales y agentes de la seccional 18; responsables directos de esta nueva “desgracia policial”.
Otra perla negra: los detenidos estuvieron “desaparecidos” desde la aprehensión hasta el incendio del calabozo. Nadie de la comisaría de Campo Gallo informó ni a sus superiores ni al juez de Instrucción en turno sobre las actuaciones labradas por la denuncia del hurto del pasacassette y la detención de dos personas. Ni siquiera se molestaron por informar a los familiares que Godoy y Quiñónez se encontraban presos.
Es imposible creer que, por estos tiempos, todavía impere en Santiago del Estero una policía que detenga y “condene” al calabozo a ciudadanos sospechados de delinquir, arrogándose una facultad inherente única y exclusivamente a los jueces de Instrucción.
Estos y tantos otros son malos síntomas de que no existen “El Nuevo Santiago” ni “El Cambio” prometidos. Mucho menos la calidad institucional. ¡Pobre del juez que estuvo de turno! Debería renunciar porque a nadie podrá hacer comprender que hay policías “amos y señores” que detienen, ponen entre rejas y dejan morir a los presos, pisoteando su potestad como magistrado.
Pero -penosamente-, la reacción de un pueblo como Campo Gallo que salió “a desquitarse” del abuso, la ineptitud, la irresponsabilidad y la impunidad de esta “maldita policía santiagueña”, se pretendió ‘tapar’ con la “entrega” o “presentación espontánea” del tal Farías, supuesto implicado en fraudes contra la municipalidad de la Capital.
Se sigue, entonces, con la “receta conservadora” y no hay que buscar responsables para no cambiar a ningún funcionario. Pasó con los 39 presos asesinados en la Cárcel Pública de Varones. Sucedió con la docena de niños de hogares desposeídos que mató la vacuna experimental aplicada por médicos del hospital de Niños. Se registró con la tortura y el asesinato de Raúl Domínguez, el empleado de la dirección de Rentas que se animó a denunciar a funcionarios y fuertes contribuyentes que pagaban dos pesos, utilizando timbradoras apócrifas.
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