Con la llegada del invierno, el fuerte aumento del precio del gas dispuesto por el gobierno nacional en diciembre de 2008, comenzó a impactar en los bolsillos de los argentinos y provocó la reacción de todo el arco opositor en el Congreso.
Haciéndose eco de la inequidad derivada de la aplicación de los decretos N° 2067/08 y 246/09, ya en abril del corriente año, el senador nacional por Santiago del Estero, el radical Emilio Rached, suscribió, en coautoría con otros legisladores, un proyecto de ley derogando el incremento tarifario dispuesto para el servicio de gas natural.
El argumento sostenido por el gobierno para el dictado de dichas normas se basó en que el aumento tarifario tiene como finalidad asegurar el abastecimiento de gas natural en el mercado interno, frente a la eliminación de los subsidios para la importación de dicho insumo.
Es decir, que el incremento no se origina en la renegociación del contrato de licencia, sino en la falta de producción nacional que obliga a importar a precios más altos. Así, es el usuario quien carga con la ausencia de inversión y la falta de previsión por parte del gobierno. Además, cabe resaltar que el porcentaje de gas importado por el país es inferior al 9%, lo que invalidaría el fundamento planteado.
Al fundamentar la iniciativa mediante la que propicia dejar sin efecto el incremento, Rached sostuvo que resulta indiscutible que la producción de gas natural, por su relevancia, requiere la adopción de decisiones tendientes a evitar el desabastecimiento interno, sin desconocer la necesidad impostergable de ejecutar inversiones que permitan incrementar la producción gasífera, y así corregir futuras situaciones de insuficiencia de suministro que condicionan el crecimiento del país.
Asimismo, aclaró que la aplicación del decreto PEN 2067/08 ha significado aumentos tarifarios desmesurados, muestra de una clara desproporcionalidad de la medida por afectar en forma indiscriminada a todos los usuarios desconociendo los principios básicos de equidad y solidaridad, violando principios que gozan de protección constitucional, que ameritan un planteo de inconstitucionalidad de la norma y justifican válidamente la derogación del decreto en cuestión.
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