La ciudadanía mira expectante a la Legislatura provincial. |
Ocurre que por estos días la ciudadanía de Santiago del Estero se halla consternada por el descubrimiento de un millonario arrebato o desfalco de funcionarios públicos a las arcas públicas, en el área de la Jefatura de Gabinete, pese a que muchos, con poderes e influencias, miren para otro lado.
Es imprescindible, entonces, que los legisladores (no importa si pertenecen al oficialismo o a la oposición) se informen que están obligados (por el voto de los ciudadanos que les ofrendaron las bancas), a buscar la transparencia en la función pública, a exigir la rendición de cuentas de los funcionarios públicos que tienen el deber de responder por sus decisiones, las actividades realizadas, y por el uso y el destino de los recursos de la provincia.
Hoy, en Santiago del Estero -lo sabemos-, no funciona el Estado de Derecho (no hay división de poderes), pero eso no obsta que los legisladores, frente a la gravedad de los hechos y a la magnitud de los perjuicios a las arcas públicas, reclamen información con respuesta urgente sobre el “caso ‘Sugus’”.
Que quede claro -para que los parlamentarios no miren a otro lado-, que la Legislatura es una de las instituciones que, por imperio de la Constitución, tiene el deber de exigir cuentas a los funcionarios gubernamentales. Las otras son el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y los fiscales y los jueces ordinarios.
Todo porque si el Parlamento santiagueño no asume su rol frente a este verdadero latrocinio donde unos inescrupulosos se llevaron millones de pesos (por la vía de facturas apócrifas de “agencias de publicidad” amigas del poder), la ciudadanía habrá perdido todas las esperanzas en la lucha contra la corrupción de “los de arriba”. Tampoco habrá futuro venturoso para esta democracia provincial si callan y defeccionan los denominados “representantes del pueblo”.
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