En esta columna hablaremos de inseguridad, dado que la función básica del Estado es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes y patrimonios. Cuando hay seguridad física y jurídica hay más inversión y como resultado crecimiento de la riqueza, fuentes de trabajo y mejoras en la calidad de vida de la población.
Cuando la Argentina sacó ventajas enormes a los países de la región, se debió en gran parte al logro de la seguridad. La terminación de los malones, del bandidaje rural, las confiscaciones de bienes por opinar diferente al gobierno, la seguridad que los frutos del trabajo podían ser disfrutados sin despojos de bandas armadas o de los gobiernos de turno, el país progresó.
Hoy nos encontramos que el gobierno nacional no toma conciencia que el problema de la seguridad ciudadana es un tema de la política. No es de derecha ni de izquierda. No es cuestión de liberales, progresistas, conservadores o marxistas. Menos del falso dilema entre garantismo y un falso progresismo o del gatillo fácil. Tampoco de oficialismo ni oposición.
La primera cuestión es que los gobernantes nacionales y provinciales creen que la seguridad que es un problema policial, cuando es una atribución de la política y las fuerzas de seguridad son parte del problema.
Cuando la seguridad fue encarada en breves períodos con criterio político se notaron mejoras de inmediato como fue el caso del gobierno de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, cuando puso al frente de la Seguridad a Arslanian, y luego con Felipe Solá y el mismo ministro.
En Mendoza hubo una política de Estado en materia de seguridad con participación parlamentaria. Pero el gobierno del ingeniero Cobos al igual que Scioli cuando asumió el gobierno de la provincia de Buenos Aires le devolvió todo el poder a la corporación policial con resultados desastrosos.
No se puede contar con una fuerza eficiente y honesta sin la ejemplaridad desde arriba.
Debemos estar dispuestos como sociedad a pagar mejor a los policías, mejorar su capacitación, equipamiento y formación educativa. Los delitos complejos, como lavado de dinero, el narcotráfico, las súper bandas, la trata de personas, requiere de personal de alto nivel con formación universitaria y salarios acordes con la responsabilidad.
Hay que construir cárceles, bajar la edad de imputabilidad a los menores a doce años como en casi todos los estados más democráticos del mundo y reformar los códigos de procedimiento. Deben implementarse auditorias civiles e independientes de las fuerzas policiales y de los juzgados.
En siete años el país tiene un millón de empleados públicos adicionales.
Sin embargo, faltan personal de enfermería y profesionales médicos en los hospitales, en la justicia y en las fuerzas de seguridad. La Gendarmería ha desplazado de las fronteras un tercio de su personal, para cubrir el conurbano bonaerense, sus efectivos son similares a la planta del 2003 y casi todas las policías del país no incrementaron significativamente su personal. En esa región y en otras partes del país hay insuficiente cantidad de personal para garantizar la seguridad de la población.
Debe entenderse que la policía es una fuerza civil al servicio de la comunidad, abandonando el viejo concepto, que era una fuerza al servicio de las necesidades políticas de los gobiernos provinciales.
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