Los jubilados, víctimas de un cinismo sin igual

Editorial del diario La Nación, de Buenos Aires.

El gobierno nacional desafía la equidad y la justicia al incumplir las sentencias para no abonar los ajustes jubilatorios.

Es preciso tener un estómago a toda prueba y una dosis de cinismo sin igual para estafar a los jubilados no pagándoles lo que les corresponde. El gobierno nacional sigue desafiando a la Justicia al incumplir sentencias que lo obligan a pagar ajustes jubilatorios. Pero más grave aún, desde el punto de vista moral, es sumar este incumplimiento al mal trato que en su oportunidad ya había sido dado a los propios jubilados cuando se les negaron los ajustes que por ley les correspondían. El daño abarca a quienes recibían un beneficio mensual superior a la jubilación mínima cuando se declaró la emergencia económica a comienzos de 2002. Se trata de personas que viven de su jubilación y que, en general, no se encuentran en posición de defenderse frente a arbitrariedades de este tipo.
Las demandas de los jubilados superan los 460.000 casos, que se incrementan a razón de 100.000 por año. Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sólo ha estado pagando menos de 20.000 sentencias anuales. El tiempo transcurrido entre el inicio de las demandas y el efectivo pago resarcitorio se mide en años y siendo que los reclamantes son personas de edad avanzada, muchos de ellos no alcanzan a ver cumplido su anhelo de justicia.
Afortunadamente, esta actitud de extremo sadismo ha provocado dos importantes reacciones en la Justicia. Por un lado, un fallo de la Sala II de la Cámara Federal ordenó investigar la responsabilidad penal del director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, y del gerente de Atención de Reclamos Prestacionales, Juan Pablo Pantorotto, por el incumplimiento en el pago de una sentencia favorable a un jubilado, tras una intimación hecha por los jueces del fuero de la seguridad social. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia pidió explicaciones a la Anses por la acumulación de juicios impagos y la emplazó a informar, dentro de los 30 días, cuántos reclamos de jubilados y pensionados tiene pendientes, qué cantidad de sentencias no está cumpliendo y con qué recursos cuenta para hacer frente a esos juicios. Con muy buen criterio, la Corte considera que la Anses se comporta arbitrariamente cuando obliga a los jubilados a iniciar decenas de miles de juicios por cuestiones que ya fueron resueltas en similares casos anteriores y cuando apela sentencias en primera y segunda instancia alineadas a la jurisprudencia ya sólidamente establecida por la propia Corte.
La lentitud de la Anses para liquidar los fallos se hizo más marcada aún durante el corriente año. Según cifras del organismo, en los primeros cinco meses se liquidaron sólo 3755 sentencias, menos de la mitad de las liquidadas en igual período de 2010, cuando se lo hizo en 8559 casos. Según lo que se había previsto en el proyecto de presupuesto, para todo el año habría partidas para pagar 20.000 sentencias. Es insuficiente a la vista de las sentencias ya dictadas o las que se deberán dictar en lo inmediato, pero aún para llegar a esa cifra debería triplicarse desde junio el promedio mensual de liquidaciones.