Caso de violencia de género: degradan a empleada judicial

En el Poder Judicial, una empleada fue rebajada de categoría y trasladada como agente administrativa a un juzgado de Paz.

Una empleada del Superior Tribunal de Justicia fue cesada en sus funciones de encargada del Protocolo y Ceremonial del alto cuerpo, rebajada de categoría de revista y trasladada en carácter de agente administrativa a un juzgado de Paz.
El grave trance ocurrió a fines de la semana pasada cuando la mencionada trabajadora del Palacio de Justicia fue notificada de la medida, para la que no medió explicación alguna de parte de los integrantes del alto tribunal.
La nombrada es sostén de hogar y madre de tres hijos.

No pudo defenderse

Informaciones recogidas por Arena Política permitieron determinar que las razones que habrían influido en tan drástica medida habrían sido los gastos propios de Ceremonial en que habría incurrido la damnificada al adquirir (por orden de sus superiores) un obsequio destinado a un calificado periodista del orden nacional que vino a Santiago del Estero a disertar sobre el rol tutelar de la Justicia en los casos de violencia de género, sin percibir por ello ni viáticos ni emolumento alguno, y algunos arreglos que habría adquirido (también por disposición de los magistrados) para el acto de inauguración de la sede de la Oficina Judicial contra la Violencia de Género de la ciudad de Frías, que fue habilitada al uso público por el propio presidente del Superior Tribunal hace unos veinte días.
En ambos casos, y en lo que constituye una flagrante contradicción al derecho de defensa en juicio, nada menos que en la propia sede del Poder Judicial de la Provincia, no se acordó a la empleada de referencia la más mínima posibilidad de defenderse de las acusaciones que habrían constituido las causales de su separación del cargo.
De ser cierta y verosímil la secuencia recogida por periodistas de Arena Política, se habría consumado de este modo un típico y repudiable caso de violencia laboral por parte de uno de los poderes del Estado contra una ciudadana indefensa y carente de toda protección legal.

Dos meses sin paga

Un agregado de violencia más explícita y contemplada dentro de la ley nacional, a la que recientemente adhirió la Provincia, es que la consignada trabajadora no percibió sus haberes de ley desde el momento de su contratación, el primero de agosto pasado, hasta el día de su destitución, el jueves pasado.
Resulta por demás sugerente que aunque el caso es un secreto a voces en el quinto piso del anexo de los Tribunales, el mismo no haya merecido ni el más mínimo pronunciamiento de repudio en ámbitos sindicales ni políticos ni en el resto de los poderes del Estado que están obligados a velar por el fiel y estricto cumplimiento de la ley de referencia.
De todos modos, un trascendido de buena fuente indica que la mencionada empleada ha recibido un franco respaldo de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio de Justicia de la Nación, cuya titular ha comprometido sus buenos oficios para la revisión de tan reprochable sanción.