¿De qué hablamos cuando hablamos de paz social?

Por Aldo Bravo, secretario general del Partido Socialista, en el FAP.

Hace unos días los argentinos revivimos, angustiosamente, imágenes que casi nos habíamos olvidado de que ocurrieron en la joven democracia argentina. Los saqueos llevados a cabo en algunas ciudades y los intentos no concretados en otras tantas derrumbaban el pintoresco relato del gobierno nacional y popular y, sobre todo, la mentira edificada en nuestros lares sobre “la paz social”. Lo cierto es que más allá de las motivaciones que tuvieron aquellos que se lanzaron sobre los supermercados y se llevaron todo lo que pudieron, subyace en todo esto una situación de inequidad social de gran magnitud que a esta altura del año se potencia por la tremenda incitación al consumo que se realiza desde todos los ángulos posibles, como si toda la población se encontrara en las mismas condiciones de acceder a ello.
En efecto, después de casi diez años de gobierno kirchnerista y con un crecimiento económico a tasas asiáticas en casi toda esta década, los salarios básicos de los trabajadores siguen siendo paupérrimos -apenas maquillados con sumas en negro que se pierden cuando se accede a la jubilación- salvo en contados gremios de gran peso específico que han accedido a paritarias logrando recomposiciones salariales acordes al real índice inflacionario. En general en todas las provincias alineadas al modelo K -como la nuestra- los salarios siguen siendo insuficientes y los aumentos se otorgan vía decreto en escenarios montados con sindicalistas más preocupados por acomodarse con sus patrones que en representar dignamente a sus afiliados. Las estadísticas más creíbles informan que seis de cada diez hogares argentinos tienen ingresos menores al costo de una canasta familiar básica.
Otro tanto ocurre con las jubilaciones y pensiones, a pesar de los aumentos dados en los últimos años, ya que un 80% de ellas no supera el monto fijado para no caer debajo de la línea de pobreza. Ni hablar del 82% móvil que, salvo algunas provincias como Santa Fe, prácticamente ningún gobierno paga pese al fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si a esto le sumamos la corrupción reinante absolutamente comprobable en el desmedido crecimiento patrimonial de los integrantes del gobierno K y de la enorme mayoría de gobiernos provinciales de relaciones carnales con el kirchnerismo, ya tenemos un cóctel bastante denso. Además las grandes movilizaciones ciudadanas desarrolladas el 13-S y el 8-N donde se escucharon diferentes consignas reclamando sobre las asignaturas pendientes de abordaje y resolución por parte del gobierno K, los paros nacionales y las movilizaciones del 20-N y el 19-D, han puesto en jaque el pretendido discurso único del oficialismo nacional.

Los vecinos de San Fernando, provincia de Buenos Aires, sacan alimentos de un supermercado.

Ámbito provincial

Al respecto, pienso que ni en el país del jardín de infantes que construye imaginariamente el relato K y sus sucedáneos provinciales se puede hablar en serio de “paz social”. Cómo va a existir dicha paz en una provincia donde existen problemas estructurales que llevan varias generaciones sin resolver. A saber: el caos de la tenencia y propiedad de la tierra con su secuela de desalojos a los habitantes y poseedores ancestrales de la misma; la abrumadora falta de empleo genuino que marca un porcentaje de desocupación y subocupación de niveles atroces dejando a miles de comprovincianos sujetos sólo a políticas asistencialistas y convirtiéndolos en cautivos clientes de quienes manejan obscenamente los recursos públicos; el clarísimo déficit que se observa en la prestación de la salud y la educación públicas puesto que se construyeron hospitales y escuelas pero no se dignificó a los trabajadores ya que prolifera el empleo en negro y los salarios bajos, y el pésimo servicio a quienes van a buscar alivio a sus dolencias físicas y psíquicas; la ausencia de una política vial y de tránsito que contribuya a disminuir drásticamente la alarmante cantidad de muertes y lesionados en las rutas santiagueñas y la caótica circulación vehicular de las principales ciudades de la provincia; el avance irracional del desmonte y la desnaturalización de espacios verdes emblemáticos como el Jardín Botánico, etc.
Muchas otras cuestiones pueden señalarse como deficitarias y que no son atribuibles sólo a la actual gestión que ya lleva casi ocho años -recordemos que venimos de una cultura caudillesca de muchas décadas que empobreció a Sgo. del Estero y expulsó a miles de comprovincianos fuera de los límites provinciales-, y que aparentemente quiere quedarse cuatro años más aunque la Constitución provincial que ellos mismos reformaron hace siete años, no permite tres mandatos consecutivos de una misma persona. En mi opinión, en lugar de proyectar y concretar obras públicas que significan enormes erogaciones de recursos, sean nacionales o provinciales, hay que avanzar en un presupuesto participativo que funcionando correctamente va a solucionar de mejor manera y mucho más austeramente algunos problemas que llevan años esperando.
Finalmente, no alcanza sólo con pagar salarios insuficientes mensualmente y sumas fijas a fin de año para disimular la inflación que erosiona diariamente nuestra calidad de vida. La verdadera paz social se alcanzará cuando Santiago del Estero logre contener a sus hijos generando condiciones para que todos puedan construir un proyecto de vida en igualdad de oportunidades, deteniendo el éxodo permanente que tuvo lugar durante todo el siglo pasado. Cuando ya no haya niños ni jóvenes ni ancianos en situación de calle y el Estado en sintonía con la actividad privada esté siempre presente en todas aquellas áreas indispensables para construir igualdad.