“Hechurías” en el Registro de la Propiedad

Por Deyes Sosa (Nota IV y última)

Conforme lo veníamos reseñando, una vez más la moneda del despropósito cayó sobre los empleados del Registro de la Propiedad, pues el grupo Daives comenzó con la movida del tablero y, sin explicación alguna, trasfirió a la sección Informes a unos empleados verificadores por resolución de la directora general.

Sus compañeros le comunicaron posteriormente que se trata de un acto disciplinario, pues había cometido una irregularidad.

¿Qué había acontecido? Se procedió a inscribir la escritura, pues todos los pasos administrativos estaban cumplimentados, pero se había descubierto que el poder con que se adquirió la propiedad resultó ser apócrifo.

¿Y qué hizo la autoridad administrativa? Sancionó al empleado. ¿Y el juez de la causa? Bueno, este fue por más y no tuvo mejor idea de procesar al empleado.

¿Y qué tiene que ver el empleado con los poderes que se presentan en las escribanías para realizar las transacciones comerciales? Esa es la pregunta, pero ocurrió que el juez y la directora general cortaron el hilo por lo más delgado, lo que quiere decir que se joda el empleado.

¿Y el funcionario que rubricó el informe, digamos el abogado Luis Salomón Domínguez? Bien, gracias.

Así es cómo se viene manejando el Registro de la Propiedad y los jueces del Crimen en esta provincia, quienes obedecen como sirvientes al ministro de Justicia, Ricardo Daives, genio y total responsable de la “hechurías” que se vienen cometiendo en el organismo.

Sin dudas que detrás de este caso hay “una bolsa de gatos” encerrados. Quizá por ello nos hacen saber que la denuncia del “poder trucho” fue realizada por teléfono a Daives por una abogada-escribana muy allegada al poder -según se dice interesada en tumbarle el registro al escribano Murad-, por lo que al ministro no le queda otra que obligarlo al ex juez Juan Jorge para que realice el allanamiento en tiempo record. Obvio, hizo un tremendo “sapo” pues nada se le encontró al profesional que pudiera involucrarlo, por lo que su registro goza de buena salud. Ahora, la provincia, por culpa de los inútiles que tienen al frente, afronta millonario juicio por el daño ocasionado.

Se rumorea que por esta causa el ex juez Jorge hizo saber su malestar con el ministro prepotente, reacción que motivó, entre otros aprietes, que presentara su renuncia al cargo y se negara a aceptar otros ofrecimientos.

Lo gracioso del caso es que el juez subrogante de primera nominación ordenó el procesamiento de algunos empleados, dictándole falta de merito a los otros que tienen idéntica responsabilidad que los sancionados.

También llama la atención que nunca se citó a prestar declaración al certificante Salomón Domínguez, en quien precisamente recae la responsabilidad de los actos administrativos realizados bajo su supervisión.

La justicia del Crimen de Santiago del Estero, otra vez en la mira. Los jueces siguen en comisión, a tiro de un llamado telefónico del ministro de Justicia, precisamente para que no dejen de hacer la injusticia.

Luis Salomón Domínguez, “dueño” del Registro de la Propiedad

Por Facundo Peñaloza

 

Continúa la preocupación y el malestar entre los empleados de la Dirección General del Registro de la Propiedad a causa de la ineptitud y el descontrol con que se maneja quien oficia como asesor-encargado-director-fiscalizador, etc, puesto en funciones, como su hombre de confianza por el ministro del área, Ricardo Daives.

 

Se trata de un abogado como los tantos que hay en la matricula que parece no conocer absolutamente nada de lo concerniente al Derecho Registral. En efecto, Luis Salomón Domínguez, sobrino del ministro Daives, que se encuentra al frente del Registro de la Propiedad Inmueble mediante un simple contrato de locación de servicios, estaría incurriendo en total “usurpación de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario publico”, entre otras conductas reñidas con la ética en la función publica y la normativa del Código Penal.

 

Este empleado estaría ocupando en forma tácita las funciones de director del Registro ante la pasividad permisiva y pasmosa de quien fuera nombrada al efecto, la abogada Juana Valdez, quien también estaría incursa en el mismo delito al delegar de espaldas a la ley, en Salomón Domínguez, las funciones que le son propias; que son indelegables.

 

En síntesis, se nos informa que Salomón Domínguez ejerce en plenitud el “poder de policía” dentro de la repartición, trasladando empleados a diestra y siniestra, lo que en sí no es gravoso, salvo que rota el personal con experiencia y aptitud de cada sección, cambiándolos por jóvenes contratados que no tienen la menor idea de la función que se les asigna, lo que produce un estrépito burocrático que hace de esa dependencia una de las mas controvertidas con que cuenta la administración publica provincial.

 

Violencia moral

           

Según denuncian los empleados del Registro, Salomón Domínguez tampoco se conforma con su rol de autentico “depredador” dentro de la dependencia administrativa, ahora parece que también dicta resoluciones verbales a los empleados “instruyéndolos” sobre determinado accionar que, casualmente, resultan ser contrarios a la ley, sancionando a quienes se niegan a dar cumplimiento a semejante engendro normativo.

 

Y para el colmo, cuando se le pide que imparta órdenes por escrito, tal como corresponde para conocimiento y resguardo de la planta administrativa, reacciona como “patrón de estancia” con violencia y a los gritos, lo que produce una violencia moral inusitada entre los subordinados que, en muchas ocasiones, derivó en consultas médicas a causa del fuerte stress  a que son sometidos los empleados, por el novel y temerario mandamás.

 

El inexperto abogado es el mismo que se negó a que se de traslado a un informe solicitado por el escribano Hipólito Murad, con el pretexto de que el mismo estaría suspendido, cuando la presentación fue realizada antes de dicha suspensión e ingresada con fecha y número correlativo, lo que motivó una seria controversia entre el empleado de Daives y empleados del sector, que no tardaron en alzar sus voces de protesta, no sólo ante el gremio que los aglutina sino ante allegados al gobernador Gerardo Zamora, quien mostró interés en el tema.

 

Por otra parte, el personal está movilizado y quiere saber por qué razón la empleada Luz Marina Yanuzzi, de la sección Informes, no concurre a trabajar desde que irrumpió la gestión radical en el Registro, cobrando el plus concerniente al presentismo que le les niega a quienes faltan por enfermedad. Asimismo, quieren saber cuál es la misión de un tal Zuain, quien ostenta un poderío impropio de su condición de empleado de la Gerencia de Empleo.

 

Efectos del desgobierno

 

Estos “tejes-manejes” motivado por los errores que se cometen en importante certificaciones, en virtud de las “contraórdenes” emanadas del súper funcionario, quien parece empeñado en dificultar el accionar de los escribanos públicos, quienes solicitan las informaciones pertinentes para escriturar, terminaron en un sumario administrativo que les costó el cargo a dos viejas empeladas de la casa; tema sobre el que volveremos.

 

Resulta que Salomón Domínguez instruyó al personal para que no se acelere ningún tipo de informe, disponiendo que se deben aguardar por lo menos tres días hábiles antes de su expedición, directiva que motivó la protesta de los empleados que se niegan a abarrotar sus escritorios de trabajo que pueden confeccionar en el mismo día del pedido pertinente.

 

Así las cosas, actitudes como las de este empleado estrella vienen a agravar la crisis en que se debate esta dirección general, a la que no se le encuentra un rumbo cierto desde el arribo de la gestión Zamora al poder.

“Manoseo” en el Registro de la Propiedad

Por Facundo Peñaloza (Nota III)

Desde hace bastante tiempo venimos advirtiendo acerca de las serias irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero, repartición que depende del ministro de Justicia, Ricardo Daives.

En este diario se reciben numerosas denuncias relacionadas con el mal manejo de uno de los organismos más importantes de la administración provincial. Mal manejo que recae en sus principales referentes, el ministro Daives y la directora del Juana Valdez, quien parece habría delegado sus funciones -en total discordancia con las leyes vigentes-, en un funcionario contratado, sobrino del jefe de la cartera, un tal abogado Salomón Domínguez.

El año pasado, el ex juez del Crimen de quinta nominación, conocido como “Shela” Jorge, dispuso un operativo de ribetes cinematográficos ordenando -con abrumadora publicidad mediante- la detención de dos escribanos del medio y de varios empleados del Registro de la Propiedad. 

Obviamente que el entonces juez hizo lo que se denomina “sapo” (es decir, le falló el operativo) y sólo logró detener a la mitad de los imputados. Tomadas las indagatorias de estilo, el verdadero responsable de la maniobra investigada, como es lógico, se negó a declarar.            

Por esta causa, aún sin resolución, trascendió que el ex juez se sintió más que “usado” por el ministro Daives que le exigió las detenciones, al darse cuenta que los empleados detenidos sólo cumplieron con su obligación en forma responsable y no en “forma delictiva” como se le había informado a Su Señoría. 

Lo grave del caso es que aún no declararon los empleados de mayor conocimiento y experiencia de la dependencia, quienes seguramente le enrostrarán al ex juez y al ministro Daives el daño moral que produjeron y, de paso, los ilustrarán de cómo se trabaja en el Registro de la Propiedad, deslindando toda responsabilidad penal de su parte, ya que si existieron maniobras dolosas, las mismas fueron orquestadas por los profesionales imputados que actuaron al margen de los informes producidos.

El papelón Daives

  

Puesto en conocimiento del atropello ocasionado a los dependientes del organismo y de la incomoda situación en que quedó el ex juez por la exigencia del ministro (nepotista y policía) Ricardo Daives, a éste no le quedó otra salida que ordenar un “sumario administrativo” en contra de los empleados imputados, ya que se dio cuenta que por la vía judicial seria más que imposible conseguir algún elemento que le diera la razón, para disponer del puesto de los empleados. 

Todo terminó en un papelón. En uno de los papelones más grandes a los que nos tienen acostumbrados algunos funcionarios de este gobierno. Son los personajes que creen que la saben todas y no aceptan las objeciones o advertencias de la prensa.

En síntesis, pensamos que el Registro de la Propiedad, como lo reclaman quienes conocen desde adentro los complejos manejos del mismo, no puede estar en manos de loa familia del ministro Daives que nada conocen de Derecho Registral. 

Menos aún de una persona “permeable y genuflexa” como la abogada Juana Valdez que cumple las órdenes de un imberbe abogado (Salomón Domínguez) con más aptitud de policía que de ordenador de una oficina en donde, por estas horas, ya cunde el pánico.

Reina el nepotismo en el Registro de la Propiedad

Por Facundo Peñaloza (Nota II)

Cuando todos suspiraban ante la inminente retirada de la ex directora Soria Bussolini, quien se incorporó al Consejo Deliberante capitalino, advertimos las maniobras del ministro de Justicia, Ricardo Daives, quien tiene al Registro de la Propiedad dentro de la órbita. Se dice que pareciera que piensa que la repartición es de su propiedad, si se tiene en cuenta que designa a todos los miembros de su familia como si se tratase de su feudo personal. 

Felizmente, la idea de designar a su cónyuge, que cobra como asesora del ministerio mientras patrocina a la firma “expoliadora” de nuestros recursos naturales conocida como Maderas Duras del Norte S.A., quedó trunca. Por ello, a Daives no le quedó otra que designar  al frente del Registro de la Propiedad a una ignota abogada del foro local,  Juana Vélez, quien nunca antes conoció la repartición ni de pasada, ya que no sabía dónde se encontraba.

Esta funcionaria, que dice ser "intima" amiga de la esposa mujer del ministro del área, llenó su despacho de protocolos y folios reales que a su parecer le resultan sospechosos. El problema es que los empleados nunca encuentran las documentales para verificar o realizar informes, pues esta funcionaria los usa como asientos en lugar de sillas, y los mantiene ocultos en su despacho sin saber explicar la causa de esa actitud.

Hoy, la designada directora se niega a firmar el despacho y en especial las matriculas del folio real, delegando esa facultad en dos asesores parientes también del ministro; irregularidad ésta que acarrea un sinfín de inconvenientes a los profesionales del medio

Otro pariente político del ministro Daives, un tal. Salomón Domínguez, es el encargado de firmar el despacho diario como así los folios, matriculas e informes, sin ningún tipo de facultades para ello. Esto habla a las claras el engendro administrativo originado desde el arribo del actual gobierno y, para cerrar este cúmulo de irregularidades y cosas inexplicables, se puso en la puerta de entrada del registro a dos “patovicas” para que registren al personal todos los días, como así a los concurrentes a dicha dependencia oficial, lo que motivó el malestar de los profesionales, en especial el Colegio de Escribanos.

A pesar de la denuncia radicada en el gremio pertinente, hasta el momento el concejal  Antonio Romano representante de los empleados, mira para otra parte ante la queja del maltrato y la humillación de sus representados.

Desconocimiento de adjudicaciones

 

Por orden del mismo ministro se están rescindiendo adjudicaciones de tierras fiscales sin ningún tipo de motivación, razón por la cual los afectados que realizaron grandes inversiones en las mejoras de los campos, estarían fogoneando una andanada de juicios contra el Estado provincial, atento la maniobra de inescrupulosos funcionarios. 

Éramos pocas

Ahora apareció en escena una nueva pieza clave en la banda del saqueo provincial. Se trata de la abogada Maria Rosa Salomón, obviamente, la mujer del ministro Daives, hermana del ex juez del Crimen de cuarta nominación nominación, Jorge Salomón y prima del ex juez del Crimen de quinta nominación, Juan Jorge, que sería quien arregla desde afuera los entuertos que se originan en el registro. 

Por ejemplo, no se hizo lugar a la orden judicial de escriturar un campo a nombra de un señor Vittar, que anda recorriendo Tribunales y haciéndose escuchar a diestra y siniestra. Pero sí se escrituró a la una señora Silvia Llavar de Miguel, que, al parecer, brindó otros favores. 

Reina el nepotismo en el Registro de la Propiedad

Por Facundo Peñaloza (Nota I)

“El Ministro de Justicia, Ricardo Daives, su esposa, su cuñado, el ex juez del Crimen de cuarta nominación (recientemente despedido) y sobrinos asesores del Registro de la Propiedad, se están llevando las tierras fiscales en sus bolsillos”, confió a Arena Política un empleado de la casa que, obviamente, reservamos su nombre.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

No paran las irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble, desde la asunción del gobierno seudo-radical-peronista que encabeza el gobernador “kichnerista” Gerardo Zamora. 

El lugar en donde se encuentra archivado toda la documental pertinente, relativa a la propiedad inmueble de la provincia de Santiago del Estero, ha caído en manos inexpertas y voraces que están llevando la administración de esa dirección a situaciones imprevisibles que pueden originar en cualquier momento escándalos de proporciones, cuando no, un desmadre significativo a cargo no sólo de los empleados que son maltratados, sino de los propios propietarios de tierras, residentes fuera de la provincia, que no encuentran respuesta a sus reclamos, que no sea la soberbia y la prepotencia de quienes tienen a su cargo la administración de la documental allí existente.

Abogada Soria Bussolini 

Primero fue la desorganización generalizada y el arribo a la función publica de una abogada sin ningún antecedente en el Derecho Registral, hoy devenida en concejal capitalina. Me refiero a la abogada Soria Bussolini, quien sin ningún tipo de escrúpulos afectó a un empleado (Gastón) para que cumpla tareas en su domicilio y se haga cargo de la enfermedad de su padre, cuando esta tarea debió estar a cargo de una enfermera rentada con dinero de su bolsillo, no del Estado provincial. 

La ex directora del Registro no solamente utilizó los servicios de este empleado público en beneficio de su padre enfermo, sino que lo tenía afectado a la jardinería de su casa y los quehaceres domésticos, propio de una época militarista y feudal que pensábamos superada.

Esta señora se llevaba las matriculas de folio real a su domicilio y desde allí se confeccionaban las inscripciones pertinentes que al día siguiente se insertaban en las matrices, sin ningún tipo de contralor por parte de los encargados de la dirección, como así se observaba ingresar bolsas de consocios con protocolos de la entidad que eran retirados en horas de la noche y repuestos en horas de la mañana, una vez que se reiniciaba la labor diaria.

Es por esta razón la demora en la realización de las inscripciones en el folio real y en la evacuación de informes solicitadas por escribanos del medio y de otras jurisdicciones, teniendo a Soria Bussolini como conductora de un desgobierno total dentro del ambiente del registro de la propiedad.

Felizmente esta funcionaria resultó electa concejal capitalina, pero no por ello abandonó el edificio del Registro, a donde concurría por la tarde-noche para llevar y traer documentación. Una práctica que se continúa realizando a la fecha.