Por Facundo Peñaloza (Nota III)
Desde hace bastante tiempo venimos advirtiendo acerca de las serias irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero, repartición que depende del ministro de Justicia, Ricardo Daives.
En este diario se reciben numerosas denuncias relacionadas con el mal manejo de uno de los organismos más importantes de la administración provincial. Mal manejo que recae en sus principales referentes, el ministro Daives y la directora del Juana Valdez, quien parece habría delegado sus funciones -en total discordancia con las leyes vigentes-, en un funcionario contratado, sobrino del jefe de la cartera, un tal abogado Salomón Domínguez.
El año pasado, el ex juez del Crimen de quinta nominación, conocido como “Shela” Jorge, dispuso un operativo de ribetes cinematográficos ordenando -con abrumadora publicidad mediante- la detención de dos escribanos del medio y de varios empleados del Registro de la Propiedad.
Obviamente que el entonces juez hizo lo que se denomina “sapo” (es decir, le falló el operativo) y sólo logró detener a la mitad de los imputados. Tomadas las indagatorias de estilo, el verdadero responsable de la maniobra investigada, como es lógico, se negó a declarar.
Por esta causa, aún sin resolución, trascendió que el ex juez se sintió más que “usado” por el ministro Daives que le exigió las detenciones, al darse cuenta que los empleados detenidos sólo cumplieron con su obligación en forma responsable y no en “forma delictiva” como se le había informado a Su Señoría.
Lo grave del caso es que aún no declararon los empleados de mayor conocimiento y experiencia de la dependencia, quienes seguramente le enrostrarán al ex juez y al ministro Daives el daño moral que produjeron y, de paso, los ilustrarán de cómo se trabaja en el Registro de la Propiedad, deslindando toda responsabilidad penal de su parte, ya que si existieron maniobras dolosas, las mismas fueron orquestadas por los profesionales imputados que actuaron al margen de los informes producidos.
El papelón Daives
Puesto en conocimiento del atropello ocasionado a los dependientes del organismo y de la incomoda situación en que quedó el ex juez por la exigencia del ministro (nepotista y policía) Ricardo Daives, a éste no le quedó otra salida que ordenar un “sumario administrativo” en contra de los empleados imputados, ya que se dio cuenta que por la vía judicial seria más que imposible conseguir algún elemento que le diera la razón, para disponer del puesto de los empleados.
Todo terminó en un papelón. En uno de los papelones más grandes a los que nos tienen acostumbrados algunos funcionarios de este gobierno. Son los personajes que creen que la saben todas y no aceptan las objeciones o advertencias de la prensa.
En síntesis, pensamos que el Registro de la Propiedad, como lo reclaman quienes conocen desde adentro los complejos manejos del mismo, no puede estar en manos de loa familia del ministro Daives que nada conocen de Derecho Registral.
Menos aún de una persona “permeable y genuflexa” como la abogada Juana Valdez que cumple las órdenes de un imberbe abogado (Salomón Domínguez) con más aptitud de policía que de ordenador de una oficina en donde, por estas horas, ya cunde el pánico.
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