Por Facundo Peñaloza
Continúa la preocupación y el malestar entre los empleados de la Dirección General del Registro de la Propiedad a causa de la ineptitud y el descontrol con que se maneja quien oficia como asesor-encargado-director-fiscalizador, etc, puesto en funciones, como su hombre de confianza por el ministro del área, Ricardo Daives.
Se trata de un abogado como los tantos que hay en la matricula que parece no conocer absolutamente nada de lo concerniente al Derecho Registral. En efecto, Luis Salomón Domínguez, sobrino del ministro Daives, que se encuentra al frente del Registro de la Propiedad Inmueble mediante un simple contrato de locación de servicios, estaría incurriendo en total “usurpación de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario publico”, entre otras conductas reñidas con la ética en la función publica y la normativa del Código Penal.
Este empleado estaría ocupando en forma tácita las funciones de director del Registro ante la pasividad permisiva y pasmosa de quien fuera nombrada al efecto, la abogada Juana Valdez, quien también estaría incursa en el mismo delito al delegar de espaldas a la ley, en Salomón Domínguez, las funciones que le son propias; que son indelegables.
En síntesis, se nos informa que Salomón Domínguez ejerce en plenitud el “poder de policía” dentro de la repartición, trasladando empleados a diestra y siniestra, lo que en sí no es gravoso, salvo que rota el personal con experiencia y aptitud de cada sección, cambiándolos por jóvenes contratados que no tienen la menor idea de la función que se les asigna, lo que produce un estrépito burocrático que hace de esa dependencia una de las mas controvertidas con que cuenta la administración publica provincial.
Violencia moral
Según denuncian los empleados del Registro, Salomón Domínguez tampoco se conforma con su rol de autentico “depredador” dentro de la dependencia administrativa, ahora parece que también dicta resoluciones verbales a los empleados “instruyéndolos” sobre determinado accionar que, casualmente, resultan ser contrarios a la ley, sancionando a quienes se niegan a dar cumplimiento a semejante engendro normativo.
Y para el colmo, cuando se le pide que imparta órdenes por escrito, tal como corresponde para conocimiento y resguardo de la planta administrativa, reacciona como “patrón de estancia” con violencia y a los gritos, lo que produce una violencia moral inusitada entre los subordinados que, en muchas ocasiones, derivó en consultas médicas a causa del fuerte stress a que son sometidos los empleados, por el novel y temerario mandamás.
El inexperto abogado es el mismo que se negó a que se de traslado a un informe solicitado por el escribano Hipólito Murad, con el pretexto de que el mismo estaría suspendido, cuando la presentación fue realizada antes de dicha suspensión e ingresada con fecha y número correlativo, lo que motivó una seria controversia entre el empleado de Daives y empleados del sector, que no tardaron en alzar sus voces de protesta, no sólo ante el gremio que los aglutina sino ante allegados al gobernador Gerardo Zamora, quien mostró interés en el tema.
Por otra parte, el personal está movilizado y quiere saber por qué razón la empleada Luz Marina Yanuzzi, de la sección Informes, no concurre a trabajar desde que irrumpió la gestión radical en el Registro, cobrando el plus concerniente al presentismo que le les niega a quienes faltan por enfermedad. Asimismo, quieren saber cuál es la misión de un tal Zuain, quien ostenta un poderío impropio de su condición de empleado de la Gerencia de Empleo.
Efectos del desgobierno
Estos “tejes-manejes” motivado por los errores que se cometen en importante certificaciones, en virtud de las “contraórdenes” emanadas del súper funcionario, quien parece empeñado en dificultar el accionar de los escribanos públicos, quienes solicitan las informaciones pertinentes para escriturar, terminaron en un sumario administrativo que les costó el cargo a dos viejas empeladas de la casa; tema sobre el que volveremos.
Resulta que Salomón Domínguez instruyó al personal para que no se acelere ningún tipo de informe, disponiendo que se deben aguardar por lo menos tres días hábiles antes de su expedición, directiva que motivó la protesta de los empleados que se niegan a abarrotar sus escritorios de trabajo que pueden confeccionar en el mismo día del pedido pertinente.
Así las cosas, actitudes como las de este empleado estrella vienen a agravar la crisis en que se debate esta dirección general, a la que no se le encuentra un rumbo cierto desde el arribo de la gestión Zamora al poder.
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