Por Deyes Sosa (Nota IV y última)
Conforme lo veníamos reseñando, una vez más la moneda del despropósito cayó sobre los empleados del Registro de la Propiedad, pues el grupo Daives comenzó con la movida del tablero y, sin explicación alguna, trasfirió a la sección Informes a unos empleados verificadores por resolución de la directora general.
Sus compañeros le comunicaron posteriormente que se trata de un acto disciplinario, pues había cometido una irregularidad.
¿Qué había acontecido? Se procedió a inscribir la escritura, pues todos los pasos administrativos estaban cumplimentados, pero se había descubierto que el poder con que se adquirió la propiedad resultó ser apócrifo.
¿Y qué hizo la autoridad administrativa? Sancionó al empleado. ¿Y el juez de la causa? Bueno, este fue por más y no tuvo mejor idea de procesar al empleado.
¿Y qué tiene que ver el empleado con los poderes que se presentan en las escribanías para realizar las transacciones comerciales? Esa es la pregunta, pero ocurrió que el juez y la directora general cortaron el hilo por lo más delgado, lo que quiere decir que se joda el empleado.
¿Y el funcionario que rubricó el informe, digamos el abogado Luis Salomón Domínguez? Bien, gracias.
Así es cómo se viene manejando el Registro de la Propiedad y los jueces del Crimen en esta provincia, quienes obedecen como sirvientes al ministro de Justicia, Ricardo Daives, genio y total responsable de la “hechurías” que se vienen cometiendo en el organismo.
Sin dudas que detrás de este caso hay “una bolsa de gatos” encerrados. Quizá por ello nos hacen saber que la denuncia del “poder trucho” fue realizada por teléfono a Daives por una abogada-escribana muy allegada al poder -según se dice interesada en tumbarle el registro al escribano Murad-, por lo que al ministro no le queda otra que obligarlo al ex juez Juan Jorge para que realice el allanamiento en tiempo record. Obvio, hizo un tremendo “sapo” pues nada se le encontró al profesional que pudiera involucrarlo, por lo que su registro goza de buena salud. Ahora, la provincia, por culpa de los inútiles que tienen al frente, afronta millonario juicio por el daño ocasionado.
Se rumorea que por esta causa el ex juez Jorge hizo saber su malestar con el ministro prepotente, reacción que motivó, entre otros aprietes, que presentara su renuncia al cargo y se negara a aceptar otros ofrecimientos.
Lo gracioso del caso es que el juez subrogante de primera nominación ordenó el procesamiento de algunos empleados, dictándole falta de merito a los otros que tienen idéntica responsabilidad que los sancionados.
También llama la atención que nunca se citó a prestar declaración al certificante Salomón Domínguez, en quien precisamente recae la responsabilidad de los actos administrativos realizados bajo su supervisión.
La justicia del Crimen de Santiago del Estero, otra vez en la mira. Los jueces siguen en comisión, a tiro de un llamado telefónico del ministro de Justicia, precisamente para que no dejen de hacer la injusticia.
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