Por Eduardo José Maidana.
Dicha otra cara es el puntal de estas libertades: el derecho a ser y estar bien informado con verdad y tiempo oportunos que cada uno, persona, grupo o pueblo tiene de modo imprescriptible. Luego, lo que la mediología (estudios de los medios) deberá estudiar en las taras de la “mediocracia” (poder político de los medios), es la mutilación y daño al derecho a “saber de qué se trata” obstando así la participando de los bienes de la cultura, el control del poder y la humanización de una sociedad plural.
Derecho que no es un favor del gobierno que lo permite ni una gracia del dueño del diario, tevé o radio, tanto no lo es que, violado ese derecho a ser informado con veracidad y tiempo oportuno, la propiedad resulta en entredicho y el ejercicio del ministerio público de la comunicación (concesión de la onda) a su cargo una usurpación maliciosa. Riesgo hoy más presente que nunca. El tema abierto a los cientistas sería: 1) tener un medio ¿no inhibe el derecho a pretender el poder político en elecciones en las que su dueño aventaja a los demás?; y 2) desde el poder político ¿no es causal grave de juicio político la participación total o parcial, directa o indirecta de un medio de comunicación por la misma desigualdad que genera?
Se repite una cuestión clásica muy actual: a) participar o no en la disputa por el poder; y b) participar o no en la gestión desde el poder.
Sociedad civil
Para el populismo la movilización y el plenario en la plaza agota la simulación democrática en el apoyo a los gritos; y para la real democracia presupone la participación eficaz en la gestión del poder desde la Sociedad Civil. Asombró a Toqueville en Estados Unidos esa Sociedad Civil que controla, critica, apoya y acompaña “la legitimidad de ejecución” del poder desde el gobierno (administración llaman los yanquis) del Estado para lo cual el derecho a ser y estar informado es vital, tanto como el derecho a pensar e informar. En el caso a) legislador puede ser cualquiera; en el b) sólo los que sirven al sistema democrático en una res-pública que, por serlo, deberá ser transparente y pública en el manejo del Estado.
Este derecho surgió del pensamiento católico. “Si la prensa es órgano de la sociedad, voz y oído de ella, el primer problema moral, que debe resolverse afirmativamente, es su derecho a existir con personalidad propia en el Estado y a veces frente a los abusos del Estado. No se trata de un derecho “de” la prensa como de un derecho del ciudadano, servido “por” la prensa. Es el sujeto responsable de deberes sociales y políticos el que tiene que estar informado y debe dejarse oír”. ((El derecho a la verdad. Doctrina de la Iglesia sobre prensa, radio y TV. 1968).
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