Ladrones: en Santiago se acusa a las víctimas

Por Victor Daniel Nazar.

Cuando la delincuencia no puede ser combatida eficientemente por las instituciones estatales (conforme a una de las cuatro obligaciones del poder público), la desesperación ciudadana puede llevar a la gente a pensar en hacer justicia por su propia mano. Esto ha comenzado a suceder en nuestra ciudad.
Hace unos días, una conocida pareja de delincuentes en moto asaltó la panificadora Mariano II. A punta de pistola y bajo amenazas a sus hijos lograron que su propietario, Pablo Russo, entregara el dinero logrado con esfuerzo y diario trabajo honesto.
Pero la cosa no termina allí. El comerciante decidió perseguir a los delincuentes y hubo un cruce de disparos. Como siempre sucede en estos casos, cuando el humo se disipa llega la policía y comienza a levantar huellas y rastros en el lugar de los hechos que, por lo general, no sirven para nada.
Llamativo no es el asalto en sí mismo, pues nos estamos acostumbrando a convivir con la delincuencia. Sorprende la reacción de la única y real víctima (el comerciante Pablo Russo) quien, arma en manos, decidió hacer frente a los delincuentes cansado de los reiterados robos de los que venía siendo atormentado. Por supuesto, ninguno de los ataques de los ladrones no fue esclarecido.
En horas de la noche y cuando la fuerza policial no tenia pista de los autores, una de las delincuentes, Olga Núñez, se presentó al hospital público denunciando haber sido “víctima de un asalto" del que resulto herida con arma de fuego. Y allí, la trama comenzó a desvelarse por su propio peso, y no por labor policial. El comerciante identificó a la delincuente herida y por ello fue rápidamente aprehendida junto a su "pareja" Darío Pogonza, sujeto de frondoso prontuario judicial y con "pedido de captura" por un hecho similar desde hacía más de un año.

Ineptitud policial

Cabe destacar que Darío Pogonza no es un sujeto desconocido para la fuerza policial. Sus reiterados robos, asaltos a mano armada y la violencia física que aplica en sus víctimas, son bien conocidas por las autoridades policiales. Su modalidad delictual es un sello que lo identifica y caracteriza.
Sin embargo, y contando con una orden judicial de captura, inexplicablemente caminaba por las calles de nuestra ciudad sembrando miedo y terror con sus fechorías.
Esto demuestra la incapacidad y hasta la complicidad con que actúan las instituciones del Estado. No sólo en prevenir los delitos, sino peor aún, en dar caza a los responsables. Entonces, el problema es mucho más grave: es la impunidad con la que actúan estos ladrones. No existe otra causal para semejante inoperancia estatal. Y si ello no es suficiente, debemos informar lo que otros medios de prensa y hasta la misma policía esconden: Pogonza, a más de resultar delincuente en tiempo libre, es empleado de la administración pública provincial, y su madre ocupa una banca de diputada de la provincia en representación de un partido que adhiere al gobierno de Gerardo Zamora. Cuando asumió, la eligieron presidenta de la comisión de los Derechos Humanos de la Legislatura. ¿Sabrá acaso la diputada Jiménez de los derechos que le asisten a las víctimas de delitos?.

Lógica reacción

Frente a todo ello, los ciudadanos, muchas veces, como lo hizo Pablo Russo, decidimos enfrentar la situación no sólo en resguardo de nuestro patrimonio, sino también de nuestras propias vidas y la de nuestros seres queridos. Con esto no pretendo justificar nada, simplemente busco una explicación de estos hechos que terminan enlutándonos más.
Cuando este fenómeno se generaliza, la sociedad entra en un peligroso proceso de descomposición. El Estado de Derecho desaparece, la inseguridad aumenta y todos como sociedad perdemos.
Sorprende, luego, la imputación que formuló la jueza interviniente a Pablo Russo. Creemos que más que procurar condenarlo, debería, junto a las otras instituciones responsables de la prevención, la seguridad y la justicia, hacer una mea culpa e imponiéndose urgentemente el compromiso de cambiar la situación de calamidad social en la que nos encontramos. Son ellos los responsables de la falta de seguridad y de justicia, y no el comerciante Russo.