Imponer el relato oficialista, el objetivo

Por Silvana Giudici (Diputada nacional de la UCR).

La metodología del bloqueo de las plantas de impresión de diarios y revistas se ha convertido en una característica relevante durante la gestión de Cristina Kirchner. Inaugurada por el Sindicato de Choferes de Camiones en noviembre de 2008, esta herramienta de presión se sostuvo a lo largo de 2009 y 2010, y ahora se reedita en 2011, año electoral decisivo para los planes de perpetuación en el poder del oficialismo.
No cabe duda de la finalidad política de los bloqueos. Ni el Ministerio de Trabajo ni el de Seguridad intervinieron en las denunciadas controversias gremiales ni en las intimidaciones y amenazas a los trabajadores de las plantas. Tampoco respondieron ante la comisión flagrante del delito que supone interrumpir la distribución de la prensa escrita, a pesar del fallo del juez Polo Olivera, posterior a los primeros bloqueos, que ordenaba claramente al gobierno intervenir para evitarlos.
Durante cinco horas, cientos de manifestantes impidieron la salida de los diarios ante la indiferencia oficial. El reclamo de los delegados de AGR tiene el respaldo de un fallo judicial; es la autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo quien debe intervenir en su cumplimiento. El gobierno, con su actitud, naturaliza, promueve y acompaña con sus diputados y su canciller los bloqueos de las plantas. No interviene ante un delito claramente tipificado en el Código Penal, contrario a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión.
Para una presidenta que se reconoce progresista, convendría repasar el artículo 5 de la Declaración de Principios de la CIDH. "Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así como también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión". Su gestión pasará a la historia como el gobierno argentino democrático que más ha contravenido los principios consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica en materia de libertad de expresión.
La libertad de prensa se basa en el derecho a elegir. En cambio, el oficialismo, en su batalla permanente con los medios, pretende imponer un nuevo paradigma: " Clarín y La Nacion mienten, por lo que sería bueno que la gente no los recibiera en sus hogares; la prensa oficialista dice la verdad y por eso merece miles de millones de pauta oficial para que cada día más ciudadanos accedan a ella". Un concepto autoritario reñido con la diversidad de voces, la libertad de pensamiento y en pugna por imponer sólo el relato oficialista. Ya a nadie le queda duda de que la libertad de expresión está en serio riesgo.