¡Avísenles a jueces, fiscales, diputados!, se robaron 33 millones de pesos!

“Lito” Argañaraz  y “Sugus” Suárez se apoderaron delictivamente de 33 millones de pesos y cuentan con el perdón del gobernador Zamora.

Hoy martes 1 de febrero se reanuda la actividad en los tres poderes públicos de la provincia, con el Poder Judicial que al terminar la feria judicial recobra toda su actividad normal, y con la Legislatura que vuelve a sus sesiones ordinarias.
No hay entonces excusas de feria o de receso.
Fiscales, jueces y diputados deberían comenzar a preguntarse a dónde fueron a parar los 33 millones que en los últimos dos meses del año pasado (hace menos de 60 días), se esfumaron de la Jefatura de Gabinete a través de maniobras ilícitas a cargo del titular de esa cartera, Elías “Sugus” Suárez, el subsecretario de Prensa, “Lito” Argañaraz y tres “agencieros publicitarios” que fueron los que extendieron facturas apócrifas para perpetrar el desfalco.
Los tres “publicistas” aparecieron facturando y llevándose 11 millones de pesos cada uno. Por supuesto, la repartija con el bocado más grande tuvo como destinatarios los dos funcionarios del gobernador Gerardo Zamora: Suárez y Argañaraz.
Casi inmediatamente, en el mes de diciembre, prestanombres o testaferros aparecieron en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires comprando dos hoteles lujosos en playas costosas como Cariló y Pinamar, mientras otros cómplices realizaron viajes a países de Europa, Norteamérica y el Caribe, en un raid de alto vuelo delictivo.
Al parecer, los órganos de fiscalización y contralores como el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, y en especial el jefe de la administración, que no es otro que Zamora, decidieron mirar para otro lado y dejar pasar tamaña corruptela, en una conducta reprochable por lo grosera al cubrir con el manto de la impunidad a quienes se dieron el lujo de apropiarse ilícitamente de dineros del erario público.
Ha llegado la hora, entonces, de los otros dos poderes públicos que deberían actuar sin ataduras en procura de recuperar los fondos públicos arrebatados, incriminar a los autores y dejar a salvo su responsabilidad como miembros de la Justicia y del Parlamento.